Agobiados por la situación de la escasez de agua en sus municipios y el efecto de la sequía que azota a la Isla, las alcaldesas de Loíza y Naguabo, Julia Nazario y Miraidaliz Rosario, así como el alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro, se unieron en respaldo a las gestiones del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, para atender la crisis.

En particular, se expresaron a favor de las iniciativas que impulsa Hernández para que más pueblos sean incluidos en la declaración de emergencia que emitió el Departamento de Agricultura Federal (USDA, por sus siglas en inglés) para apoyar a agricultores, y para que se solicite también una más amplia declaración de desastre al presidente Donald Trump, de manera que se puedan activar recursos de apoyo de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), incluyendo asistencias para negocios y personas individuales.

“En el caso de Loíza, nosotros estamos porque se pida una emergencia que no sea para los agricultores, sino para todos los pueblos (…) que desde octubre (de 2025) hemos estado luchando. Antes de que hubiese una sequía, ya nuestros hermanos del área de Piñones y Loíza habíamos estado sufriendo por la falta de gerencia efectiva y se nos quitó el agua en muchas ocasiones. Piñones desde octubre ha tenido más días sin agua que con agua”, comentó la alcaldesa Nazario.

“Así que tiene que haber una (declaración de) emergencia que pueda ayudar. Y sé que hay alcaldes, estuve hablando con el alcalde de Guaynabo y con otros alcaldes, que el gasto que han tenido (para atender la emergencia por falta de agua) es bien sustancial. Así que hay que, como decía nuestro comisionado residente hace una semana, esa emergencia para todos los municipios que estamos pasando por esta sequía extrema, y por la mala gerencia, es hora ya de que llegue algún recurso para nosotros”, agregó Nazario.

Mientras, la alcaldesa Rosario, recordó que “tenemos en Naguabo lo que es el embalse de Río Blanco, que somos los que suplimos (agua) también a los pueblos vecinos. Yo creo que sería sustancial poder estar incluidos (en la declaración de emergencia) para poderle dar ese alivio a los agricultores. Ahora mismo estamos enfrentando la situación de qué va a pasar una vez entremos a un plan de ajuste, si fuera necesario y así lo incluyeran”, agregó.

El alcalde de Juncos, por su parte, afirmó en que “nosotros somos parte de la sequía, a nosotros nos cerraron parte de la Planta 31, nos cerraron las dos que tenemos allá, y el supertubo no llega, porque somos el rabo”.

“Hace años de años, te diría de los años del abuelo de él (comisionado residente), Rafel Hernández Colón, se dijo que se iba a hacer una represa en Juncos (El Valenciano). Todos los años que vienen, alguien pone una piedra, pone algo, de que se va a hacer la represa. La señora gobernadora (Jenniffer González Colón) fue y vio que los diseños están y que a un 60 (por ciento). Yo tengo la fe de que la represa llegue y sería una salvación para Juncos y muchos pueblos más”, afirmó.

Por su parte, el comisionado residente Hernández catalogó el trabajo del gobierno en el manejo de la crisis de la sequía como “deficiente” y agregó que considera que “hay dos sequías, la sequía creada por la naturaleza y la sequía creada por la falta de capacidad gerencial del gobierno de Puerto Rico y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”.

Recordó que, a pesar de que se estima que se pierde cerca del 50 o el 60% del agua que se produce, “no tenemos ni siquiera los datos concretos ni un plan para resolver ese problema”. Agregó que tampoco se han dragado los embalses como se supone ni se le ha dado el mantenimiento al superacueducto como se supone.

Hernández fue más lejos y sostuvo que, de haber estado al frente del gobierno, “hubiera cambiado la gerencia (de la AAA) antes de la sequía, porque los problemas predatan la sequía; hubiera solicitado la declaración de emergencia a nivel federal; y muchos meses antes hubiese estado alertando al pueblo sobre la posibilidad de racionamiento para que se tomaran medidas de ahorro y no hubiésemos llegado a esta situación”.

Sus declaraciones se produjeron en una conferencia de prensa en la que habló de las acciones que ha llevado a cabo recientemente su oficina relacionadas con el tema del agua y con el de la electricidad, entre las que enumeró pedidos a la gobernadora para que solicite una declaración presidencial de desastre por la sequía, y solicitar una investigación a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) del uso de miles de millones de fondos federales asignados para el sistema de agua de la Isla, entre otras.

“Creo que lo más que puede resumir nuestras prioridades de cara a lo que queda de sesión en este congreso es que vamos a priorizar lo básico. Y lo básico es agua y luz. Porque antes de hablar de desarrollo económico, antes de hablar de atraer inversión o de decir que Puerto Rico está abierto para negocios, tenemos que atender lo básico”, afirmó Hernández.

El comisionado residente delineó cinco acciones relacionadas con los temas de agua y energía eléctrica en las que se mantendría enfocado a su retorno a Washington:

• Solicitará que el Congreso investigue formalmente el escándalo de Power Expectations.
• Exigirá respuestas directas del zar de energía (Josué Colón Ortiz) y del presidente del 3PPO (Oficina Independiente de Adquisiciones) sobre el alegado encubrimiento de este escándalo.
• Le dará seguimiento a la inclusión en el Senado de las prioridades de Puerto Rico en el Water Resources Development Act, que incluye hasta $75 millones para proyectos de agua en Puerto Rico y ya fue aprobado en la Cámara de Representantes.
• Le dará seguimiento a la investigación de la GAO sobre el uso de los miles de millones de dólares en fondos federales destinados a los sistemas de agua de Puerto Rico y por qué la Isla aún no cuenta con servicio confiable.
• Continuará el reclamo por una Declaración de Desastre Mayor y por que se expanda a más municipios la declaración de emergencia por sequía del USDA.

Además de abordar el tema del agua, en lo que respecta al tema de la energía eléctrica, Hernández subrayó que la atención del pueblo está sobre “el escandaloso contrato de Power Expectations y la alegada falsificación de firmas de Enchanted Rock”.

Agregó que “vemos esto como dos problemas. Número uno: el problema de la corrupción en el alegado fraude del contrato. Y número dos: el problema que representa la cancelación de un contrato de energía temporera, ya que entonces, si no hay contrato, no hay energía temporera y estamos viendo apagones a raíz de esa falta de energía”.

A preguntas de la prensa, el comisionado residente rechazó el trabajo del presidente de 3PPO, Osvaldo Carlo Linares, y sostuvo que “debe ser sustituido”. Agregó que “no he estudiado a fondo” si la oficina debe eliminarse en su totalidad.

Además, en un tema relacionado a los del agua y la energía eléctrica, Hernández sostuvo que, “a raíz de lo que ha salido en la última vista, de que tanto la AAA como la AEE, entienden que no hay suficiente agua ni electricidad para ese proyecto” de Esencia, en Cabo Rojo, “no lo puedo apoyar con la información que hay hasta este momento”.

Los líderes de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara y el Senado de Puerto Rico, el representante Héctor Ferrer Santiago y el senador Luis Javier Hernández, también se unieron en respaldo al comisionado residente.