La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón aceptó hoy que la agencia falló al autorizar el pase de salida del feminicida Hermes Ávila Vázquez, quien fingía ser parapléjico y a un año y cuatro días de estar en la libre comunidad se le imputa el asesinato de Ivette Joan Meléndez, el pasado 22 de abril, en Manatí.

“Reconozco y acepto que se produjo un fallo significativo en nuestro sistema, especialmente en la evaluación médica que permitió que una persona manipulara una alegada condición de salud para obtener beneficios indebidos”, dijo Escobar Pabón, quien declaró bajo juramento en una vista pública que se prolongó por más de cuatro horas.

“Este error tuvo consecuencias devastadoras, culminando en un acto de violencia que nos ha marcado a todos”, sostuvo la funcionaria.

La Titular del DCR compareció este viernes de forma puntual, so pena de desacato, a la vista pública conjunta de las comisiones de Salud Mental y Contra la Adicción y de lo Jurídico del Senado, que indagan sobre las irregularidades que rodean la excarcelación de Ávila Vázquez el 19 de abril de 2023, quien cumplía una condena de 122 años de prisión por el asesinato de otra mujer en Caguas, en 2005.

“Como Secretaria de Corrección asumo la responsabilidad de asegurar que nuestro sistema funcione con la mayor integridad y eficacia. Estoy comprometida en implementar los cambios que sean necesarios para prevenir que tales fallas se repitan”, indicó.

Rechazó haber autorizado la salida de Ávila Vázquez mediante el Programa de Pase Extendido por Condición de Salud.

“Nunca, no lo autoricé, fue Celia Cosme, la directora del Programa de Desvío Comunitario”, sostuvo. “Yo no firmé la autorización para que fuera excarcelado ni el caso se discutió conmigo para que tuviera ese privilegio”, dijo Escobar Pabón. Agregó que Cosme había sido autorizada por el ex secretario, Erick Rolón “y siendo la empleada sumamente juiciosa, no le quité esa delegación”.

Fuera del salón de la vista, a preguntas de periodistas, la Titular del DCR dijo que la enfermera del DCR, quien no ha sido identificada, y que se alega mantenía una relación amorosa con el convicto Ávila Ayala, se valió de una amiga para que el hombre tuviera un hogar en la libre comunidad para poder acogerse al Programa de Pase Extendido.

“La enfermera no es la misma persona que ofreció su hogar para recibir, es amiga de la enfermera”, dijo para explicar que iniciarán un proceso de acción disciplinaria contra la empleada.

“Esta semana hemos estado verificando los testimonios de varias personas y confirman que esta persona tenía una relación íntima con este miembro de la población correccional, asunto prohibido dentro de los empleados del DCR, mucho menos si se han conocido dentro del sistema correccional”, sostuvo la Secretaria.

No descartó que la enfermera haya sido cómplice del convicto para burlar el sistema carcelario. “Estamos investigando todos los ángulos, aquí no se descarta absolutamente nada”, dijo.

A la vista pública a casa llena, en el Salón María Martínez de Almiroty, del Senado, asistieron 16 senadores y senadoras de todos los partidos. También el salón estuvo atestado de funcionarios, asesores y periodistas.

La comparecencia de la funcionaria se dio luego de no presentarse a dos citaciones que le hicieran las comisiones senatoriales y ayer jueves, el juez Alfonso Martínez Piovanetti, le ordenó presentarse a la vista pública so pena de desacato civil.

Escobar Pabón dijo hoy que había entregado “los documentos” que le requirieron las comisiones legislativas, entre estos, un listado de los convictos que han solicitado acogerse a la Ley 25 desde 2000 hasta el presente. Detalló que se le ha otorgado el beneficio de pase a unos135 reos, de los cuales actualmente hay 21 activos y solamente, se le ha revocado el privilegio a dos, incluido Ávila Vázquez.

-¿Cuál fue la condición por la cual se liberó a Ávila Vázquez?, le preguntó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Conforme a los documentos que obran en el expediente, este caballero desde 2009 presentaba paraplejia, certificada así por los paneles médicos que lo atendieron. Desde 2013 se certificó que esta persona presentaba paraplejia, vejiga neurogénica y asma bronquial. Además, se incluyó (en sus expedientes) enfermedades como hepatitis “C” y Síndrome Degenerativo Cervical”, respondió la secretaria del DCR.

Sostuvo que las evaluaciones médicas al convicto fueron hechas por la compañía Phisician Correctional.

“Estamos ante una persona maquiavélica, todos los paneles coincidieron en que esta persona tenía paraplejia y resulta que la persona finalmente podía caminar”, dijo Escobar Pabón. “Según empleados de Corrección camina en todo momento”, añadió.

La funcionaria declaró que con relación a los aspectos médicos que reclamó el convicto, luego de la auditoría realizada por la firm UTI Corp, “se pudieron constatar inconsistencias en la documentación médica, discrepancias en diagnósticos y ausencia de evidencia médica que confirme los mismos”.

El senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), cuestionó el desempeño del panel de médicos de Physician Correctional que intervino en el proceso y preguntó sobre el status del contrato del DCR con la compañía privada. Escobar Pabón respondió que si confirman que hubo “un fallo”, estarían en disposición de cancelar el contrato.

En su turno, el senador José Vargas Vidot desmenuzó las alegadas condiciones limitantes que le fueron diagnosticadas el convicto, poniendo en duda la gravedad del diagnóstico, pues dijo que se trata de condiciones generalizadas. “La vejiga neurogénica es incontinencia urinaria y no es una condición limitante para nada... Nadie necesariamente se muere por el síndrome degenerativo cervical”, sostuvo el salubrista.

A preguntas de la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, la Secretaria del DCR no pudo decir si a Ávila Vázquez se le hizo una evaluación psicológica como parte del proceso de su liberación.

Escobar Pabón dijo que tras ser excarcelado, Ávila Vázquez fue visitado en cuatro ocasiones en un año por la oficial sociopenal, y que las visitas se hacen constar en informes que fueron requeridos por las comisiones legislativas.

“Creo en la rehabilitación y la justicia restaurativa, pero tiene que haber un balance entre la protección víctimas y testigos y las personas privadas de libertad”, sostuvo por su parte la senadora Ana Irma Rivera Lassén.

“Aunque usted haya aceptado lo que otra persona antes que llegara usted hizo, que fue delegarle a otra persona que firmara el beneficio de ese pase, lo cierto es que sigue siendo su responsabilidad. El concepto nuestro es que esto es responsabilidad vicaria y la ley es clara, eso es indelegable”, sostuvo la legisladora del MVC.

Por su parte, el portavoz novoprogresista, Thomas Rivera Schatz elogió el desempeño de Escobar Pabón en el cargo y propuso que sea un ente independiente al DCR el que autorice estas salidas.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve reclamó por su parte, que la interpretación de la Ley 25 fue incorrecta.

El portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau cuestionó que del expediente no surge que el DCR se haya comunicado con las víctimas y sus familiares antes de liberar al convicto. “Hubo negligencia porque no se cumplió con todos los requisitos al momento de otorgar esta salida”, sostuvo el senador.