La licenciada Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal, calificó como un asunto de derechos humanos su solicitud para que se traslade a la Institución Juvenil de Ponce a su clienta Anthonieska Avilés Cabrera de 17 años, mientras continúan los procesos judiciales junto a su progenitora Elvia Cabrera Rivera de 40 años, por el crimen a puñaladas de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

“Para nosotros es preocupante, para nosotros también se trata no solo de cuanta especialidad pueda tener la institución juvenil, sino que también se trata de un asunto de derechos humanos, de humanidad, con relación a esta persona. La dignidad de un ser humano es inviolable, por supuesto, y lo dice la Constitución, nuestros procesos deben tender a la rehabilitación y de nuevo estamos hablando de una persona menor de edad, demasiado joven para lo que está enfrentando y exponiéndose en tan poco tiempo”, observó la licenciada.

El pasado martes 2 de septiembre, Jiménez Emmanuelli radicó una moción para el traslado inmediato de la menor a una institución juvenil la cual se discutió durante una vista sobre el estado de los procedimientos que se llevó a cabo en la sala de la jueza Marielem Padilla Cotto.

“No se discutió en sus méritos, se le planteó al tribunal en resumen lo que estábamos solicitando y el Ministerio Público informó que no se oponía a la petición que hacía la defensa, pero sugería que se escuchara lo que tuviera que decir el Departamento de Corrección sobre este asunto”, explicó Jiménez Emmanuelli, quien no ve la razón por la que causó tanto revuelo la petición.

El próximo 8 de septiembre se llevará a cabo una vista especial en el Tribunal de Aibonito, en la que la abogada espera que se les permita plantear sus argumentos, que la agencia se exprese y que contesten preguntas que puedan surgir de todas las partes, ya que entiende que la razón por la que no la reciben es porque los documentos de este trámite administrativos se refieren al procesamiento de un adulto.

Además del argumento de seguridad, la licenciada resaltó que es importante que la menor reciba un tratamiento especializado para una menor de edad, ya que la institución tiene un componente social, emocional y académico que atienden personas hasta los 21 años.

“Como surge de la propia moción ella está ubicada en un área en el Centro Médico Correccional y nos parece que un hospital para adultos no es el lugar para tenerla. Es un hospital, no es un lugar de seguridad. La institución juvenil cumple con el mandato constitucional de brindarles educación incluso a los adolescentes que están en detención preventiva y ella es una persona que de ordinario estaría cursando el cuarto año de escuela superior”, sostuvo Jiménez Emmanuelli.

Detalló que, en la institución de Ponce, alberga niñas y no es solo una de detención de varones. Tiene un área que se llama Puertas que atiende adolescentes en cumplimiento de medidas dispositivas para estabilizarlos en términos de salud mental, o sea, que es una unidad estabilizadora en la que pueden permanecer el tiempo que requiera.

Además, planteó que conoce de casos en los que se ha concedido ese traslado.

La licenciada quien lleva el caso junto a la licenciada Rocío Revelles, no adelantó sus estrategias de defensa ya que se encuentran enfrentando el proceso conforme al orden en que se les presentan los asuntos.

No obstante, en caso de que durante el proceso de vista preliminar no reclasifique el delito de asesinato en primer grado por uno menor o diferente, que le permita trasladar el expediente al Tribunal de Menores, se evaluaría si procede solicitar la separación del caso de la adolescente del de su progenitora.

De todos modos, ante ese escenario, la adolescente sería trasladada a una institución juvenil, lo que plantea que no habría inconvenientes.

“Vamos paso a paso y una vez el Ministerio Público comience a presentar su prueba pues nosotros tenemos todas cartas sobre la mesa de cuáles son las mejores alternativas y cuál sería el siguiente paso”, respondió.

La menor y su progenitora han sido blanco de amenazas y en la víspera de la vista sobre el estado de los procedimientos la tía de la jovencita, que también recibió textos de esa índole, fue herida con un arma punzante en su residencia en Aibonito. Las autoridades no han vinculado el atentado con el caso.

Se separaron las fechas del 18, 25 y 30 de septiembre y el 2 de octubre, para la vista preliminar.

Los hechos por la que la menor y su madre están acusadas ocurrieron la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes que culminó con el asesinato con un objeto punzante contra la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, luego del cierre de una fiesta de verano auspiciada por el municipio.

Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas de Fuego, por la portación y uso de armas blancas y se encuentran encarceladas, por separado y aisladas de la población penal, en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $1 millón que le señaló a cada una la jueza Valery Telles Telles.

El Departamento de Justicia ha indicado que todavía la investigación no ha concluido y que se disponen a radicar más cargos criminales.