Dos empleados adscritos a la oficina de Licenciamiento de la Región de Arecibo relacionados con el caso de un establecimiento clandestino para adultos mayores ubicado en Arecibo que fue cerrado por carecer de permisos, son investigados administrativamente, según lo instruyó la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig Fuertes.

La pesquisa pretende evaluar posibles incumplimientos de normas, procedimientos e instrucciones impartidas por esos dos empleados relacionadas con la atención de un establecimiento clandestino para adultos mayores.

Como parte de las acciones adoptadas, el DF dispuso la reubicación temporal de ambos empleados a funciones compatibles con sus puestos, mientras culmina la investigación administrativa.

Ayer, lunes, la agencia ordenó el cierre de Hogar Emmanuel, en el barrio Hato Arriba, en Arecibo, que operaba sin la licencia correspondiente y se procedió con la reubicación de los nueve residentes privados que permanecían en el lugar.

Esta determinación constituye una medida preventiva dirigida a proteger la integridad del proceso investigativo, salvaguardar la confianza pública y garantizar la continuidad de los servicios sin afectar el debido proceso de ley, se indicó en un comunicado de prensa.

“La investigación administrativa en curso permitirá determinar los hechos, establecer si existieron violaciones a las normas internas, reglamentos o deberes ministeriales y adoptar las acciones disciplinarias que en derecho correspondan, conforme a la evidencia recopilada y respetando el debido proceso”, sostuvo la funcionaria en declaraciones escritas.

Roig Fuertes, enfatizó que el DF no tolerará actuaciones individuales que comprometan la misión institucional ni la seguridad de las poblaciones más vulnerables.

Además, la secretaria reiteró que ya se encontraban realizando ajustes en los procesos, ordenándose la implantación de medidas preventivas adicionales, incluyendo la revisión de los protocolos de intervención y escalamiento de casos, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, la evaluación de los procesos de fiscalización y el refuerzo de los controles administrativos.

“Igualmente, debemos aclarar que las posibles actuaciones aisladas de un empleado no representan al Departamento de la Familia, no reflejan el compromiso de la inmensa mayoría de nuestros servidores públicos, quienes diariamente cumplen su deber con integridad, profesionalismo y profundo sentido de servicio. No permitiremos que esa posible conducta de unos pocos empañe la labor ejemplar que realizan cientos de empleados comprometidos con proteger a nuestras familias y, particularmente, a nuestros adultos mayores”, sentenció.

A su vez, advirtió a familiares de pacientes que a sabiendas los mantienen viviendo en estos hogares que operan de manera clandestina a que asuman su responsabilidad para proteger a los adultos mayores.

“Resulta igualmente inaceptable que familiares continúen pagando por servicios privados en establecimientos que operan fuera de la ley y permitan, por negligencia o indiferencia, que sus seres queridos permanezcan en lugares que carecen de la supervisión y las garantías mínimas que exige nuestro ordenamiento. La protección de nuestros adultos mayores es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la comunidad”,

La secretaria del DF recordó que el gobierno concedió una amnistía para que los operadores de hogares pudieran regularizar sus establecimientos y cumplir con los requisitos legales, por lo que afirmó que la permanencia de hogares clandestinos constituye una situación sumamente preocupante.

Explicó además que, por definición, un hogar clandestino es uno que opera oculto al conocimiento de las autoridades competentes, razón por la cual exhortó a la ciudadanía a presentar querellas cuando tenga conocimiento de este tipo de establecimientos.

También se comprometió a continuar reforzando el área de licenciamiento mediante la modernización de sus procesos de fiscalización, el adiestramiento continuo y el fortalecimiento de la supervisión.