El Senado aprobó hoy una resolución para que las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez y de Educación, Turismo y Cultura investiguen el cumplimiento de siete leyes, aprobadas entre 1996, 2002, 2014 y 2018, que deben garantizar los servicios públicos a la comunidad sorda en el País.

La autora de la Resolución 68, Elizabeth Rosa Vélez, destacó los tropiezos que enfrenta esta comunidad en el diario vivir y cómo la falta de acceso a los servicios se les ha complicado con la pandemia del COVI-19.

La senadora aludió a los reportajes que reseñó Primera Hora en su portada de hoy que ilustran las penurias de ciudadanas y ciudadanos sordos ante la imposibilidad de comunicarse cuando requieren servicios en hospitales y la hora de hacer gestiones en las agencias de gobierno.

“Los sordos son los discapacitados invisibles. Al ser una discapacidad que no se ve, reciben muy poca atención del gobierno y la sociedad… Son una comunidad invisible y no sabemos que son sordos hasta que les hablamos”, sostuvo Rosa Vélez.

Dijo que en las últimas tres décadas se han adoptado varias iniciativas legislativas en beneficio de la comunidad sorda “que no han tenido ningún efecto y esto quedó evidenciado con la lamentable muerte de la joven Janet Viera”, quien en enero pasado, luego que le removieran a sus hijos se quitó la vida sin poder entender qué ocurría, ni tampoco poder explicarse porque no podía comunicarse.

“Si todo lo que están en esas leyes se cumpliera tuviéramos a una comunidad sorda un poco más protegida”, expresó en un turno la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, quien dijo que se trata de los derechos humanos de las personas con diversidad funcional.

“No basta con aprobar leyes como hemos visto, lo importante es el cumplimiento”, sostuvo la legisladora.

Una de las referidas leyes (Ley 136 de 1996) obliga a todas las agencias del gobierno a proveer un intérprete que asista y atienda a las personas con retos auditivos que le impidan comunicarse oralmente.

Otra de las leyes (Ley 80 de 2002) requiere la utilización de mensaje de señas y el sistema “close caption) en todos los noticiarios.

También, la Ley 173 de 2018, establece la Carta de Derechos del Comunidad Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo, que obliga al gobierno a garantizar y promover igualdad en el acceso a la educación por medio del lenguaje oral o de señas y la Ley 174 de 2018, viabiliza el acceso a la justicia de las personas que padecen de condiciones que impidan su comunicación efectiva.