Una desestimación del cargo menos grave por el cual la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se declaró culpable en el foro federal es lo que espera su abogado de defensa que ocurra, ante la decisión del presidente Donald Trump de exonerarla del caso por presunta persecución política, reveló su abogado Peter John Porrata.

En entrevista con Primera Hora, el letrado precisó que “hemos asumido la postura que hasta que el caso no se desestime formalmente no vamos a hacer comentario alguno”.

Sin embargo, cuando se le preguntó si tienen constancia de que Trump dará el indulto. De inmediato, respondió: “La información que tenemos es que sí”.

“Una cosa es que él quiera indultarla, que todavía no sabemos ni en qué etapa lo va a hacer, si lo va a hacer antes de que la sentencien o después de que la sentencien. Ante eso, no podemos hacer comentario alguno, porque no sabemos qué es lo que va a pasar”, añadió.

El abogado aceptó que no han tenido comunicación con la Casa Blanca para que se le precise qué ocurrirá con el caso, tras la decisión de Trump.

No obstante, Porrata dio detalles generales de lo que se espera ocurra, luego de que trascendiera que Vázquez Garced y los coacusados en su caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini, recibirán el perdón del presidente de los Estados Unidos.

Planteó, en primera instancia, la posibilidad de que la Fiscalía federal solicite a la jueza federal Silvia Carreño Coll que desestime el caso contra los tres coacusados previo a la vista de sentencia, fijada para el 29 de enero.

“O sea, que lo que yo pienso es que lo que debiera pasar es que se desestime antes de que la sentencien”, sostuvo.

Pero, si en el peor de los casos, la exgobernadora es sentenciada, “lo que procede es el indulto”, añadió Porrata.

Se le preguntó cuándo fue que el trío acudió ante Trump para solicitar la clemencia presidencial. Tampoco quiso dar detalles.

“No queremos hacer comentario alguno, porque no sabemos qué es lo que va a hacer el presidente”, indicó.

Asimismo, el abogado explicó que esta intervención de Trump tendría como efecto que, para finales legales, la exgobernadora “no ha cometido delito alguno”.

Sin embargo, Porrata insistió a que “nuestra cliente no ha cometido delito alguno. Simplemente, la oferta que se nos hizo a nosotros de un delito menos grave lo que hace es que abarratar el proceso del caso y ante esa oferta, no pudimos decir que no. Pero, la gobernadora nunca ha recibido una cintilla de dinero, entiendese de soborno alguno”.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La vista de sentencia de los acusados está pautada para el 29 de enero. Quedaría sin efecto si finalmente se concede el indulto.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.