Esta es la tercera y última entrega de una serie que analiza la otorgación del recurso de hábeas corpus durante la pandemia y sus repercusiones.

La histórica limitación de servicios en los procesos judiciales del país – adjudicada en gran medida a la crisis de salud por la pandemia del COVID-19- va más allá de que se haya tenido que liberar mediante el recurso de hábeas corpus a cientos de confinados sumariados y se extiende al peligro que supone que la nueva norma de llevar a cabo procedimientos por videoconferencia provoca que penda de un hilo la garantía y derecho constitucional que tienen los acusados a un debido y justo proceso de ley.

Así lo manifestaron a Primera Hora varios abogados que litigan en diversas regiones judiciales del país, al expresar que la pulcritud que deben regir los procesos penales se ha visto lacerado por fallas en los mecanismos establecidos de salud y seguridad que se han impuesto en las salas a instancias de medidas propuestas por la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC) y el Departamento de Salud.

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Los entrevistados aseguran que el retorno a parcial a las labores de la Rama Judicial no se ha dado conforme a la norma y reiteraron que la dinámica está muy distante de la normalidad.

“Las situaciones que he vivido en tribunales, incluyendo algo que me ocurrió hoy, desmiente toda esa farsa impresión que la Administración de Tribunales quiere darle al proceso en términos de que los trámites judiciales siguen normales…nada más lejos de la verdad”, acotó la licenciada Mayra López Mulero.

La reconocida abogada ejemplificó las irregularidades en el sistema mencionando un caso que atendió recientemente de un proceso de Regla 6 (vista de causa para arresto) que se llevó a cabo desde un cuartel de la región de Carolina y con la participación por videoconferencia de los abogados y fiscales. En el proceso se entrevistaron a dos testigos, por lo que la defensa instó a la magistrada a que la vista se grabara. El juez que evaluó el caso no encontró causa para arresto, lo que provocó que el Ministerio Público solicitara una nueva vista en alzada. Fue durante ese nuevo proceso que la licenciada López Mulero, procurando la mejor representación para su cliente, solicitó a la jueza que le entregaran la grabación de la vista que se llevó a cabo en el cuartel.

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“Solicitamos a la jueza la entrega de la grabación porque es un instrumento importante en el contrainterrogatorio… en ese momento se nos indica que no hay grabación… aparentemente, la máquina -la computadora o sistema utilizado- no grabó”, explicó al agregar que ese contenido es importante para poder encarar a los testigos y garantizar a su cliente un debido proceso de ley.

Buscando alternativas que protejan los derechos constitucionales de su representado, la abogada sugirió varias alternativas, entre estas: que la jueza que vio el caso inicialmente entregue los apuntes que hizo del caso -particularmente de las entrevistas a los testigos- o que los fiscales entreguen copia de las declaraciones juradas de los testigos. A esto último la fiscalía se opuso porque es un proceso que, de ordinario, se da en el proceso de descubrimiento de prueba en etapas judiciales posteriores. Mientras tanto, el desenlace de este lío por fallas técnicas en el proceso queda en suspenso.

“Este ejemplo ilustra el estado caótico que hay en los tribunales… elementos que van en contra de un juicio justo y en cumplimiento de los derechos constitucionales. Y esta no es mi realidad, es la realidad de los abogados que diariamente vamos al tribunal. Aquí no se puede hablar de que los trabajos se llevan a cabo de manera normal porque eso no es correcto y los jueces y los alguaciles lo saben”, sostuvo López Mulero al augurar que los retrasos acrecenterán más debido a los escollos que ha mencionado.

Responsabilizó a Salud, OAT y DCR de lo que acontece en los tribunales asegurando que “a espaldas de la clase togada se reunieron para crear la normativa administrativa que hoy choca con la carta de derechos fundamentales de los acusados”.

Por su parte, el abogado criminalista Ricardo Prieto, quien litiga en tribunales del área este dijo que los protocolos impuestos en el órgano judicial “afecta la integridad con la que debe transcurrir el proceso”.

