El Departamento de Justicia entrevistaría a varias personas antes de decidir si reabre el caso en contra de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, por un presunto traqueteo con un contrato, según trascendió luego de la reunión que sostuvieron esta mañana con senadores del Partido Popular Democrático.

Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz de la delegación del PPD en el Senado, compareció junto a la portavoz alterna, Marially González Huertas, a una cita con la secretaria Lourdes Torres Gómez, en la sede del Departamento de Justicia.

A su salida, Hernández indicó que, durante la reunión, “le presentamos nuevamente toda la documentación que le habíamos compartido al Departamento (de Justicia) y que justifican la reapertura de este caso”.

“Ya la secretaria ha adelantado al País que va a reevaluar el mismo y como parte de ese proceso entrevistarán a varias personas. De ser ese el curso de acción -que consideramos es el correcto-, podemos afirmar que nuestra fiscalización legislativa ha tenido resultados positivos para el País y es que se sepa la verdad en torno a este caso. Del mismo modo, confirma que nuestra súplica desde el día primero era el curso de acción que se tenía que seguir: que era entrevistar a personas con conocimiento de este caso”, expresó el senador.

La secretaria de la Familia está en el centro de una polémica luego que se levantaran alegaciones de que intervino en la otorgación de un contrato a cambio de favorecer a un allegado, mientras ejercía como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual, en el Departamento de Salud.

Según reveló el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, Roig intervino en gestiones relacionadas con un contrato que pagaba $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente, condicionado el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC fuera la encargada de ofrecer los servicios de cuido y seguridad.

Relacionado a esa polémica, la Oficina de Ética Gubernamental acogió un referido para investigar a Roig.

El portavoz popular añadió que “el País merece conocer por qué una funcionaria pública, cuando dirigía una unidad para personas con discapacidad intelectual, enviaba información a terceros en torno a un contrato gubernamental. Del mismo modo, conocer por qué se pagaron $60,000 por un participante cuando el rango por otros es considerablemente más bajo. Esta misma funcionaria, hoy dirige un Departamento -de la Familia- que entre otras cosas administra un presupuesto millonario con fondos federales y estatales. Hoy solo solo puede intervenir en los contratos con el gobierno, sino que es quien los termina firmando”.

“En los próximos días estaremos atentos al curso de acción del Departamento de Justicia. Al mismo tiempo, nos reafirmamos que Suzanne Roig debe renunciar a su posición como secretaria del Departamento de la Familia”, finalizó Hernández.