El director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Vargas Pérez confirmó hoy que tras la Comisión Total celebrada por el Senado el martes pasado, donde se sometió a interpelación al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, su oficina recibió en el día de hoy un referido contra el funcionario, emitido por el senador Luis Javier Hernández, portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático en ese cuerpo.

“Confirmo que hoy recibimos un referido remitido por el senador, Hon. Luis Javier Hernández, relacionado con actuaciones atribuidas al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que fueron objeto de discusión en la Comisión Total, celebrada el 24 de marzo de 2026. Conforme con los procedimientos establecidos, dicha comunicación ha sido debidamente registrada y será evaluada bajo los estándares legales al amparo de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico", manifestó Vargas Pérez en declaraciones escritas.

Vargas Pérez añadió que debido a que el Senado realiza una investigación sobre posibles conflictos de intereses del secretario y la firma de cabilderos Politank, de la que era parte, “resultaría contradictorio asumir un caso motu proprio sobre los mismos asuntos mientras dicho proceso legislativo se encuentra en curso”.

“Al presente, debo abstenerme de emitir declaraciones que puedan influir, interferir o anticipar criterios con respecto a investigaciones en curso, ya que soy el adjudicador final de las controversias que atiende esta Oficina. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 (M) de nuestra Ley Orgánica, el cual establece de forma directa y específica que la Dirección Ejecutiva es quien resolverá las controversias que surjan sobre la aplicación de la ley”.

El funcionario añadió que actualmente, las determinaciones de política pública de la Ley de Ética han cambiado, a raíz de la jurisprudencia vigente. “En el ordenamiento jurídico vigente, nuestro Tribunal Supremo exige que el estándar de prueba para la Oficina sea uno de clara, robusta y convincente. En consecuencia, las expresiones de política pública e interpretaciones de directores ejecutivos anteriores no son vinculantes a la Oficina”, sostuvo, a la vez que reafirmó su compromiso “con la transparencia, la responsabilidad institucional y la estricta observancia de los procesos formales que rigen nuestro trabajo. Respetando el proceso legislativo en curso y el referido recibido, estas serán las únicas expresiones que emitiré sobre este asunto”.

En un escrito de tres páginas remitido a la OEG, el legislador destaca que desde sus posiciones como jefe de gabinete y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), “los poderes (de Domenech) son de tal magnitud, que el funcionario puede ‘decidir sobre la aprobación de toda contratación de servicios profesionales, órdenes de compra de bienes, órdenes de servicios comprados (no profesionales), subastas o cualquier otro método de licitación’.

Añade el referido que los clientes de Politank han acumulado $182.9 millones en contratos en el gobierno. “Para ser más específicos, desde que Domenech ocupa las posiciones actuales, se ha reflejado que los clientes de Politank han tenido contratos que alcanzan $84 millones más que en el 2024, fecha para la cual Domenech no había llegado al Gobierno y estaba directamente al frente de Politank”, reza el documento.

Según el referido, de la información que destiló en la Comisión Total, Domenech nunca solicitó una consulta a la OEG para atender la posible apariencia de conflictos de interés y aunque delegó en una empleada de su oficina la función de pre intervención en contrataciones de clientes de Politank, las acciones a seguir por esa pre interventora se basan en un acuerdo verbal.

“En el caso de autos, por voz del propio Domenech, no existe ningún protocolo ni mecanismo de inhibición formal en la Oficina de la Secretaría de la Gobernación que lo releve de intervenir con cualquier conflicto de intereses o potencial conflicto de clientes pasados y actuales de la empresa que alegadamente dirigió hasta diciembre de 2024. Estos hechos, hacen necesaria la intervención urgente de su Oficina de Ética Gubernamental”, sostiene el legislador en su referido.