Los abogados de defensa de uno de los coacusados en el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y la Fiscalía federal insistieron ayer, martes, en que el banquero Julio Herrera Velutini sea sentenciado a finales de enero.

Esta es la segunda ocasión que se hace tal petición a favor del banquero, pero la primera vez que se une la Fiscalía federal.

En el primer pedido la jueza federal Silvia Carreño Coll determinó cambiar la fecha de la sentencia del 10 de diciembre al 8 de enero.

No conforme con la respuesta, los abogados presentaron una segunda moción en conjunto con la Fiscalía y acompañaron la petición con unos documentos médicos.

“Comparecen ahora los Estados Unidos y el acusado, Julio M. Herrera-Velutini, por medio de sus respectivos abogados, y reiteran conjuntamente su solicitud de una orden para aplazar la audiencia de sentencia, actualmente programada para el 8 de enero de 2026, al 27, 28 o 29 de enero de 2026″, dice la moción.

Se expone que el problema no está relacionado al banquero, sino a uno de sus representantes legales. Por ello, se incluyó un documento de datos médicos, que está prohibido ser accedido por el público.

El la actualidad, los convictos en este caso, la exgobernadora, el banquero y el exagente federal Mark Rossini, tienen programados ser sentenciado por la jueza federal el próximo 8 de enero.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

La acusación no llegó a juicio, dado a que la exmandataria, Herrera Velutini y Rossini se declararon culpables por una violación a leyes electorales. Específicamente, se le imputó haber violado el Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.