LUMA Energy informó al Negociado de Energía (NE) un aumento tanto en el Índice de Duración Promedio de Interrupciones Eléctricas (SAIDI, por sus siglas en inglés), así como en la Frecuencia Promedio de Interrupciones (SAIFI), situación que nuevamente atribuyó a la falta de liquidez económica.

Según el informe trimestral que el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica sometió al NE, el promedio de duración de las interrupciones eléctricas para sus clientes aumentó en un 16.2%, mientras que la frecuencia promedio de apagones incrementó en un 3.3%. En términos prácticos, esto significa que los clientes experimentaron interrupciones más frecuentes y por periodos de tiempo más prolongados.

Como ha sido su práctica en ocasiones anteriores, LUMA Energy no asumió responsabilidad directa por el deterioro de estas métricas, sino que las describió como “consecuencias” de la falta de liquidez que, según alegan, enfrentan debido a la negativa del Gobierno de Puerto Rico de asignarles fondos adicionales.

“Nuestro enfoque ha sido maximizar los limitados recursos financieros para completar mejoras a nivel de transmisión y subestaciones que estabilizan el sistema eléctrico y reducen el riesgo de interrupciones a gran escala como las que se registraron en el pasado”, expresó a través de declaraciones escritas Alejandro Figueroa, quien también alegó preocupación por el déficit de más de $400 millones en la cuenta de emergencias, el cual continúa en aumento.

En abril de 2025, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recertificó el presupuesto operativo del consorcio en $692.6 millones. En ese momento, la Junta rechazó asignar fondos adicionales y solo autorizó una redistribución interna de $999 mil, movidos de la partida de gastos no laborales a la de mantenimiento necesario no financiado con fondos federales.

A lo largo de 2025, LUMA solicitó fondos adicionales a la gobernadora Jenniffer González Colón. Entre las peticiones, el consorcio requirió entre $500 y $800 millones adicionales para “mejorar” la infraestructura de la red eléctrica. Además, alegaron necesitar asignar una partida para el Fondo de Emergencias. Posteriormente, también solicitaron un aumento de $19 en la factura de la luz, argumentando que este ajuste era necesario para atender las necesidades de inversión del sistema eléctrico y evitar un aumento en los apagones. Ninguna de las solicitudes le fue aprobada.