Un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra un exempleado de un restaurante en el Condado, contra el que pesaban cargos por el asesinato de dos hermanos que eran sus compañeros de trabajo, en hechos reportados el 10 de julio del 2023 en la cocina del establecimiento en el que estos laboraban.

Contra Santiago Apolinar Rondón, que para la fecha de los hechos tenía 30 años, pesaban dos cargos por asesinato en primer grado, un cargo por riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego y cuatro cargos por violaciones a la Ley de Armas. Se alega que para la fecha de los hechos, Apolinar Rondón irrumpió en la cocina del restaurante Ropa Vieja y disparó un arma de fuego, matando a los hermanos José Enrique Cotto Roldán y Jan Paul Oquendo Roldán, de 27 y 32 años respectivamente. Una fémina también habría resultado herida durante la balacera.

El incidente ocurrió a las 9:00 de la mañana de un lunes, cuando alegadamente Apolinar Rondón, que se desempeñaba como parrillero y lavaplatos en el establecimiento desde hacía solo cuatro meses, se presentó al lugar aunque no trabajaba ese día.

Al entrar por la puerta de acceso de la cocina, se encontró con varios compañeros suyos, a los que le pidió que salieran del lugar, mientras continuó caminando hasta el área de los fregaderos, donde se encontraban los hermanos, y abrió fuego contra estos.

Tras el incidente, un guardia de seguridad del establecimiento se enfrascó en un intercambio de disparos con Apolinar Rondón, pero ninguno de los dos resultó herido. Los hechos fueron captados por cámaras de seguridad del negocio.

Contra Apolinar Rondón se emitió una orden arresto con una fianza ascendente a $4 millones, la que fue diligenciada en un apartamento desocupado del residencial Manuel A. Pérez de Hato Rey, en el que el acusado se refugiaba. En ese lugar, las autoridades ocuparon la presunta arma utilizada para cometer el crimen, pero dicha incautación fue incautada por la defensa, alegando que la Policía no contaba con una orden de registro y allanamiento para incautar la misma.

La controversia provocó la dilación del proceso judicial ya que la misma fue elevada hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, foro que determinó que la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables no cobijaba al acusado debido a que se encontraba viviendo en ese apartamento de forma ilegal o sin autorización para residir allí.

Tras la determinación del jurado, la jueza Nerisvel Durán Guzmán señaló la lectura de sentencia para el próximo 13 de agosto.