Los representantes por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres y Swanny Enit Vargas, anunciaron la radicación de dos resoluciones que buscan ordenar a la Cámara de Representantes interpelar a los secretarios de Vivienda y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Ciary Pérez Peña y Edwin González Montalvo, respectivamente.

La solicitud de interpelación contra Pérez Peña y González Montalvo surge en medio de cuestionamientos a la titular de Vivienda por sus presuntos vínculos con el centro de inspección Yabucoa Auto Service HM, al que se le atribuye la emisión fraudulenta de cientos de marbetes. Fue precisamente el DTOP la agencia que emitió informes detallando problemas con marbetes y certificados de inspección irregulares en ese establecimiento.

“Estamos ante una situación que lacera profundamente la confianza de nuestra gente en las instituciones gubernamentales. No se trata meramente de un negocio privado, sino del posible uso de influencias”, señaló el representante Torres a través de declaraciones escritas.

“La secretaria Pérez Peña tiene que explicarle a la Cámara, bajo juramento, si utilizó su poder para obtener tratos preferenciales”, agregó, al cuestionar también si la funcionaria ordenó el despido de un empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, intervino con la administración del referido negocio.

La secretaria ha estado en el ojo público desde que el programa Los Datos son Los Datos revelara que su nombre figuró como propietaria del local en cuestión.

Pérez Peña, no obstante, declaró hoy en una entrevista radial (WKAQ-580) que el negocio “familiar” era administrado por su padre y no por ella.

“No pueden decir que soy empleada de allí, que me han visto”, sostuvo, al tiempo que aseguró que no renunciará a su cargo.

La representante Vargas, por su parte, hizo un llamado a la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que apruebe la medida. “El país merece saber si hubo represalias contra un inspector por el mero hecho de denunciar un esquema de fraude”, sentenció.

Además de la interpelación, los legisladores radicaron la semana pasada un referido ante el Departamento de Justicia para que se determine si existieron irregularidades o actuaciones impropias relacionadas con el centro de inspección en Yabucoa, así como la posible utilización de una posición pública para beneficio propio o de terceros.

El Departamento de Justicia, a su vez, remitió el caso a la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) para su evaluación correspondiente.

Hasta el momento, no se han hecho públicas las conclusiones de la dependencia ni se ha informado si se abrirá una investigación formal.