La jueza Silvia L. Carreño Coll reprogramó para el 29 de enero la vista de sentencia contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable por violaciones a las normas de financiación de campañas mediante un acuerdo con el Departamento de Justicia Federal. Ese mismo día serán sentenciados el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini, coacusados junto a la exgobernadora.

El cambio de fecha (el cuarto que se produce) responde a una moción presentada por la defensa de Vázquez Garced, que alude que sentenciarla el 8 de enero, fecha en que estaba programada su vista, “sería prematuro y podría resultar en una injusticia manifiesta”.

En su resolución, Carreño Coll establece que “la Sra. Vázquez Garced presentó su declaración de culpabilidad de conformidad con un acuerdo de culpabilidad por paquete con otros dos acusados. En consecuencia, el Tribunal entiende que sentenciar a todos los acusados involucrados el mismo día fomentaría la economía judicial, honraría el espíritu del acuerdo de culpabilidad por paquete y agilizaría los asuntos que pueden ser comunes a todas las partes, tales como la conducta relevante y el papel en el delito de cada acusado”. Además, se le advierte a los ya convictos que “salvo circunstancias extraordinarias, no se concederán más prórrogas”.

Originalmente, la vista de sentencia contra la exsecretaria de Justicia -quien ascendió al poder en cumplimiento del orden de sucesión establecido por la Constitución de Puerto Rico tras la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló- estaba pautada para el 15 de octubre. Luego se cambió para diciembre y posteriormente para el ocho de enero.

Los abogados de la exprimera ejecutiva, Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata, aludieron en sus argumentos para reclamar el cambio de fecha que continuar con la sentencia, en este momento, sería prematuro y podría perjudicar de manera irreparable a su clienta. Insisten en que aún no se han resuelto asuntos clave relacionados con el caso, incluyendo controversias legales que inciden directamente en la determinación que debe tomar la jueza federal Silvia Carreño Coll.

Entre los asuntos legales que se alega no han sido resueltos destacan que el delito reconocido fue por una violación menos grave a leyes electorales, pero que la Fiscalía federal ha insistido en hacer el caso en su contra uno más grave y que la lleven a ser sentenciada a un año en prisión.

“Esto plantea una importante cuestión legal común a los tres acusados: si las acusaciones de un escrito de acusación que el gobierno decidió desestimar pueden constituir adecuadamente una conducta relevante al dictar sentencia por un delito completamente diferente del que se declararon culpables. Los acusados se declararon culpables de una violación de las normas de financiación de campañas (aceptar la promesa de una contribución extranjera), mientras que el gobierno ahora pretende que el Tribunal considere al dictar sentencia las mismas acusaciones de soborno que abandonó”, se indica.

Además, se expone que los coacusados decidieron declararse culpables el mismo día como una resolución coordinada, por lo que deberían ser sentenciados el mismo día. “En la audiencia de cambio de declaración, la defensa solicitó un informe presentencia (PSR) acelerado para resolver este asunto lo antes posible. La acusada no anticipó ser víctima de una emboscada por la decisión del gobierno de solicitar al Tribunal que la condenara basándose en las acusaciones que decidió abandonar, en lugar del delito menor por el que fue condenada. La eficiencia judicial ahora requiere alinear el calendario de la acusada con el de sus antiguos coacusados”, precisa la moción.

Añade que “la imparcialidad fundamental aconseja no proceder con la sentencia de la acusada ante el Tribunal, ya que se beneficia de los argumentos legales que presentarán todos los coacusados sobre este importante asunto.

Vázquez Garced se declaró culpable en agosto pasado de un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones. Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

La exgobernadora deberá comparecer al Tribunal Federal para ser sentenciada el 29 de enero las 10:00 a. m., en la Sala 6 del Tribunal de Hato Rey, ante la Jueza Silvia L. Carreño-Coll.