Créditos de hasta $300 para hogares vulnerables, así como ayudas de hasta $1,500 y planes de pago sin intereses para pequeños comerciantes son parte de la propuesta que lanzó el representante novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro Suárez para combatir los efectos negativos que han surgido ante el alza en la tarifa de la energía eléctrica.

Las propuestas están contenidas en cinco medidas legislativas radicadas el pasado miércoles. Tienen un impacto de un alivio “directo” de $60 millones para familias de escasos recursos y pequeños comerciantes, según promedió.

Detalló, en un comunicado de prensa, que la iniciativa responde al aumento neto de 5.28 centavos por kilovatio hora aprobado por el Negociado de Energía para el trimestre de octubre a diciembre de 2026. Esto colocó el costo de la luz a 33.86 centavos el kilovatio hora.

El paquete está diseñado para atacar la raíz del alza por quema de diésel, devolver íntegramente al bolsillo del consumidor las sumas reclamadas a suplidores que incumplen sus contratos y brindar alivio financiero inmediato a las familias de menores ingresos, a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector industrial.

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El legislador explicó que el ajuste trimestral vigente desde el 1 de octubre elevó la factura promedio de un hogar con consumo de 800 kilovatios hora mensuales de $228.59 a $270.86 (un incremento de $42.27 o 18.5%), mientras que para un pequeño comercio servido a voltaje secundario con consumo de 1,200 kilovatios hora representó un alza de 17.1% (de $371.82 a $435.24), imponiendo una carga combinada de cerca de $37.7 millones mensuales adicionales sobre los 128,255 comercios del País.

“Las familias puertorriqueñas y nuestros pequeños comerciantes no tienen por qué financiar de su bolsillo el costo de quemar diésel tres veces más caro cuando falla un suplidor de gas natural, ni pueden esperar de brazos cruzados mientras la factura amenaza con cerrar negocios y apagar hogares. Presentamos un paquete responsable, fiscalmente viable y compatible con la jurisdicción regulatoria del Negociado de Energía para que cada dólar que se le cobre a un suplidor que incumple regrese íntegro a la factura del pueblo, a la vez que activamos ayudas directas, prorrateos sin intereses y diferimientos de renta que protegen el empleo”, expresó Navarro Suárez.

Las medidas

La primera propuesta está contenida en el proyecto de la Cámara 1542, que enmienda la Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico.

La medida ordena que toda indemnización, pago por entregar o pagar (deliver-or-pay), crédito en factura o transacción cobrada a un suplidor de combustible o energía por incumplimiento se contabilice por separado por su valor nominal y se aplique obligatoriamente en la reconciliación trimestral a favor de los abonados.

Navarro Suárez explicó que la propuesta garantiza que los recobros cancelen primero los más de $80 millones en costos de combustible sustituto que el Negociado mantiene diferidos y acrediten directamente a los clientes sumas ya facturadas —como los $74.5 millones pagados por excesos de nominación y las reclamaciones federales estimadas en $100 millones—. Además, fija un tope de 10% a la deducción de costos de cobro no presupuestados y exige notificar a la Asamblea Legislativa con 30 días de antelación cualquier transacción o desistimiento de $5 millones o más.

Entretanto, la Resolución Conjunta de la Cámara 425 propone crear el Programa Temporero de Alivio del Costo Energético y asignar $60 millones provenientes de fondos no comprometidos del Fondo General del Tesoro Estatal y sin utilizar fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica ni recargar la tarifa de otros clientes.

El componente de hogares destina $30 millones a través de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) para conceder un pago único directo a la factura eléctrica de hasta $300 por cuenta para familias elegibles al programa LIHEAP o al Programa de Asistencia Nutricional (PAN), con inscripción automática para participantes del PAN y prioridad para hogares con equipos médicos eléctricos necesarios para preservar la vida y adultos mayores de 60 años.

El componente de pequeñas y medianas empresas destina $30 millones a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para otorgar un crédito directo escalonado según el consumo mensual de cada comercio en tarifa secundaria (GSS): $250 (hasta 2,000 kWh), $600 (de 2,001 a 5,000 kWh), $1,200 (de 5,001 a 15,000 kWh) y $1,500 (más de 15,000 kWh), hasta cubrir el 50% del alza trimestral. Prioriza panaderías, supermercados, distribuidores de la cadena de alimentos (con cobertura ampliada hasta 100 kVA de carga conectada, conforme a la Ley 176-2025) y negocios en centros urbanos tradicionales que mantengan su operación y empleos.

El paquete contempla, además, enmiendas al Proyecto de la Cámara 133, de la autoría de Navarro Suárez y que se encuentra ante el Senado, para incorporar a los pequeños comercios (tarifa GSS con carga menor de 50 kVA) en la “Ley de Planes de Pagos Justos” para atender los $87.08 millones en atrasos comerciales.

Establece planes de 24 a 36 meses, 0% de interés durante el primer año, pronto pago máximo de 10% (y 0% de pago inicial para comercios con buen historial en los últimos 12 meses) y prohibición de suspensión del servicio mientras se cumpla el convenio. Asimismo, obliga a ofrecer el prorrateo automático en hasta seis plazos mensuales sin intereses de todo aumento trimestral de tres centavos por kilovatio hora o más, incluyendo expresamente las facturas del trimestre de octubre a diciembre de 2026, y encomienda al Negociado de Energía implementar una opción de facturación nivelada en 90 días.

Asimismo, la Resolución Conjunta de la Cámara 424 propone ordenar a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) habilitar en 30 días un programa para que los inquilinos industriales cuya factura o cargo energético haya aumentado un 15% o más desde el 1 de octubre de 2026 puedan diferir hasta tres (3) meses consecutivos de renta, repagables en 12 plazos mensuales sin intereses ni recargos, en armonía con el contrato de fideicomiso de 28 de diciembre de 2023 y el Plan Fiscal certificado.

Esta medida alivia la liquidez de plantas manufactureras y comercios primarios que enfrentan alzas de entre $4,851 y $29,109 mensuales en su factura eléctrica, dijo el legislador.

El paquete complementa las medidas de alivio inmediato con el impulso de vistas públicas urgentes sobre el Proyecto de la Cámara 1474, dirigido a la continuidad del suministro de gas natural y radicado el pasado 5 de octubre para prevenir nuevas interrupciones en el suministro de gas natural a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, donde cada mes de operación con diésel añade cerca de $17.5 millones (entre 1.2 y 1.3 centavos por kilovatio-hora) a la tarifa de todos los consumidores.

“Diseñamos cada pieza cumpliendo rigurosamente con el Artículo 2.4 de la Ley 22-2016 y los parámetros de revisión de la Sección 204 de PROMESA, para que estas ayudas no se queden en el papel ni sean detenidas en los tribunales. Nuestra meta es aprobar los mecanismos de recobro, planes de pago comercial y diferimiento industrial antes del cierre de esta sesión ordinaria, mientras tramitamos con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda las certificaciones de los $60 millones de alivio directo”, concluyó el legislador.