Una suspensión de 90 días al cobro del Impuesto sobre Venta y Uso (IVU), como propone el representante por acumulación Ramón Torres Cruz, no impactaría de manera significativa las compras que hacen los consumidores en los supermercados, indicó el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso.

“No los objetamos (la propuesta de suspensión del IVU). Nos parece una petición razonable. Va a depender de la situación de Hacienda”, afirmó, durante una conferencia de prensa realizada en la sede de MIDA en la que se presentó la Radiografía del Consumidor.

En el adelanto que se presentó del resultado de la encuesta no se precisó si, al igual que en años anteriores, los boricuas prefieren comer en casa que comprar alimentos ya preparados.

No obstante, Reyes Alfonso exaltó que adquirir sus alimentos frescos y cocinarlos en la casa resulta “más económico”. Sobre todo, cuando la nueva encuesta de MIDA reflejó que los boricuas han decidido recortar gastos en compra de alimentos y productos del hogar, ante los problemas económicos que se enfrentan.

El directivo no pudo precisar cuál es la diferencia promedio entre comer en casa o acudir a un restaurante.

“Las proporciones, el servicio, hay muchos factores que inciden. El hecho de que se cocine uno mismo y no esté pagando por el servicio, eso incide. Un fardo de arroz, pues te puedes cocinar muchas veces. Es una dinámica totalmente distinta”, precisó Reyes Alfonso.

Más, sin embargo, defendió la suspensión del servicio. Dijo que muchos supermercados ya venden comidas preparadas.

Indicó que “Puerto Rico tiene el impuesto al consumo de los más altos de la nación, así que es un tema que se debe atender”.

La propuesta legislativa es una suspensión de solo 90 días. Torres la impulsó, ya que el Departamento de Hacienda registró que los recaudos netos del Fondo General acumulados entre julio de 2025 y abril de 2026 superaron las proyecciones en aproximadamente $590 millones.

“El propio secretario (Ángel) Pantoja nos confirmó que tenemos $590 millones por encima de lo proyectado. El IVU en alimentos preparados genera aproximadamente $21.3 millones al mes. Una suspensión de 90 días costaría alrededor de $63 millones, una fracción del excedente que ya tiene en manos el Gobierno. No existe una razón fiscal para negar este alivio a las familias puertorriqueñas”, expresó Torres.