Luego de que el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, acudiera al Tribunal de Apelaciones en un intento de no entregar la información contributiva solicitada por el Senado contra el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, el reconocido abogado también acudió al Apelativo en un intentar por paralizar la orden dictada por la jueza superior Iris Cancio González que pudo haber revelado si contrató a otros abogados para cumplir con sus contratos con el gobierno.

En una “comparecencia especial”, el exsecretario de Justicia aparece por primera vez en el pleito, en el que el Senado pretende que se encuentre incurso en desacato a Pantoja Rodríguez por no cumplir con una petición que le hizo su presidente, Thomas Rivera Schatz, que revelaría información sobre Sagardía. Los datos se utilizarían en una investigación senatorial que se emprendió luego de que Sagardía defendiera públicamente a la exsecretaria de la Vivienda y ahora investigada por el fiscal especial independiente (FEI), Ciary Pérez Peña.

La jueza no dictó un desacato, sino que el pasado viernes le dio un plazo de 48 horas a la agencia para entregar al Senado información que contenga la confirmación o rechazo de si Sagardía preparó formularios de W-2 y/o formularios 480 respecto a los pagos realizados a empleados o contratistas independientes.

Lo que hizo Hacienda, a través de abogados del Departamento de Justicia, fue acudir ayer, lunes, al Tribunal Apelativo para que paralice la orden emitida por Cancio González, así como solicitó que evalúe el caso en sus méritos y proteja a los contribuyentes, determinando que su información es confidencial.

“En ese contexto, nuestro recurso plantea las interrogantes siguientes: ¿Puede una petición legislativa a la Rama Ejecutiva sostenerse válidamente cuando de su texto no surge cuál es el propósito legislativo, de manera que sea pueda evaluar su legitimidad y la pertinencia de la información peticionada conforme a ese propósito? ¿Es jurídicamente sostenible exigir al Secretario del Departamento de Hacienda que incumpla con su deber ministerial de mantener la confidencialidad contributiva impuesto por el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, infra, y por el derecho constitucional a la intimidad de terceros, en aras de atender un requerimiento investigativo?... ¿Puede el Senado solicitar información contributiva —incluyendo la de terceros ajenos a la investigación— sin proveerle notificación ni oportunidad de defenderse violando su debido proceso de ley? La contestación a todas estas interrogantes debe ser en la negativa”, dicta la posición de Hacienda.

Cabe destacar que Hacienda incluyó una corrección a la postura de la jueza en torno a la petición que creen les ha hecho el Senado. Aluden a que no sólo es la confirmación de si presentó o no W2 o los formularios 480.

“El requerimiento solicita “si, durante los años 2024 y 2025, Sagardía presentó formularios W-2 y/o formularios 480 respecto a los pagos realizados a empleados o contratistas independientes”; “[i]dentificación de los recipientes de dichos pagos (nombre y apellidos, o nombre legal de la entidad jurídica)”; “[así como] cualquier otra información que el Departamento de Hacienda considerara necesaria para evaluar el cumplimiento contributivo del referido contratista”, dice el documento presentado al Apelativo.

Se insistió que “la información solicitada es de carácter confidencial, pues, aun cuando no se requiera el contenido íntegro de documentos contributivos, sí se pretende acceder a datos que forman parte del ámbito protegido por el régimen de confidencialidad contributiva. Además, su divulgación implicaría revelar información sobre terceros y relaciones económicas que, por su naturaleza, están cobijadas por el derecho a la intimidad”.

Sagardía, por su parte, expuso en “comparecencia especial” que “nunca fue notificado, emplazado ni escuchado en el caso ante el Tribunal de Primera Instancia” que ordenó que se le entregue al Senado su información contributiva. Por ello, pidió a la corte que lo considere como parte del caso y que deje sin efecto la orden emitida por la jueza para que Hacienda le entregue información al Senado sobre su récord contributivo.

“Esa resolución ordenó la divulgación de sus expedientes contributivos más personales y confidenciales, incluyendo información de terceras personas, sin que mediara notificación adecuada alguna al ciudadano titular de esos documentos, sin que se le brindara oportunidad de comparecer, y sin que pudiera ejercer ninguna de las defensas constitucionales y estatutarias que le asisten en nuestro andamiaje constitucional”, alude el documento judicial sometido ante el Apelativo.