Miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) anunciaron este domingo que estarían sometiendo una serie de escritos ante la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión Estatal de Elecciones y el Contralor Electoral, para pedir que se investiguen presuntas violaciones del secretario general y comisionado alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, y se tomen las acciones pertinentes en su contra.

De acuerdo con Hiram Torres Montalvo, secretario general del PNP; el representante José “Pichi” Torres Zamora; Gabi González, aspirante al senado por el distrito de Arecibo; y Edgard Robles, aspirante a representante por el distrito 14 de la región de Arecibo, el líder popular estaría participando de un esquema que viola el Código Electoral y la Ley de Ética Gubernamental.

Según describió Torres Montalvo, Cruz estaría utilizando “corporaciones como subterfugios para poder obtener contratos en municipios y otras entidades gubernamentales”, en violación del artículo 3.1 del Código Electoral, que dicta que un comisionado electoral alterno no puede tener contratos con entidades gubernamentales, incluyendo municipios.

Torres Zamora sostuvo que Cruz estableció contratos “legalmente” con municipios de Puerto Rico, “pero tan pronto sabía que se iba convertir en secretario del Partido Popular, pero sobre todo comisionado alterno del Partido Popular, empezó a desviar esos contratos hacia corporaciones de amigos”.

Agregó que, pese a la prohibición “claramente” establecida en el artículo 3.1 del Código Electoral, Cruz, con una corporación de nombre Polimat, un presunto amigo y presidente de dicha corporación, Luis Matos, formularon un contrato en abril de 2023 con el municipio de Arecibo, para proveer unos servicios. Cruz se convirtió en comisionado alterno en mayo de 2023.

El grupo de estadistas mostró documentos del contrato de Polimat, en una de cuyas páginas había una foto de Cruz junto a otra de Matos.

Agregaron que Polimat tiene contratos con otros municipios además de Arecibo, entre ellos Aguadilla y Hatillo, y mencionaron además “corporaciones del pueblo puertorriqueño”. Según una imagen que mostraron, la lista incluye al municipio de Guayama, la agencia ACUDEN (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez) y ADL Noreste, por un total de $572,100 para el año 2024.

“La pregunta que le hago a ‘Toñito’ (Cruz), ¿él está cobrando de Polimat? ¿Polimat le está pagando a ‘Toñito’Cruz? ¿’Toñito’ Cruz, como comisionado electoral alterno del Partido Popular está cobrando de Polimat? Porque Polimat está haciendo negocios con el gobierno de Puerto Rico, y según el artículo 3.1, básicamente no puede hacer eso. Y si no puede hacer eso por el artículo 3.1, lo que le estamos peticionando a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones es que destituya y releve a ‘Toñito’ de comisionado electoral alterno del Partido Popular”, exigió Torres Zamora.

González y Robles hicieron eco a las denuncias de sus compañeros de partido, comparando el presunto esquema de Polimat con las acciones del convicto recaudador del PPD Anaudi Hernández.

Responde “Toñito” Cruz

Por su parte, Cruz respondió a las alegaciones a través de sus redes sociales, asegurando que la interpretación que estaba haciendo el grupo de estadistas del artículo 3.1 era una errónea, y argumentó que, “conforme al Código Electoral aprobado por el PNP”, los comisionados electorales alternos no eran considerados funcionarios ni empleados públicos, y que “el contrato que los comisionados electorales otorgamos ante la Comisión (Estatal de Elecciones) nos reconoce el derecho a ‘ejercer libremente’ nuestra profesión, así como a ‘llevar a cabo negocios lícitos como cualquier hombre de negocios’”.

Cruz reconoce la prohibición del Código Electoral que dispone que comisionados electorales y comisionados electorales alternos no pueden tener contratos con entidades gubernamentales, y aseguró que en las dos ocasiones que ha sido nombrado comisionado desde el 2020 a la fecha ha renunciado a los contratos que tenía con entidades del gobierno.

Agregó que, como parte de esas imputaciones, nadie ha podido decir que es socio o accionista “de esa (Polimat) o cualquier otra empresa que esté haciendo negocios con gobierno”, y subrayó que “en mi caso particular, sencillamente no hago negocios, ni tengo contratos con agencias de gobierno ni tengo una corporación que tenga contratos con municipios o agencias de gobierno de ninguna clase”.