El Departamento de Justicia informó que concluyó no iniciar una investigación contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, tras un referido del senador Luis Javier Hernández sobre el alegado perjurio cometido por la funcionaria durante su proceso de confirmación.

La determinación le fue notificada al Panel del Fiscal Especial Independiente. En un comunicado de prensa emitido en la noche del jueves y luego del mensaje de presupuesto de la Gobernadora, la agencia informó que tras la evaluación realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), y que incluyó prueba documental, certificaciones oficiales y otra información pertinente, se confirmó que “la funcionaria participó en reuniones y rindió una declaración jurada ante el Departamento de Salud; sin embargo, los abogados del propio Departamento de Salud certificaron que no existe prueba de que Roig Fuertes haya sido notificada como investigada, sospechosa ni ‘persona de interés’ en procedimiento administrativo o penal alguno. Tampoco fue citada por el Departamento de Justicia en esa calidad ni surge de ningún documento del expediente dicha prueba”.

“Tras analizar la totalidad de la prueba, se concluyó que no existe evidencia suficiente para establecer el elemento intencional requerido para sostener la posible comisión del delito de perjurio, conforme al Artículo 269 del Código Penal. Por ello, se informó al PFEI la determinación de no iniciar una investigación preliminar”, se añadió.

Justicia sostuvo que completó la evaluación de la solicitud de reapertura del caso 2022‑31‑102‑00022, originalmente referido por el Departamento de Salud. “Un fiscal sin participación previa en la pesquisa original examinó la documentación adicional sometida por el senador Hernández Ortiz, incluyendo facturas, comunicaciones electrónicas, entrevistas y documentos relacionados con One Source Investigations, LLC (OSI) y el participante INR. La revisión concluyó que dicha información no constituye prueba nueva ni altera las determinaciones de la Orden de Cierre y Archivo previamente emitida. En consecuencia, no existe base probatoria para recomendar la reapertura de la investigación”, reza el comunicado.

Hace poco más de una semana, el portavoz del PPD en el Senado se reunió con la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, encuentro en el que le presentó información que a su juicio, justificaba la reapertura del caso.

Tras esa reunión, Hernández aseguró que la secretaria se comprometió a reevaluar la pesquisa y que como parte del proceso “entrevistarán a varias personas. De ser ese el curso de acción -que consideramos es el correcto-, podemos afirmar que nuestra fiscalización legislativa ha tenido resultados positivos para el País y es que se sepa la verdad en torno a este caso”, sostuvo el legislador tras el encuentro.

Sin embargo, según el comunicado emitido por Justicia a última hora del jueves, la DIPAC revisó “prueba documental, certificaciones oficiales y otra información pertinente”, pero no se desprende que realizaran nuevas entrevistas.,

Roig Fuertes están em medio de una controversia tras alegaciones de que intervino en la otorgación de un contrato a cambio de favorecer a un allegado, mientras ejercía como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual, en el Departamento de Salud.

La información fue revelada por el exsecretario de Salud Carlos Mellado, quien sostuvo que Roig hizo gestiones relacionadas con un contrato que pagaba $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente, condicionado el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC fuera la encargada de ofrecer los servicios de cuido y seguridad.