El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, exigió este martes a una larga lista de funcionarios de gobierno, que incluye la gobernadora Wanda Vazquez, a que identifiquen públicamente a la persona o personas que ordenaron una compra con empresas que no se dedicaban al manejo de productos médicos de sobre $40 millones en pruebas para detectar el coronavirus.

“Sobre el contrato para la compra de las ‘pruebas’ del COVID-19, no hay que darle vueltas al asunto o evadir el tema. El Departamento de Seguridad Pública, señor Pedro Janer; el Departamento de Salud, doctor Lorenzo González; el Departamento de Justicia, licenciada Dennise N. Longo, y La Fortaleza, honorable Wanda Vázquez, tienen que identificar y decirle al pueblo de Puerto Rico quién o quiénes dieron la orden para proceder con una compra de esa magnitud y en las circunstancias que se generó esa ‘compra’”, subrayó el líder senatorial.

Según publicó El Nuevo Día el gobierno comprometió más de $40 millones en compras de pruebas rápidas para detectar la enfermedad a empresas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, pero vinculadas al partido de gobierno. Estas empresas fueron identificadas como el el Grupo Lemus y con las empresas Apex Contratistas Generales y 313 LLC.

También trascendió que el costo de las pruebas era muy por encima de su valor en el mercado y sin ninguna garantía de que el gobierno de Estados Unidos autorizaría su uso en Puerto Rico.

Según Rivera Schatz, “el trabajo y esfuerzo excepcional que hace el gobierno de Puerto Rico no puede palidecer por las acciones cuestionables de ‘alguien’. El asunto tendrá punto final cuando se informe quién fue el responsable y se tomen las acciones de rigor. Una decisión como esa, un contrato de esa magnitud no nace de forma silvestre ni por combustión espontánea. Se tiene que aclarar ese asunto para evitar que lo conviertan en la distracción que no hace falta en estos momentos”.l.

Según publicó El Nuevo Día el gobierno comprometió más de $40 millones en compras de pruebas rápidas para detectar la enfermedad a empresas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, pero vinculadas al partido de gobierno. Estas empresas fueron identificadas como el el Grupo Lemus y con las empresas Apex Contratistas Generales y 313 LLC.

También trascendió que el costo de las pruebas era muy por encima de su valor en el mercado y sin ninguna garantía de que el gobierno de Estados Unidos autorizaría su uso en Puerto Rico.

Según Rivera Schatz, “el trabajo y esfuerzo excepcional que hace el gobierno de Puerto Rico no puede palidecer por las acciones cuestionables de ‘alguien’. El asunto tendrá punto final cuando se informe quién fue el responsable y se tomen las acciones de rigor. Una decisión como esa, un contrato de esa magnitud no nace de forma silvestre ni por combustión espontánea. Se tiene que aclarar ese asunto para evitar que lo conviertan en la distracción que no hace falta en estos momentos”.

Hasta el momento, la gobernadora Vázquez pareció haber responsabilizado a la pasadas administraciones de Salud por el asunto.

“Ninguna intervención (de mi parte), eso es una función del Departamento de Salud, (la compra) la hizo el Departamento de Salud. No tenía por qué dudar de las actuaciones que tomaron los secretarios y la secretaria interina (en referencia a los extitulares Rafael Rodríguez Mercado y Concepción Quiñones de Longo). Al contrario, entiendo que son personas que conocen su trabajo, así que confío en el funcionamiento de estos secretarios”, sostuvo el pasado domingo.