El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, afirmó este martes que la asignación de $94 millones en fondos federales que le hizo el gobernador Pedro Pierluisi a este centro educativo permitirá la transformación institucional y estabilidad fiscal ante la amenaza de tener un recorte de igual magnitud de parte de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Agradecemos la nueva asignación de fondos y el apoyo consistente del gobernador, quien ha reconocido que la UPR representa una inversión esencial para el desarrollo social y económico de nuestros estudiantes y de la isla. Igualmente, ha defendido los avances significativos que ha logrado la institución en tan corto tiempo”, expresó en declaraciones escritas.

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El gobernador le asignó ayer, lunes, los $94 millones, provenientes de la ley del Plan de Rescate Americano (ARPA).

“Esperamos que esta partida nos permita mitigar sustancialmente el impacto de la reducción presupuestaria programada por la Junta de Supervisión Fiscal para el próximo año, así como invertir en áreas importantes que son claves para la transformación institucional y estabilidad fiscal. Mientras, continuaremos generando eficiencias mediante la transformación administrativa y digitalización de procesos, como lo hemos hecho por los pasados años al enfrentar más de $300 millones en reducciones de presupuesto; sin despedir empleados ni cerrar recintos que brindan a nuestra población acceso a la educación alrededor de todo Puerto Rico”, dijo el presidente de la UPR como reacción.

“De inmediato, nos comunicamos con el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), licenciado Omar J. Marrero, para coordinar una reunión a los fines de discutir en detalle el uso de los fondos, para cumplir con las regulaciones requeridas. Reiteramos nuestro compromiso de fortalecer nuestro sistema universitario y brindar al estudiantado una experiencia única, accesible y de la mejor calidad educativa”, añadió.

Haddock había denunciado el pasado mes que el recorte de $94 millones que anunció la Junta de Supervisión Fiscal contra la UPR para el próximo presupuesto, el cual entra en vigor el 1 de julio, traería supuestos “efectos adversos” para la institución, que van desde poner en riesgo el que se puedan recibir nuevos fondos federaciones hasta retrasar la transformación del principal sistema universitario del país.