A raíz del reciente caso ocurrido en Caguas, donde una madre acudió a un cuartel de la Policía para entregar voluntariamente a sus dos hijos, la Legislatura de Puerto Rico inició un proceso de evaluación dirigido a revisar y fortalecer los mecanismos de protección a menores y de apoyo a familias en crisis.

Con ese objetivo, la representante Odalys González González radicó una Resolución en la Cámara de Representantes para ordenar una revisión exhaustiva de los procesos de colocación voluntaria de menores en cuidado sustituto, así como para establecer estándares claros, uniformes y ágiles en toda la Isla.

La medida surge tras el impacto que generó el caso de Caguas, el cual expuso la falta de rutas accesibles y bien definidas para que padres y madres puedan solicitar ayuda al Estado sin verse obligados a recurrir a escenarios extremos.

Según se detalla en la Resolución, el Departamento de la Familia deberá certificar los mecanismos existentes para la colocación voluntaria de menores, explicar su base legal y procedimientos, documentar las salvaguardas de debido proceso y presentar estadísticas institucionales relacionadas con estos casos. Además, se ordena evaluar la viabilidad de implantar un estándar de hasta 48 horas para completar la tramitación administrativa inicial.

La medida también dispone que, de no existir protocolos operacionales uniformes, se diseñe un programa administrativo formal, con coordinación interagencial, que garantice respuestas consistentes y sensibles ante situaciones de crisis familiar.

“Esta Resolución busca garantizar rutas claras, rápidas y humanas para que las familias en crisis puedan solicitar apoyo; evitar improvisaciones cuando un padre o madre no puede hacerse cargo temporalmente de un menor; proteger el bienestar de los niños respetando los derechos de las familias; y prevenir que una solicitud de ayuda se trate automáticamente como un asunto criminal cuando sea elegible como colocación voluntaria”, expresó la legisladora.

Entre los objetivos principales de la medida se incluyen la reducción de los tiempos de respuesta, la disminución de la incertidumbre que enfrentan los menores, la prevención de la criminalización automática de padres o madres que buscan ayuda, y el fortalecimiento de la coordinación entre las agencias gubernamentales.

La Resolución se concibe como una herramienta de fiscalización y política pública que busca mover al Estado de una respuesta reactiva a un modelo preventivo y organizado, con el fin de garantizar mecanismos ágiles y sensibles para atender a menores y familias en situaciones de vulnerabilidad.

El Departamento de la Familia tendrá un plazo de 45 días para someter a la Asamblea Legislativa el informe requerido y el análisis técnico correspondiente, lo que permitirá evaluar posibles cambios administrativos o legales basados en datos verificables.