El Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) reclamaron hoy haber establecido una política pública de cero tolerancia a la violencia doméstica en el lugar de trabajo, mientras la organización Kilómetro Cero indicó que en materia de violencia de género, la Uniformada, ha fracasado.

“Estadísticamente la evidencia de fracaso es clara: 4 feminicidios íntimos en menos de 5 años perpetrados por policías y una acumulación de 78 querellas de violencia doméstica en el último año. Institucionalmente, el fracaso es obvio: la Policía no cumple con los protocolos establecidos para el manejo de violencia doméstica y cuando cumple con ellos, resultan totalmente inefectivos”, expresó en una vista pública ante la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.

La periodista y activista de derechos humanos dijo que se refería al caso del feminicidio íntimo de Brenda Liz Pérez Bahamonde, cometido por el policía José Rivera Velázquez, quien aprobó la evaluación psicológica que exige el protocolo para devolver armas de reglamento a policías con querellas de violencia de género.

“Es difícil que haya un paladín de la justicia de la violencia doméstica dentro de la Policía porque la Policía es en sí misma una de las instituciones más machistas y patriarcales que hay en este sistema porque así se ha permitido que ocurra desde el Estado”, agregó.

En la vista pública, ni el DSP ni el NPPR pudieron proveer datos específicos a la comisión legislativa sobre el trámite de unas 423 querellas administrativas de violencia de género radicadas contra agentes del orden público, entre 2017 al presente año.

La presidenta de la Comisión, Jocelyne Rodríguez Negrón dijo que de los datos que le fueron suministrados surge que de las 423 querellas, 406 han sido investigadas y 17 están activas.

La legisladora preguntó al licenciado Miguel Candelario, de la División Legal del DSP, cuántos de esos casos desde 2017 hasta el presente, han resultado en la formulación de cargos y el funcionario le indicó que no tenían la información a la mano y que la podrían proveer.

“Estos son casos de querellas administrativas, no son procedimientos que se llevaron ante los tribunales, así que la información que estaría proveyendo el NPPR es sobre las determinaciones y si formularon cargos en estos casos”, indicó el funcionario.

“La Policía de Puerto Rico de hoy día no es la Policía de Puerto Rico de 2013. Hemos avanzado, queda mucho por hacer, pero se ha avanzado mucho”, sostuvo Candelario.

La representante Rodríguez Negrón le otorgó un plazo de 72 horas para someter los datos requeridos, mientras en la ponencia del DSP, el secretario de la dependencia pública, Alexis Torres dijo que cuentan con un protocolo para el manejo de situaciones de violencia doméstica en el lugar de trabajo, del 20 de octubre de 2021.

“Reconocemos la obligación de prevenir o eliminar aquellos actos de violencia doméstica tales como acosar, intimidar o amenazar el personal en el lugar de empleo utilizando el correo regular, medios virtuales, el teléfono o acudiendo personalmente o enviando terceras personas. También incluye perseguir, agredir físicamente o verbalmente en horas laborables”, indicó el titular del DSP.

La Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer también requirió información a la Policía sobre querellas de violencia doméstica que pudiera haber enfrentado el ahora fenecido presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa Torres, quien el pasado fin de semana cometió feminicidio contra Iraida Hornedo Camacho y luego, el policía retirado se quitó la vida.

La teniente Aimé Alvarado del NPPR dijo que “es posible” que exista alguna querella, pero dijo que Figueroa Torres estaba jubilado hace varios años y tendrían que ver si existen los documentos.

“Tenemos que tener presente que este señor dejó de ser policía hace más de 17 años y los récords que pudiera haber datan de mucho tiempo atrás. Dentro de los récords reconocemos que debieron haber unas querellas, pero si esos documentos no los tengo, no me puedo expresar”, dijo Alvarado. Agregó que “de la señora Hornedo no había récord”.

Mientras Candelario indicó esos récords ya no están en la Policía y que los expedientes pasan a un cuarto de archivo inactivo en unas facilidades en Carolina.

La representane Rodríguez Negrón les otorgó un plazo de 7 días laborables para “que nos puedan hacer llegar los datos de si este asesino y occiso, tenía alguna querella de casos violencia doméstica”.

La legisladora inquirió también a los portavoces del NPPR y del DSP en torno al asesinato de la mujer policía Pérez Bahamonde a manos del también agente, Rivera Velázquez.

Alvarado indicó que la agente, adscrita a la División de Homicidios de Guayama, había solicitado una orden de protección, al amparo de la Ley 54, contra Rivera Velázquez, pero al momento del asesinato no estaba vigente.

“Ella misma no se reconocía como víctima, entendía que era algo privado y en un momento, nosotros tomamos decisiones por la seguridad de ella. Nunca existió una querella”, sostuvo Alvarado.

La procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria dijo por su parte que, el 31 de enero de este año, la OPM comenzó una investigación sobre las querellas entre miembros de la Policía y sus parejas. Indico que la OPM le envió un requerimiento de información y producción de documentos al NPPR sobre los casos en que un agente es el querellado y las acciones realizadas por la Uniformada.

La funcionaria sostuvo que la investigación giraba en tono a los procedimientos y acciones realizadas por el NPPR en torno al caso del agente Rivera Velázquez, adscrito al cuartel de Aibonito, quien dio muerte a la agente Pérez Bahamonde.

No obstante, la Procuradora dijo que luego de varios trámites procesales entre los que se otorgaron prórrogas, contestaciones, réplicas y dúplicas al requerimiento, el NPPR se rehusó a producir y entregar las totalidad de las información y documentación requerida por la OPM.

Explicó que, el 16 de marzo, el NPPR proveyó solamente una porción de la información requerida y la OPM acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan con una petición para hacer cumplir el requerimiento de información. Dijo que el caso está pendiente en foro judicial lo que le impide hacer comentarios adicionales.

Bermúdez Sanabria también dijo que la OPM comenzó un proceso de talleres de capacitación en torno al manejo de incidentes de violencia doméstica para policías municipales, pero indicó que hasta el momento solo han participado 16 municipios.

“Es un número muy bajo para que tengamos un proceso de prevención y no llegar a estas estadísticas que nos destruyen cada vez que salen”, sostuvo la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Estrella Martínez.

En la vista pública también participaron las representantes, Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana, Lissie Burgos del Proyecto Dignidad y Deborah Soto, del PPD.