La Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico presentaron una demanda contra LUMA Energy, en la Sala de Remedios Extraordinarios del Tribunal de San Juan en la que solicitan al Tribunal una sentencia declaratoria e injuction preliminar, invalidando la extensión del contrato suplementario bajo el que el conglomerado opera el sistema de transmisión y distribución eléctrica.

“Esta ‘extensión’, suscrita el 30 de noviembre de 20221, resultó en otorgarle a LUMA un control indefinido sobre la operación del sistema eléctrico, despojar a la P3 y a la AEE de la facultad resolutoria que les pertenecía y subordinar el interés público a la mera voluntad del operador privado”, lee el recurso. “Con esta extensión, el Pueblo de Puerto Rico quedó indefinidamente atado a un contrato con LUMA sin los mecanismos de supervisión y resolución que se habían diseñado para proteger el interés público. Ello ha permitido que LUMA opere sin métricas de desempeño exigibles y, por consiguiente, sin un mecanismo real de rendición de cuentas. De esta manera, la ciudadanía ha estado sujeta a un servicio deficiente”, lee además el recurso, en el que se le solicita al Tribunal expedir remedios extraordinarios para así “declarar tal invalidez y dar curso a una transición ordenada de la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico”.

El recurso además detalla que al extenderse el contrato temporero, se hizo mediante una carta de extensión que “eliminó la protección resolutoria que le pertenecía a la P3 y a la AEE y colocó la continuidad indefinida del contrato bajo condiciones potestativas en beneficio exclusivo de LUMA. La Carta- Extensión, además, carece de las aprobaciones estatutarias requeridas. Mediante la Carta-Extensión se alteraron sustancialmente las condiciones del Supplemental Agreement y se consolidó el control de LUMA sobre la operación del sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica de forma indefinida”.

En un mensaje televisado, la gobernadora, Jenniffer González Colón reveló que además, acudió al Tribunal Supremo, donde “presenté un recurso de certificación intrajurisdiccional ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que el más alto foro de Puerto Rico atiende los asuntos de derecho y de alto interés público implicados en este caso”.

González Colón añadió que los recursos presentados hoy, “son el resultado de un análisis legal riguroso de un proceso de aprobación del contrato, del acuerdo suplementario y particularmente de esa carta de extensión que es nula en derecho por haber sido aprobada en violación de los requisitos establecidos por ley, por alterar de manera sustancial la arquitectura diseñada para salvaguardar el interés público”.

Añadió que con estas acciones, “mi objetivo es claro, restaurar el marco legal que le permita al gobierno de Puerto Rico recuperar su capacidad resolutoria, establecer métricas de desempeño y exigibles y encaminar una transición ordenada hacia un modelo de operación del sistema de distribución y transmisión de energía, que le responda al pueblo de Puerto Rico”.