Alfonso Rossy, el secretario auxiliar del Departmento de Contabilidad del Departamento de Hacienda admitió hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que no se siguió los debidos proceso para los pagos por adelantado en las compras realizadas por el Departamento de Salud, de la que se desprende el fallido intento de la adquisión de las un millón de pruebas a la empresa Apex General Contractors por $38 millones.

A preguntas del presidente de la Comisión Juan Oscar Morales, explicó que el área de contabilidad central de Hacienda es quien aprueba el pago por adelantado y el Departamento del Tesoro es quien hace el desembolso, pero debe regirse por los requisitos establecidos en el reglamento 31 de Hacienda.

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Dijo que se evalúa “la necesidad que hay en el momento y que esté requerido por parte del suplidor y que sea la norma comercial que se haga un pago por adelantado”.

En tanto, explicó que el reglamento 31 establece “que en caso que sean los primeros 14 tipos de compra ya está preautorizado el pago por adelantado. En el caso que no sean esos 14 tipos de compra tiene que justificar que sea la práctica comercial, que lo requiera el suplidor y que sea un suplidor único”.

“¿Cuando usted aprueba esta compra, a base de qué en el reglamento?”, cuestionó el represente.

“A base de que había una necesidad de suplidores que pudieran entregar las pruebas que era de conociemiento general, o sea que cumplía con lo que era el suplidor único. Era el único que podía suplir esa cantidad de pruebas”, sostuvo.

Según ha trasecendido, Apex entregaría el millón de pruebas en cinco días.

Asimismo, Rossy admitió que en la orden de compra no se especifica que podía cumplir con la cantidad de pruebas que se le demandaban.

“No lo especifica así”, reconoció.

Rossy sostuvo que en Hacienda no solo se realizó el pago a Apex y que se logró recuprar, sino a tres suplidores adicionales del Departamento de Salud. A Maitland en la Florida y 313 LLC, se le había adelantado el 60% de los pagos de la compras, mientras que a una cuarta no pudo identificarla.

Advirtiéndole que estaba declarando bajo juramento, el representante le solicitó que estableciera ente la Comisión cuáles fueron sus criterios que tomó para autorizar un adelanto de $19 millones a Apex.

“En aquel momento, la solicitud del Departamento de Salud para un adelanto para unas compras para productos que escasean y que el suplidor establa pidiento un 50% de adelanto, entendíamos que se podía”, dijo.

“¿De dónde usted saca esa conclusión, si usted no tiene ante sí esos elementos?”, refutó el legislador.

“Ni usted buscó las cotizaciones, ni usted las conocía, usted tuvo una orden de compra con una factura, los documentos que le acompañaran, pero en ningún momento de esos documentos, dicho por usted indican de que había escases de prueba, de que era el único suplidor”, puntualizó Morales.

A insistencias de Morales, Rossy no pudo establecer los elementos que fueran acorde al reglamento 31 para hace los adelantos de pago.

Manifestó que la subsecretaria de la gobernación, Lilliam Sánchez estableció comunicación con él en busca de orientación sobre el proceso de pagos por adelantado para estos suplidores. “En esa llamada había personal de salud y había aproximadamente cuatro personas. Recuerdo a Velmarie (Martínez) de Salud, me parece que Adil Rosa estaba en la llamada y a mi mayor recuerdo Mabel (Cabezas) también estaba en esa llamada”, indicó.

“Se le indicó que tenían que enviar los documentos al área de intervenciones y tramitar el comprobante de pago a través del sistema de compras de ellos (Departamento de Salud) Salud tiene un sistema separado del de Hacienda”, sostuvo.

De igual manera, Rossy aceptó que fue quien aprobó la orden de pago de $355,000 a Maintland, aunque no pudo establecer la cantidad del desembolso ni para qué. Luego se retractó cuando le facilitaron copia de la compra por entender que no sabía si era esa la que había aprobado.

El desembolo fue por concepto de embarque y flete, esto cuando el gobierno de Puerto Rico pudiera estar exento de impuestos de otras jurisdicciones estadounideses pero es responsabilidad del Estado o la agencias solicitarlos. En el caso de Florida para tener una exensión se debía solicitar un weiver (exención de impuestos) que no se realizó. Según Rossy, le correspondía al Departamento de Salud hacer la solicitud.

“No tengo constancia de qué se pagó.”, dijo.

El representante le aseguró que de sí se había pagado y le cuestionó si se había pagado correctamente.

“Si se pagó no se pagó correctamente. Si se pagó, hubo un pago indebido”, reconoció.

Salió a relucir, además, otra orden de compra a Maitland por la cantidad de $718,000 que también es una orden de flete sumado a los impuesto del estado, pero no se estableció si se había pagado.

Participó también de la vista pública, la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Iris Santo Díaz, quien también defendió el desembolso de dinero. Indicó que la OGP se encarga de delinear los procedimientos que llevan a la agencia para solicitar los fondos de emergencia, pero responsabilizó a las agencias de auscultar el trasfondo de sus suplidores.