La jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito, le concedió hasta este viernes, 12 de septiembre, al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, para que le entregue un plan personalizado que sostenga la permanencia de Anthoneiska Avilés Cabrera, de 17 años, en el Complejo Correccional de Bayamón.

La menor está imputada -junto a su madre- por el asesinato a puñaladas de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

El licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales, explicó que durante la vista especial de hoy se atendió la moción radicada por la defensa de Avilés Cabrera, para que sea trasladada a la Institución Juvenil de Ponce.

“El tribunal escuchó las partes y entonces evalúa acoger una recomendación que hace (el Departamento de) Corrección (y Rehabilitación), para realizar un plan especializado para la imputada, tomando en consideración el tiempo de actividad física, su alimentación, educación y otras consideraciones; y le dio hasta el viernes a Corrección para que presentara ese plan para que el tribunal pueda tomar su determinación”, detalló Pérez Nieves a Primera Hora.

Durante una vista especial, el secretario del DCR se comprometió a delinear un plan completo de recreación, educación, salud y seguridad para la adolescente, a quien se le radicaron cargos como adulto por el delito de asesinato en primer grado.

La exfiscal y designada secretaria de Justicia, la licenciada Janet Parra, en representación del DCR, por su parte, planteó en su turno que la menor está segura y que cuenta con las ayudas a su alcance, por estar en una celda en el Centro Médico Correccional.

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Sobre otra moción atendida hoy para la solicitud de prueba exculpatoria, presentada por el licenciado Jesús R. Ramos Puca, en representación de la mamá de la menor, Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, que enfrenta cargos también por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, la jueza informó que será asignada a otra sala.

Pasaría a consideración de otro juez con la intención de que atienda la moción antes del 18 de septiembre cuando está pautada para comenzar la vista preliminar.

La licenciada Athelyn Jiménez Emmanuelli, quien representa a la menor junto a la licenciada Rocío Revelles, ambas de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), en entrevista con este medio, calificó la semana pasada como un asunto de derechos humanos su solicitud.

“Para nosotros es preocupante, para nosotros también se trata no solo de cuanta especialidad pueda tener la institución juvenil, sino que también se trata de un asunto de derechos humanos, de humanidad, con relación a esta persona. La dignidad de un ser humano es inviolable, por supuesto, y lo dice la Constitución, nuestros procesos deben tender a la rehabilitación y de nuevo estamos hablando de una persona menor de edad, demasiado joven para lo que está enfrentando y exponiéndose en tan poco tiempo”, observó la licenciada Jiménez Emmanuelli.

Además del argumento de seguridad, la licenciada resaltó que es importante que la menor reciba un tratamiento especializado para una menor de edad, ya que la institución tiene un componente social, emocional y académico que atienden personas hasta los 21 años.

“Como surge de la propia moción, ella está ubicada en un área en el Centro Médico Correccional y nos parece que un hospital para adultos no es el lugar para tenerla. Es un hospital, no es un lugar de seguridad. La institución juvenil cumple con el mandato constitucional de brindarles educación incluso a los adolescentes que están en detención preventiva y ella es una persona que de ordinario estaría cursando el cuarto año de escuela superior”, sostuvo previamente Jiménez Emmanuelli.

Detalló que, en la institución de Ponce, alberga niñas y no es solo una de detención de varones. Tiene un área que se llama Puertas, que atiende adolescentes en cumplimiento de medidas dispositivas para estabilizarlos en términos de salud mental, o sea, que es una unidad estabilizadora en la que pueden permanecer el tiempo que requiera.

Además, planteó que conoce de casos en los que se ha concedido ese traslado.

No obstante, en caso de que durante el proceso de vista preliminar no reclasifiquen el delito de asesinato en primer grado por uno menor o diferente, que le permita trasladar el expediente al Tribunal de Menores, se evaluaría si procede solicitar la separación del caso de la adolescente del de su progenitora.

De todos modos, ante ese escenario, la adolescente sería trasladada a una institución juvenil, lo que plantea que no habría inconvenientes.

La menor y su progenitora han sido blanco de amenazas y hace unos días, la tía de Anthoneiska, que también recibió textos de esa índole, fue herida con un arma punzante en su residencia en Aibonito.

Las autoridades no han vinculado el atentado con el caso.

Se separaron las fechas del 18, 25 y 30 de septiembre y el 2 de octubre, para la vista preliminar.

Transmisión de vista preliminar

Por entender que la transmisión en directo de la vista preliminar de causa probable para acusar a la menor imputada de un delito grave, podría vulnerar derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la intimidad, la igual protección de las leyes y el derecho a un juicio justo e imparcial, la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) sometió un escrito de Amicus Curiae ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Ex parte Jagual Media, LLC.

El Tribunal Supremo tiene hasta el día de hoy para responder a la moción urgente radicada por la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) que representa a Avilés Cabrera, en la que solicita la revocación de la autorización concedida a Jagual Media y a los demás medios de comunicación para la transmisión simultánea de la vista preliminar que enfrentará junto a su progenitora, por presuntamente ser contraria a derecho.

El escrito, firmado por el decano de la Escuela de Derecho, el profesor Fernando Moreno Orama; el director de la Clínica de Asistencia Legal de la PUCPR, profesor Fernando J. Pacheco Valcourt; y el profesor de derecho penal, Dr. Luis A. Zambrana González, plantea que el deber del Estado de velar por el mejor bienestar del menor y la doctrina de parens patriae requieren limitar la difusión masiva de vistas judiciales en las que están involucrados menores de edad.

“Una menor no deja de serlo por estar procesada como adulta. El ordenamiento jurídico reconoce que su dignidad, intimidad y seguridad merecen una protección especial frente al poder del Estado y la exposición mediática,” se expone en el escrito.

La Clínica de Asistencia Legal de La Católica destacó que permitir la transmisión en directo del proceso pone en riesgo de convertir la audiencia en un “espectáculo mediático” que expondría a la menor a un estigma irreversible y pondría en riesgo su seguridad física y emocional.

El documento enfatiza que no se pretende excluir al público ni a la prensa, sino únicamente evitar la transmisión masiva en vivo, como medida razonable y necesaria para proteger la vida y el bienestar de la menor.

Con esta comparecencia, la Escuela de Derecho de la PUCPR reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas menores de edad y el fortalecimiento del acceso a la justicia en Puerto Rico.