El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emitió este viernes una orden a favor de la empresa LUMA Energy en la que se prohíbe que manifestantes de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) impidan o entorpezcan la entrada a instalaciones que utiliza la empresa para cumplir con su misión de transmitir y distribuir energía eléctrica en la Isla.

El entredicho provisional tendrá solo una vigencia de 10 días, aunque podría ser extendido, según explicó.

Martínez Piovanetti expuso, durante una vista celebrada por videoconferencia, que su orden va dirigida a que “se garantice acceso a estas plantas e instalaciones” a LUMA Energy. Pero, dejó claro que “siempre salvaguardando lo que dije, el derecho fundamental que es el de la libertad de expresión, que no queremos incidir en ese derecho”.

En la orden escrita, el juez estipuló que “se ordena a los codemandados Utier y al señor (Ángel) Figueroa Jaramillo que se abstengan inmediatamente de bloquear o limitar directa o indirectamente, o a través de terceros, los accesos a las instalaciones de Ia AEE, a cualquier componente del Sistema de Transmisión y Distribución y a aquellos locales donde LUMA realice actividades dirigidas a garantizar el servicio de energía eléctrica a través de todo Puerto Rico”.

Como segundo punto, la orden añade que “los mencionados codemandados tampoco deberán bloquear ni limitar el acceso a las carreteras, caminos y Ias vías públicas que conduzcan a dichas instalaciones de la AEE y componentes relacionados con el Sistema de Transmisión y Distribución”.

“Por último, los referidos codemandados deberán abstenerse de incurrir en actos de violencia, vandalismo o perturbación que de algún modo concreto impidan que los empleados y contratistas de LUMA puedan realizar sus labores y acudir a las instalaciones de Ia AEE, del Sistema de Transmisión y Distribución y aquellos locales donde LUMA realice actividades dirigidas a garantizar el servicio de energía eléctrica a través de todo Puerto Rico”, determinó el juez.

Según dijo Martínez Piovanetti en la vista judicial, para poner en vigor la orden, la Policía deberá cumplir con el reglamento establecido en la Reforma Policiaca para intervenir con multitudes y crear, si es posible, áreas en la que las personas puedan manifestarse.

“Si se tiene que establecer algún tipo de perímetro, así se deberá hacer”, expuso.

El juez dejó claro que cualquier persona que violente el libre paso a las instalaciones energéticas se expone a un desacato civil o criminal.

El entredicho provisional solo aplica a manifestantes de la Utier o en representación de su presidente, Figueroa Jaramillo. La orden no aplicó a la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pues la representación legal de LUMA Energy, encabezada por los abogados del bufete Sepulvado, Maldonado & Couret -Lee Sepulvado Ramos, Andrés Sáez Marrero y Walter Lebrón Ramírez- falló en mostrar prueba en contra de esta organización.

Tras dictar la orden, el juez ordenó a la parte demandante a emplazar a la Utier y a su presidente, entregarle la orden de entredicho provisional emitida y a que se realice la citación a la próxima vista, que será el viernes, 11 de junio a las 11:00 a.m. También deberán citar a varios funcionarios de la Policía.

En esta vista, el juez determinará si emite un interdicto preliminar y permanente y una sentencia declaratoria. Estos remedios fueron solicitados por la empresa para que los manifestantes cesen y desistan de “bloquear o limitar directa o indirectamente, o a través de terceros, los accesos a las instalaciones” que administran desde el pasado primero de junio.

Asimismo, Martínez Piovanetti le impuso una fianza a LUMA Energy de $5,000.

El dictamen del juez se dio pese a que ningún representante legal de la Utier o Figueroa Jaramillo estuvo presente en la vista.

Primera Hora intentó comunicarse con Figueroa Jaramillo y sus representantes de prensa, pero ninguno respondió las llamadas ni los mensajes de textos.

El juez informó que nadie de la Utier compareció, porque no fueron localizado ayer, jueves, para ser emplazados con la demanda.

El esfuerzo de emplazamiento lo hizo Luis Hernández Román. Este adujo que “estos codemandandos se han estado ocultando para no ser emplazados en la vista”, informó el juez.

Debido a la ausencia de la Utier y de su presidente, el juez pasó a discutir con los abogados de LUMA Energy, así como el abogado de la Asociación de Jubilados, Carlos Rodríguez Ortiz, si se debía suspender la vista o no ante los problemas con la citación, así como la petición de entredicho provisional.