Por ejemplo, mencionó que el hecho de que los acusados estén en una sala desde una institución penal lacera las garantías de que se lleve a cabo un proceso pulcro. “Si tenemos que consultar algo con ese cliente, ¿quién me garantiza que realmente se está asegurando una confidencialidad?”, cuestionó.

Mencionó que en el caso de testigos entrevistados a distancia “cuesta evaluar la credibilidad”. “No sabemos lo que ocurre tras cámaras, no sabemos si a ese testigo le están pasando alguna información en un papelito, por ejemplo… no hay garantías de confiabilidad”, acotó.

Aunque reconoció el esfuerzo que realizan los jueces que atienden las diversas etapas de los procesos judiciales, dijo que la problemática surge cuando hay fallas técnicas involuntarias a estos.

“En más de la mitad de los procesos que he participado ha habido problemas de conexión… lo que en general tomaba 30 minutos, ahora fácil le toma a un juez casi dos horas”, manifestó.

La autenticidad de las pruebas también se ve afectada, expresó Prieto. “Toda esa prueba que los fiscales pueden traer a una vista -ya sea fotos, recibos, lo que sea- cómo la puede evaluar un abogado. ¿Cómo valido que es auténtica en una videoconferencia?”, cuestionó.

Acotó que en el caso de los juicios por jurado se han tenido que aplazar por la dificultad “que hay para lograr que los candidatos puedan comparecer al tribunal, entre otros factores”, aun cuando hay unas guías establecidas a estos fines.

Aclaró, en cambio, que los juicios por jurado que ya se había constituido el panel de juristas los están citando y atendiendo velando por el distanciamiento físico.

De otra parte, el abogado Marcos Ramos, quien acostumbra a litigar en Carolina, denunció los “problema” que han confrontado para tener una preparación adecuada, por ejemplo, para las vistas preliminares.

“No podemos ver a nuestros clientes… los vemos a través de una pantalla fría. Los clientes no pueden sentarse con su abogado a contar su versión de cómo ocurrieron los hechos. Ese derecho de abogado/cliente, protegido por ley, no se está llevando a cabo de forma justa ¿Qué garantía tiene esa persona de que tendrá una defensa adecuada? Tengo que decir que se está cometiendo una injusticia masiva en este país a cuesta de una pandemia. Los acusados no están teniendo un juicio justo e imparcial”, aseveró.

“El meollo está ahí… no hay relación abogado/cliente algo tan esencial para garantizar una representación responsable”, insistió.

En términos de fallas técnicas sostuvo que son “constantes”. “La tecnología no es perfecta y se convierte en un problema porque los instrumentos del sistema se caen en muchas ocasiones a mitad de un testimonio y se quedó el abogado con un contrainterrogatorio a mitad, se pierde la línea hasta que se resuelva el problema, si es que se resuelve. De hecho, he tenido casos que se han tenido que suspender… eso son retrasos que en algunas instancias inducen a la injusticia porque justicia tardía, no es justicia”, señaló.

Pese a las críticas y señalamientos, dos jueces activos en los tribunales de la Isla defendieron los procedimientos adoptados y afirmaron que, con todo y los contratiempos que han surgido y que pudieran surgir, es una respuesta adecuada ante los desafíos de salud y seguridad que han surgido con la pandemia del Covid-19.

El juez superior Alfonso Martínez Piovanetti, que trabaja en una sala de recursos extraordinarios de San Juan, y el juez Ricardo Marrero Guerrero, juez administrador de la Región Judicial de Caguas y quien labora en una sala de asuntos criminales, detallaron sobre los ajustes que han tenido que hacer las cortes, aclarando que, según disponen los cánones de ética judicial, sus expresiones públicas son en su carácter personal y no representan expresiones de la rama judicial y el resto de los jueces, funcionarios y empleados de la rama.

El juez Marrero indicó que, en efecto, la pandemia “ha provocado que se haya incurrido en una cantidad de casos de hábeas corpus mayor de lo habitual”, pero recordó que esas liberaciones bajo condiciones similares a las de imputados que pagan sus fianzas, “se hacen según dispone la Constitución”.

