El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres Torres, dijo hoy que pedirá a la Administración Federal de Carreteras que investigue el desembolso de fondos federales en la compra de drones de seguridad (safety drums) a precios por encima del mercado y que la pesquisa se extienda desde ahora hasta el momento en que la agencia federal lo determine.        

“Vamos a tomar todas las medidas para que se investigue y se establezcan responsabilidades. Vamos a pedir que el Inspector General del Federal Highway Administration pase juicio sobre la forma y manera en que se realizan subastas y compras en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)”, dijo Torres Torres.

La semana pasada, el popular denunció que la ACT pagó $300,000 por 600 drones anaranjados, luego del paso del huracán María, cuando el costo promedio por unidad es de $75.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares justificó la compra y dijo que los aparatos fueron adquiridos en medio de una emergencia.

El martes, el subsecretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, dio a conocer documentos que también apuntan a que bajo las administraciones de los exgobernadores Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá se compraron drones anaranjados a $500 cada uno, como parte de proyectos de reparación y construcción de carreteras.

“Tal y como hice públicamente con este issue presentaré la información que hemos recopilado y que la investigación se extienda hasta donde ellos entiendan. Lo que no puede pasar aquí es que la justificación sea que, si alguien lo hizo mal, eso cancela lo que debe ser el buen uso de fondos públicos”, sostuvo el también senador.

“La actual administración tardó cinco días, dando versiones distintas y finalizaron diciendo que eso se había hecho en el pasado. Eso es una justificación y no podemos celebrar la impunidad”, agregó el legislador.

En torno a los procesos actuales de subasta y las contrataciones, Torres Torres sostuvo que la ACT “tendrá mucho que explicar”. 

Como parte del contrato 2018-000044, uno de una veintena que realizó la ACT para la instalación de dispositivos de seguridad y señalización de tráfico tras el paso de María, y el cual tiene anejado el listado de precios por artículo en caso de emergencia, la agencia le pagó a la empresa Carro & Carro Enterprises unos 30 drones a $103.50 cada uno… y otros 600 adicionales, a $500 cada uno.

Según consta de varias órdenes de compra y de pagos dados a conocer por el senador Torres Torres, la primera adquisición de los 30 drones fue para una obra en fecha del 5 de marzo de 2018. Estos se utilizaron para la carretera PR-140, en Utuado.

La segunda ocurrió para unos trabajos tres meses después, específicamente el 4 de junio de 2018. Los 600 drones se utilizaron para las carreteras PR-140, PR-141, PR-144 y PR-5141, en jurisdicción de Jayuya.

La suma total de estos 600 drones le costó a la ACT $300,000.

Primera Hora revisó otros contratos concedidos por la agencia para los mismos fines y encontró que hubo empresas que vendieron los mismos drones, sin diferenciación del producto, entre $90 a $250 cada uno.