El panel sobre el Fiscal especial Independiente (FEI) asignó a los fiscales Guillermo Garau Díaz y Leticia Pabón Ortiz para investigar los presuntos delitos imputados al alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill.

Las denuncias en su contra incluyen imputaciones de acoso sexual, agresión sexual y exposiciones deshonestas.

Además de la asignación a los fiscales para la posible determinación, el panel refirió el informe para la evaluación de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) para determinar fallas en aspectos administrativos.

El pasado primero de mayo, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, anunció que la investigación preliminar de esa agencia reveló 20 posibles violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental por parte del alcalde.

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Vázquez recordó que a inicios de marzo pasado tuvieron conocimiento de una querella -en la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario de la OPFEI-,  “sobre una situación referida por una mujer policía municipal contra el alcalde”. 

El informe de 53 páginas sometido a la OPFEI contiene, “entrevistas, documentos, declaraciones juradas de situaciones narradas por dos perjudicadas, análisis legal y la recomendación de un FEI para el alcalde…”.

Vázquez explicó en conferencia de prensa que, “entendemos que existe causa suficiente para  creer que el alcalde de Guaynabo pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley, incluyendo las disposiciones a los artículos 3.1, 3.4 y 3.5 de la Ley 54 de Violencia Doméstica, que corresponden a maltrato psicológico y/o emocional contra persona con quien tuviese o haya tenido una relación consensual; maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual contra persona con quien sostuviera una relación consensual”.

El panel informó que los fiscales especiales tienen 90 días para presentar su informe sobre el caso. O'Neill ha sido representado en esta etapa de los procedimientos por el abogado Joaquín Monserrate Matienzo.