“La Constitución es lo que nos rige, y dispone que ninguna persona puede estar sumariada por más de seis meses previo a la celebración de juicio. Eso es una garantía constitucional y que fue validada de forma clara por el Tribunal Supremo en un caso del 2018. Es un caso muy importante porque se validó la aplicación de ese término aun en el contexto de la devastación e interrupción de operaciones ordinarias por los huracanes Irma y María. En ese caso se validó la garantía constitucional y el imputado fue excarcelado”, afirmó el juez Marrero.

Agregó que, tomando eso en cuenta, los jueces están actuando según disponen la Constitución y la carta de derechos al momento de acoger los recursos de habeas corpus. “La Constitución es la ley suprema, no podemos hacer ninguna interpretación diferente a esa. Estamos obligados a seguir la jurisprudencia”.

El juez Marrero explicó como parte de las medidas adoptadas para poder continuar las operaciones y procesos judiciales durante la pandemia, se adoptó la videoconferencia. Aclaró que esa forma de comunicación ya se había empezado a usar en algunos procesos, pero “cuando sorprende la pandemia, la rama judicial potenció ese mecanismo. Y nos ha permitido desde entonces atender sobre 40,000 asuntos”.

Aseguró que “la rama judicial ha sido bien proactiva y los tribunales han estado trabajando”. Al mismo tiempo, se han ido entrenando a jueces y funcionarios sobre el uso de la tecnología y se han establecido acuerdos con la Policía y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para poder celebrar las vistas de causa para arresto con la participación de imputados de manera virtual desde cuarteles e instituciones penales.

“El comienzo de la pandemia en marzo obligó al cierre de todas las instituciones. Pero ya para el 19 de marzo, se anunció el sistema de videoconferencias para atender de forma remota los asuntos urgentes en los tribunales”, agregó el juez Martínez.

Destacó que, gracias a la adopción del sistema de videoconferencias se pueden atender hoy de manera casi inmediata asuntos que antes tomaban más tiempo y exigían gestiones presenciales de víctimas de delitos. Ahora, sostuvo, una víctima de violencia doméstica puede comunicarse desde su casa o desde un albergue con un mensaje electrónico, y se puede atender de inmediato. Lo mismo ocurre con casos de personas con problemas de salud mental.

“O sea, que el acceso a la justicia se ha ampliado gracias a esa tecnología”, defendió el juez Martínez. “Y claro que han surgido retos. Es algo que requiere capacitación, que requiere que fortalezcamos nuestras destrezas en el uso de la tecnología. Y lo he visto, abogados que le tenían resistencia a eso, que es algo natural, ya están mucho más dispuestos a usarlo”.

Opinó que entre los casos criminales hay un poco más dificultades porque esa área todavía no se lleva de manera computarizada, e incluso “hay abogados criminalistas que aún te dicen que no usan computadora, pero ya reconocen que tienen que adaptarse a los tiempos”.

Marrero recordó que, en cambio, en los procesos civiles “ya todo está digitalizado”. En cambio, en los procesos penales, que se originan en la policía y el Departamento de Justicia e involucran también al DCR, “no todo está en control de la rama judicial. Y quizás no se ha podido implementar toda esa tecnología”.

Resaltó que en abril pasado se duplicó el ancho de banda en todos los centros judiciales para facilitar los procesos virtuales, pero todavía ocurre que la otra parte quizás no tiene capacidad suficiente para mantenerse conectado a una videoconferencia. Algunos abogados, particularmente en al ámbito penal, optan por lo que llaman vista híbrida, y acuden al tribunal para aprovechar la tecnología disponible allí.

“Pero siempre hay alternativas. Y si en una vista hay problemas técnicos, el juez tiene que detener la vista y buscar remedios. Siempre digo que si hay problemas, hay que buscar alternativas. Se puede habilitar salones virtuales en el tribunal, si el abogado no tiene capacidad (tecnológica), se lo habilitamos”, sostuvo Martínez. “No podemos controlar el asunto de la señal, puede ser un problema de Corrección. Pero he celebrado cientos de vistas y solo una o dos veces he tenido que detener poro la vista por ese asunto”.

El juez Marrero insistió en que se han celebrado más de 40,000 procesos, “y la vasta mayoría se han podido llevar a cabo y salvaguardando los derechos de los imputados. Así que no podemos generalizar. Es una época de cambios tecnológicos y puede que haya algún fallo puntual, pero en la mayoría de los casos se puede cumplir”.

