El que la designada Comisionada de la Policía Municipal de Vega Alta, Juana Yamira Figueroa Acosta, no pasara el cedazo para obtener su nombramiento oficial a dicho puesto podría traer cola.

La razón por la que se le denegó el puesto a Figueroa Acosta fue, según el presidente de la Legislatura Municipal, Carlos Malavé Irrizarry, porque le hacía falta tener un rango ya fuese de la policía o de la Guardia Nacional o certificación especial, lo que a su vez, le permitía tener el requisito de una certificación. Lo relevante de la certificación, producto de un curso de entrenamiento para oficiales en una academia de policía o militar, es que aparte de cumplir con la ley que aplica a la policía estatal y del reglamento aprobado por el municipio de Vega Alta, este muestra la capacidad administrativa y de supervisión que tendría un nominado para llevar las riendas de un cuerpo policiaco.

“Le estamos haciendo un llamado al alcalde de Vega Alta para que comience un nuevo escrutinio y reclute a un comisionado para la Policía Municipal, porque entendemos que es un cuerpo que necesita esa dirección”, estableció Malavé Irrizarry.

Otra posible consecuencia que podría perjudicar en un futuro a Figueroa Acosta es el que se vea obligada a rembolsar lo obtenido en salario por el periodo que fungió como Comisionada interina desde el pasado el 2 de mayo, devengando un salario de $2,901 mensuales. Esto debido a que ocupó un puesto para el que no cumplía, aún de forma interina, con los requisitos.

“Cuando vengan las próximas auditorias, se determina si aplica o no. Aún cuando no haya sido confirmada, fue nominada, y si no tenía los requisitos, pues obviamente, la ley no la cobija en ese sentido y tendría que devolver dinero”, destacó Malavé Irrizarry, basado en que la Oficina del Contralor está siendo muy riguroso en el cumplimiento de los requisitos.

Aunque en todo momento la entonces Comisionada designada de la policía municipal de Vega Alta siempre estuvo consciente de que la falta de cumplir con un requisito clave sería su mayor impedimento, se lanzó al cedazo.

“Se habló con ella y se le explicó. Dijo no tener la certificación que no tenía ningún rango en la Policía o Guardia Nacional, que no cumplía y estaba consciente. Lo triste de todo esto es que a lo mejor perdimos una buena funcionaria”, indicó Malavé Irrizarry.