Cabe destacar que Martínez Piovanetti había denegado el pasado martes el entredicho provisional a la empresa. Sin embargo, los abogados presentaron dos nuevas declaraciones juradas, incluida una realizada por la exsuperitendente de la Policía y ahora jefa de seguridad de LUMA Energy, la coronela Michelle Hernández Fraley, sobre los problemas que se enfrentaban con los manifestantes.

La otra declaración jurada fue prestada por Herminio Ramos Meléndez, quien era un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y pasó a LUMA Energy.

En las argumentaciones que dieron paso a la orden judicial, el abogado Sepulvado expuso que las intenciones de la empresa no era acallar la manifestación.

“No hay nada malo con expresarse”, señaló, al indicar que las protestas deben realizarse de forma ordenada

“Si a nosotros no se nos concede este entredicho, lo que nos ocurre es que nos vemos obligado a trabajar con no tener acceso al 80% de nuestro inventario, al 70% y pico que está en Palo Seco de equipo de seguridad. El interés público de la única forma que se puede servir es cuando se respeta la ley y el orden, cuando las cosas se hacen en la forma en que proceden, cuando tú te manifiestas -como tienes todo el derecho de hacerlo- sin interrumpir ni impedir el acceso a lugar, cuando los obreros y la entidad que está administrando el sistema eléctrico del país tiene la capacidad de acceder piezas, inventario, herramientas, equipo de seguridad para proteger la vida de los obreros y del país”, afirmó el letrado.

Es que explicó que los manifestantes han impedido el acceso a almacenes importantes en la que guardaron su equipo, como uno en la Central de Palo Seco, en Toa Baja, así como en instalaciones de Caguas y Carolina.

El abogado de la Asociación de Jubilados, entretanto, pidió al juez que no emitiera el entredicho ante la ausencia de la Utier. Sobre todo, abogó por que no le aplicara a la entidad que representaba, debido a que no se mostraba prueba en contra de ningún retirado de la AEE.

“Dado a que no existe esa emergencia que permita la laceración del debido proceso de ley, se debería aplazar la vista hasta que se emplace”, argumentó.

En otra ocasión, expuso que, “al momento, no se dan las condiciones en Puerto Rico para emitir un entredicho provisional ante esta situación que hoy prevalece”.

Rodríguez Ortiz prevaleció en lograr en que la orden de entredicho provisional no le aplicara a la organización.

¿Qué dice la demanda de LUMA Energy?

En específico, la demanda pide que los miembros de la Utier y a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a que cesen y desistan de “bloquear o limitar directa o indirectamente, o a través de terceros los caminos, aceras, carreteras o cualquier otro tipo de vía pública que conduzca a las instalaciones de la AEE”.

Las solicitudes también incluyen la prohibición de estos actos en cualquier componente del sistema o “locales donde LUMA realice actividades ubicados a través de todo Puerto Rico”.

Actualmente, según LUMA, están “totalmente impedidos” de acceder a las instalaciones de Palo Seco, Utuado y Caguas, “que son esenciales a la administración y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico”.

“LUMA no ha podido acceder a equipo de seguridad necesario para que los obreros que están realizando labores puedan completar sus funciones de forma segura. Asimismo, el bloqueo de las mencionadas instalaciones imposibilita labores de mantenimiento requeridas para que la infraestructura eléctrica funcione de forma segura e ininterrumpida”, se desprende de la demanda.

Asimismo, le solicitaron al Tribunal una orden de entredicho provisional, “requiriendo a los demandados a cesar y desistir de inmediato de actos de intimidación, violencia, vandalismo, o que limiten el disfrute de la propiedad, o que perturben los sentidos en violación de los derechos constitucionales de LUMA, sus funcionarios, empleados, contratistas u cualquier tercero que desee asociarse con LUMA o acudir a instalaciones de la AEE o a locales donde LUMA realice actividades a través de Puerto Rico”.

En cuanto a la sentencia declaratoria, la empresa requirió que el Tribunal “determine que el derecho a la libertad de expresión de los demandados no les permite obstruir el acceso a las instalaciones de la AEE, utilizar conducta amenazante en contra del personal de LUMA ni causar daños a la propiedad”.

Por último, pidieron que los demandados se les imponga el pago de honorarios de abogado y costas incurridos por LUMA para obtener los remedios solicitados.

Las manifestaciones contra LUMA se han intensificado esta semana, luego de que la empresa finalmente comenzara sus operaciones en Puerto Rico. De hecho, sindicatos se han unido a su reclamo para que se cancele el acuerdo y hasta han amenazado con un paro nacional.