Agregó que aunque se haga un proceso por video conferencia, “eso no cambia los derechos sustantivos y procesales”, y aplican las mismas disposiciones que había con los procesos presenciales.

“En mis procesos, todo el mundo está conectado con sus equipos, y funciona. Y se le instruye a los jueces que tienen que estar bien pendientes a todo lo que está ocurriendo. Y si es necesario pido que muevan la cámara. Y les instruyo que tienen que seguir todas las instrucciones, so pena de recibir sanciones”, insistió Martínez.

Añadió que, en el ámbito civil, donde está funcionando mejor la tecnología, incluso ha permitido un manejo más eficiente del tiempo, ya que permite a las partes ahorrarse tener que acudir al tribunal y están listos al otro lado a la hora citada.

Ambos reconocieron y defendieron la importancia de mantener una comunicación efectiva y privada entre abogado y cliente, y aclararon que esa preocupación se ha atendido utilizando mecanismos disponibles en los programas de videoconferencia, que permiten separar a dos participantes a lo que sería un cuarto privado para conversar. Aclararon que además esas comunicaciones son “encriptadas y seguras”. Además, el DCR ha adoptado protocolos para asegurar la confidencialidad de esos procesos remotos. De cualquier forma, si, por ejemplo, un confinado sintiera que está ocurriendo algo inusual, puede decirlo y el juez tomaría medidas de inmediato.

Otro asunto que también ha requerido atención particular son los procesos de selección de jurado y los juicios por jurado, toda vez que, siguiendo las recomendaciones médicas para reducir el riesgo de contagio, no puede haber concentración de muchas personas en un espacio limitado.

Para los juicios por jurado, explicaron los jueces, se han adoptado unas guías que establecen un orden de prioridad para llamar los casos. Primero se llaman aquellos casos donde hay una persona sumariada, luego casos en los que ya comenzó el desfile el desfile de prueba, y luego los casos en que ya se habían citado paneles de jurado.

Al momento, no obstante, es que solo se lleve a cabo un juicio por jurado, de manera que no haya procesos simultáneos corriendo en un tribunal.

En cuanto a los procesos de selección de jurado, se pueden hacer por videoconferencia y de forma híbrida, siempre que el acusado acepte esas variantes.

Al momento, sin embargo, no se ha contemplado que haya juicios por videoconferencia en casos de delitos graves.

“Aquí la alternativa era no hacer nada y que se paralizaran los casos. Y mientras tanto seguían corriendo los términos de habeas corpus, o incluso se desestimaban los casos. Pero nosotros confiamos que con esto vamos a cumplir nuestro rol y vamos a hacer justicia”, afirmó el juez Martínez.

“No tengo duda alguna que con el paso del tiempo todos, abogados, funcionarios judiciales, jueces, nos vamos a ir adaptando y mejorando el proceso”, agregó.

“Yo me siento tranquilo en que el sistema de justicia está caminando, y ese están atendiendo los asuntos. Se está haciendo justicia, se han dictado sentencias, se ha adelantado en procesos de descubrimiento de prueba”, aseveró Marrero.

“Y coincido con el juez Martínez, es un proceso de mejoría y renovación constante, que se vigila todo el tiempo. Y sobre los planteamientos de derechos sustantivos, pues cada juez en cada caso particular resolverá sobre la situación presentada. Pero no podemos partir de la premisa de que se están violando derechos por el mero hecho de usar la videoconferencia. Esto es algo que ha ido mejorando. Y me atrevo a apostar que también irán disminuyendo los retrasos y las excarcelaciones por habeas corpus”, agegó Marrero.

“Desde el mes pasado el Tribunal Supremo despejó las dudas sobre cómo proceder con las vistas antes del juicio, ya hay un proceso más uniformado, y debe ir corriendo mejor cada día, y salvaguardando los derechos de todas las partes. La ciudadanía puede tener confianza de que se está dando su día en corte, una corte virtual, pero que garantiza sus derechos y que los procesos se hagan de manera adecuada”, finalizó.