Antes de que finalice este mes de diciembre, la gobernadora Jenniffer González Colón anunciará el método que se utilizará para cancelar el contrato de distribución y transmisión de energía eléctrica a la empresa LUMA Energy.

“Sigue el proceso de la cancelación… Eso lo tiene que anunciar la gobernadora de Puerto Rico. La gobernadora de Puerto Rico oportunamente hará el anuncio… Será antes que acabe el año… Diciembre tiene 31 días”, afirmó el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, este martes, entrecortado por las múltiples preguntas lanzadas ante el estrecho margen que resta para que se cumpla la promesa de campaña de que antes de que culmine el año se encaminaría el proceso de dejar a LUMA sin contrato.

Dejó claro en sus expresiones, emitidas durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, que el proceso que se anunciaría sería el comienzo del proceso de la cancelación, no la cancelación total del contrato. Es que explicó que habría un año del periodo de transición entre la nueva empresa que se seleccione y LUMA Energy.

Reveló, de hecho, que ya se analizan varias empresas interesadas en el contrato y que todas son “del continente”.

“Es importante, para no causar pánico en el pueblo, que si comenzamos esa cancelación en diciembre, como se ha dicho, el servicio de luz se va a continuar dando. Creo que hemos sido responsable en eso. No es que LUMA se va mañana. Es que comenzamos el proceso para que haya una transición ordenada que garantice que el pueblo no se le vaya la luz y haya un operador de calidad dando ese servicio”, puntualizó Domenech.

Hay varias opciones para cancelar el contrato de LUMA Energy. Entre estas está el registro de incumplimiento del contrato, incumplimiento por desempeño registrado por tres años consecutivos, alguna violación a la ley o problemas con las métricas establecidas por el Negociado de Energía.

En los pasados meses, el Zar de Energía, Josué Colón, ha emitido informes para señalar incumplimientos de LUMA. Ha detallado fallas incluyen la pobre financiación federal, cortes que paralizan la red eléctrica, peligros de vegetación sin atender, sobrecostos y “auditorías evasivas” han “llevado la paciencia de Puerto Rico al límite”.

Por otro lado, Domenech informó que el gobierno analiza el impacto que tenga la decisión del Tribunal Supremo a una demanda presentada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en la que se fijó que la empresa LUMA Energy sí tiene la obligación de responder ante los consumidores puertorriqueños por los daños que les hayan ocasionado sus actos negligentes, especialmente por pérdida de equipos electrodomésticos. La demanda se llevó, luego de que trascendiera que el Negociado de Energía le dio inmunidad a la empresa para responder a los consumidores.

La situación que enfrenta el gobierno es que “hay una cláusula en el contrato que dice que hay reclamaciones de abonados que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendría que compensar a LUMA y el lenguaje no es del todo claro”, explicó el secretario.

También dejó saber que hay otra cláusula que dice que, si los daños surgen por “negligencia de LUMA, responde LUMA”.

Domenech no quiso establecer si la determinación, al final de cuentas, resultaría en un aumento en la tarifa para poder compensar los daños de los abonados.