Un rotundo “no”.

Esa fue la única reacción del gobernador Pedro Pierluisi ante el señalamiento de que fue él quien le pidió a su amigo Joseph “Joey” Fuentes Fernández que se encargara del Comité Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc., que recibió miles de dólares en donativos políticos de dos organizaciones sin fines de lucro fantasmas.

El pasado viernes, Fuentes Fernández fue sentenciado a 14 meses de cárcel, tras haberse declarado culpable en mayo de ocultar de dónde provenían los fondos depositados en las entidades fatulas.

Luego de su sentencia, el abogado de Fuentes Fernández, Joaquín Monserrate Matienzo, aseguró a Primera Hora que la admisión de culpabilidad era producto de la fidelidad que le tiene al Primer Ejecutivo, con quien comparte una amistad por décadas, y porque “no cree en eso de ser un soplón y se ha inmolado”.

¿Qué era lo que Fuentes iba a sopletear?, cuestionó una periodista en una conferencia de prensa que se celebró hoy en el Departamento de Justicia.

A esta pregunta, Pierluisi guardó silencio mientras fue escoltado fuera del edificio.

Pierluisi ha reiterado en múltiples ocasiones que ningún miembro de su equipo coordinó con Fuentes Fernández o su PAC y que él no cometió ilegalidades durante las primarias o elecciones generales del 2020.

Contrario a esto, Monserrate Matienzo insistió que Fuentes Fernández se hizo a cargo del PAC a pedidos de Pierluisi y, cuando los federales se acercaron para que colaborara con pesquisas en curso para detectar ilegalidades, “rehusó ponerse a grabar al gobernador”.

Salvemos a Puerto Rico, Inc., cuyo presidente y tesorero era Fuentes Fernández, presuntamente recibió donativos políticos de organizaciones sin fines de lucro fantasmas para financiar el grupo que hizo campaña en contra de los opositores del Gobernador durante la primaria y las elecciones generales del 2020. En lugar de reportar la verdadera fuente de los fondos, Fuentes Fernández le informó a la Comisión Federal de Comisiones (FEC, en inglés) que las organizaciones sin fines de lucro eran las donantes de esos fondos. Esto constituye una violación a la Ley Electoral.

Según la Oficina Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, era responsabilidad de Fuentes Fernández informar responsable y verídicamente las identidades reales de los donantes.

La Oficina Fiscal determinó que el propósito de canalizar estos fondos de donantes a través de organizaciones sin fines de lucro fue exclusivamente para ocultar las verdaderas identidades de los donantes y utilizó como ejemplo un mensaje de texto que envió Fuentes Fernández en octubre de 2020 a un posible donante que leía: “Puedes usar a un tercero para no revelar al verdadero donante”.

Por ello, la Oficina Fiscal presentó una querella criminal que describe este esquema ilegal en el cual participaron Fuentes Fernández y otras personas. Los donantes y las cantidades que aportaron, según el acuerdo de culpabilidad, eran: Northshore Management Corp. ($25,000), Essen Insurance Services Inc. ($100,000), AP Engineering Inc. ($59,200), LAS Enterprises Inc. ($15,000), JAAP LLC ($40,800), Alejandro Brito Zubizarreta ($50,000), Arturo Díaz Angueira ($20,000), BAE FE LLC ($50,000), AP Engineering Inc. ($35,000), JAAP LLC ($35,000), National Guard Exchange Military Store ($50,000), Little Pictures ($25,000) y Essential Insurance Services Inc. ($100,000).

Empero, acorde a Monserrate Matienzo, Fuentes Fernández desconocía de las regulaciones federales que se utilizaron para acusarlo por haberle ocultado información a la FEC.

Se espera que la Asociación de Contadores Públicos Autorizados le retire hoy, lunes, la colegiación a Fuentes Fernández como contador.