La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se expresó en la tarde de hoy, viernes, en contra del Proyecto de la Cámara 1003, que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) y aseguró que pondría en peligro la capacidad del país para salir de la quiebra.

El ente federal impuesto por el Congreso consideró que la medida enmendada por el Senado “para aprobar la emisión de nuevos bonos de obligación general -que forman parte de la reestructuración de la deuda- haría que el 7mo Plan de Ajuste enmendado sea insostenible para Puerto Rico”.

“La Junta de Supervisión está convencida de que la legislación aprobada pone en peligro la capacidad de la Isla para salir de la quiebra y repite las prácticas y las políticas de gastos insostenibles que llevaron a Puerto Rico a la quiebra”, añadió la JSF en declaraciones escritas.

La cámara alta aprobó en la noche del miércoles la pieza legislativa con 19 votos de legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP). La medida pasó a la Cámara de Representantes para que concurrieran con la versión final.

“La medida, según enmendada y aprobada por el Senado, condiciona la emisión de los bonos a disposiciones que costarían decenas de miles de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. Además de impedir cualquier recorte a los beneficios de pensiones de los retirados del Gobierno, la medida del Senado evitaría que se congelen y se reformen los planes de pensiones. Asimismo, las enmiendas incluyen gastos masivos como condición para que se apruebe el Plan de Ajuste”, indicó.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, informó ayer, jueves, que no atenderían el proyecto de ley hasta que el ente federal que controla las finanzas del País garantice por escrito que cumplirá con los acuerdos establecidos que incluye, entre otras cosas, cero recortes a las pensiones, los $62 millones para los municipios y los recursos para la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La pieza legislativa ha tenido múltiples detractores quienes, entre otras cosas, han denunciado que el gobierno regresaría a un déficit para el 2036 y que el pago de la deuda, ya garantizada, se tendría que honrar sobre los servicios esenciales a la ciudadanía.

No obstante, la medida ha sido defendida por legisladores como el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien ha minimizado los reclamos sobre el peligro de que el gobierno se quede sin el dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones.

Otro de los defensores ha sido el portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz, quien reconoció durante la discusión de la pieza legislativa que el proyecto no era “perfecto” y que no “resolverá de forma absoluta los problemas de Puerto Rico”.

Incluso, el gobernador Pedro Pierluisi avaló los múltiples cambios introducidos por el Senado a la medida legislativa que viabiliza una emisión de bonos de $7,400 millones y dijo que se inclinaba a convertirlo en ley cuando llegue a su despacho.

Según el ente federal, “los exorbitantes costos” de las enmiendas realizadas en el Senado “harían imposible la confirmación del 7mo Plan de Ajuste”. De eso ocurrir, la JSF dijo que se vería “forzada” a retirarlo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

“Las consecuencias del fracaso del plan serían graves para el pueblo de Puerto Rico. Al día de hoy desconocemos si los acreedores estarían dispuestos a esperar por una nueva legislación para emitir los bonos. Desconocemos si los acreedores aceptarán renegociar o solicitarán que se levante la moratoria en el pago de la deuda vigente en este momento, lo que obligaría al Gobierno a pagar la totalidad de la deuda ahora. Desconocemos además si los acreedores se acogerían a su derecho de rescindir su acuerdo de apoyo al plan, en cuyo caso el gobierno de Puerto Rico tendría que pagar a los acreedores $100 millones de inmediato como cargo por cancelación”, mencionó el grupo nombrado por Estados Unidos.

Además, se mostraron confiados en que su Plan de Ajuste ayudaría a Puerto Rico a reestructurar su deuda para salir de la quiebra.

“El 7mo Plan de Ajuste reducirá la deuda pendiente del Gobierno en un 80%, de $33,000 millones a $7,000 millones. Previo a (la ley) Promesa, el Gobierno tenía que pagar hasta 25 centavos de cada dólar que recaudaba en impuestos del pueblo de Puerto Rico a los acreedores; el plan reduciría esa cantidad a poco más de 7 centavos de cada dólar”, aseguró la JSF.

La Junta adelantó que responderá en detalle al Proyecto de Cámara 1003, según enmendado por el Senado.

“La quiebra está frenando a Puerto Rico... la gente lo sufre y todas las empresas de Puerto Rico se ven afectadas por la mayor quiebra del sector público en la historia de Estados Unidos. Es crucial para el futuro y la prosperidad de la Isla ponerle un fin a la quiebra”, puntualizó el grupo.