El exagente federal implicado en el caso criminal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó a la jueza federal Silvia Carreño Coll cambiar nuevamente la fecha de la vista para ser sentenciado.

Se trata de Mark Rossini, quien busca poder conocer la pena que deberá cumplir el mismo día que el banquero Julio Herrera Velutini.

En una moción presentada ante la corte federal, la cual alega no tiene oposición de la Fiscalía federal, el exagente federal pide aplazar la vista del 8 de enero al 29 de enero. A esta fecha fue aplazada la vista de sentencia de Herrera Velutini, debido a que su abogado no podia estar presente ese 8 de enero debido a tratamientos de salud que recibe.

Vázquez Garced, en cambio, sería sentenciada el 8 de enero, tras haberse declarado culpable junto a los mencionados coacusados por un delito menos grave.

La nueva moción alude que “aplazar la audiencia del señor Rossini hasta la misma fecha (de Herrera Velutini) favorece la economía judicial”.

Pero, más allá, pide tiempo para responder al informe presentencia.

“El Informe de Investigación Previo a la Sentencia (PSI) no fue entregado a la defensa hasta la noche del 4 de diciembre de 2025. Tras una revisión inicial, el informe requiere un análisis más extenso y prolongado de lo habitual. Contiene numerosas inexactitudes fácticas y una extensa narrativa de 27 párrafos sobre la conducta delictiva que va mucho más allá de los hechos específicos estipulados por el señor Rossini. Lo más preocupante es que el informe cita repetidamente argumentos y alegaciones de la moción de un codemandado y los atribuye erróneamente al señor Rossini, a pesar de que este nunca se adhirió ni adoptó dicha presentación. Esto crea una carga significativa, obligando al abogado a dedicar tiempo a desmantelar una narrativa que no tiene nada que ver con el señor Rossini”, dice la moción.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

La acusación no llegó a juicio, dado a que la exmandataria, Herrera Velutini y Rossini se declararon culpables por una violación a leyes electorales. Específicamente, se le imputó haber violado el Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

Cabe destacar que el juez Francisco Besosa citó a estos coacusados para una vista para el 16 de diciembre. No obstante, ayer, martes, decidió cancelarla sin establecer una razón.