¡No se va!

Luego de que el Departamento de Justicia confirmara que recibió un referido para investigar a la secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, por presuntas irregularidades en un centro de inspección —al que se le vincula y se le atribuye la emisión fraudulenta de cientos de marbetes—, la funcionaria aseguró este miércoles que no renunciará a su cargo.

En entrevista telefónica con WKAQ-580, Pérez Peña reiteró que el negocio señalado es de carácter “familiar” y sostuvo que está completamente desvinculada de la administración del centro de inspección Yabucoa Auto Service HM, aunque su nombre figuró como propietaria en documentos oficiales.

Los cuestionamientos en la operación del centro Yabucoa Auto Service HM llegan luego de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) emitiera informes en los que detallaba que allí se detectaron certificados de inspección irregulares correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2023.

“Yo no le he mentido al pueblo de Puerto Rico, yo fui clara. Yo en todo momento he aceptado que fui dueña registral del mismo, pero no estaba vinculada a las administraciones de ese negocio... Eso en los foros pertinentes se va a demostrar”, explicó Pérez Peña en el referido espacio radial.

“No pueden decir que soy empleada de allí, que me han visto”, agregó.

La titular de Vivienda continuó diciendo que no ha estado escondida desde que se conoció sobre el referido a Justicia, sino que ha continuado “trabajando” y rechazó haber cometido actos ilegales.

“Yo no voy a renunciar. Esta servidora no ha cometido nada ilegal. Yo estoy haciendo un gran trabajo”, expresó.

El referido al Departamento de Justicia fue presentado por los representantes Swanny Enit Vargas y Ramón Torres Cruz, ambos del Partido Popular Democrático (PPD), quienes solicitaron que se determine si existieron irregularidades o actuaciones impropias relacionadas con el centro de inspección en Yabucoa y la posible utilización de una posición pública para beneficio propio o de terceros.

El Departamento de Justicia, por su parte, remitió el caso a la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) para la evaluación correspondiente. Hasta el momento, no se han informado públicamente las conclusiones de esa dependencia ni si se iniciará una investigación formal.