Dos empleados de carrera, quienes ostentaban cargos de servicio al cliente y procesamiento de planillas en el Departamento de Hacienda, se encuentran entre las 12 personas arrestadas la mañana de este miércoles por agentes federales.

Según lo explicado por el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, los imputados, así como 14 corporaciones, presuntamente cometieron fraude electrónico y soborno con el fin de defraudar a la agencia pública por más de $3.5 millones durante cuatro años.

“Todos los acusados se enriquecieron económicamente y causaron una pérdida financiera de millones de dólares de Puerto Rico. Los crímenes de corporación pública afectan injustamente a todos los ciudadanos que cumplimos con nuestras responsabilidades de fisco”, aseguró Muldrow en conferencia de prensa.

“Para aquellos que piensan que pueden sobornar a un oficial público, a manipular sistemas de gobierno y robarles a los contribuyentes sepa que el FBI los tiene en la mira, y vamos a garantizar que cada uno de ustedes quede expuesto y enfrente las consecuencias de su codicia”, prometió el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Puerto Rico, Devin J. Kowalski.

“Lo que quiero que quede claro es esto: cada dólar robado mediante actos de corrupción es un dólar robado a los contribuyentes a quienes pagan sus impuestos como se supone y a los programas y agencias que se nutren de los recaudos de impuestos. Ese dinero nunca debió tocar los bolsillos de estos criminales”, reiteró.

El esquema

El 23 de octubre, un gran jurado federal emitió una acusación de 138 cargos contra las personas y corporaciones que conllevó a los arrestos este miércoles.

Acorde a lo detallado en el pliego acusatorio, desde 2021 hasta abril pasado los empleados de Hacienda, Javier Renta Lebrón y Harry Muriel Falero, utilizaron sus puestos como empleados del gobierno para acceder a la plataforma de Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

Con su acceso privilegiado, eliminaban deudas contributivas, creaban créditos contributivos falsos y/o sometían planillas de ingresos con gastos falsos para eliminar y, en algunos casos, reducir deudas del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), retenciones de empleados, W2 y contribuciones sobre ingresos de individuos y corporaciones.

“En algunos otros casos, individuos recibieron reintegros que no les correspondían. Esos dos empleados públicos (realizaron) esas acciones a cambio de dinero que era pagado por los acusados a través de un intermediario”, explicó Muldrow.

Los imputados se comunicaban vía aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y iMessage de Apple, con alguien, únicamente identificada por las autoridades como “persona A”, para coordinar y someter información falsa a Hacienda de unas 24 cuentas personales y corporativas mediante la alteración de registros contributivos, la creación de créditos contributivos falsos y modificación de impuestos sobre ventas e IVU adeudado.

Por su parte, Renta Lebrón reducía o eliminaba cantidades de IVU y retenciones contributivas de empleados adeudadas por establecimientos comerciales dedicados al comercio al detal. Además, reducía deudas contributivas por razón de ingresos de individuos.

De la misma manera, preparaba y radicaba planillas contributivas con información falsa sobre gastos incurridos durante los años contributivos.

Mientras, Muriel Falero generó grandes créditos contributivos, eliminaba deudas contributivas y, en ocasiones, generaba reintegros fraudulentos para beneficio de ciertas personas.

“Quiero recalcar que esa no es la norma general, la regla general, en el Departamento de Hacienda. El Departamento de Hacienda tiene sobre 1,600 empleados y, ciertamente, estamos hablando de dos actores que participaron en ese esquema. Así que, la vasta mayoría de los empleados del Departamento de Hacienda son grandes servidores públicos y actúan con gran compromiso para llevar a cabo sus oficios. Esto, ciertamente, es una situación que se desvía de esa norma general”, subrayó por su parte el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja.

A lo que se enfrentan

De los 138 cargos, el primero es por conspiración para cometer fraude electrónico. De ser hallados culpables, enfrentarían hasta 20 años en prisión.

El segundo al duodécimo cargo es por soborno y “kickbacks”, crímenes que podrían incurrir en hasta 10 años encarcelados.

Los cargos restantes, de 13 a 138, es por fraude electrónico. Podrían estar en la cárcel por hasta 20 años, de ser culpables.

Habrá más arrestos

Muldrow y Kowalski acertaron que la pesquisa, resultado de “varios años de trabajo”, según Kowalski, continua, pues afirmaron que “hay más gente involucrada en este tipo de esquemas”.

“Es una investigación que continúa en curso. Ciertamente, ha sido meses de mucha colaboración, intercambio de información para poder tener este resultado. Administrativamente, ahora con los eventos que están transcurriendo durante el día de hoy, el Departamento va a tomar las acciones administrativas que correspondan con cada uno de estos contribuyentes, ya sea en su carácter como contribuyente individual o, en el caso de corporaciones, así mismo hacerlo”, adelantó Pantoja.

“Se trata de un esquema complejo y requiere tomar tiempo necesario para poder desarrollar un caso sólido…Nuestro trabajo en el día de hoy es sobre restaurar la justicia y evitar que los ciudadanos y negocios que pagan sus impuestos no tengan que cubrir el déficit de los que decidieron convertirse en criminales. Este operativo resultó en 26 acusaciones, 12 individuos y 14 corporaciones”, dijo Kowalski.

“Exhortamos a los que están involucrados en estas actividades ilegales y a otras a no esperar a que lleguemos a entrevistarlo o a arrestarlo en su casa. Llama al FBI. Es mucho mejor ser ‘persona A’ y no acusado número 1”, alentó Muldrow.

En el operativo, denominado Operation Credit Clapback, participó el FBI, la colaboración del Departamento de Hacienda, el subjefe de fiscalía federal Héctor Ramírez Carbó, los fiscales federales auxiliares Seth Erbe y Marie Christine Amy, ambos de la Unidad de Fraude Financiero y Corrupción Pública.

De conocer de crímenes similares o ser partícipe en uno, el FBI insistió en comunicarse con sus oficinas y colaborar con las autoridades, llamando al 787-987-6500.

“Contenta” la gobernadora

La gobernadora Jenniffer González Colón expresó su satisfacción de que los federales, en colaboración con el Departamento, arrestaron a las personas, sobre todo a los imputados que trabajaban en el gobierno.

“Estoy contenta de que se hayan llegado a arrestos sobre personas que utilizaron el poder público para beneficiarse y llevar una red de corrupción. Ellos tendrán su momento de defenderse, pero a mí me parece más que claro la información que tengo por el propio secretario de Hacienda, es que las investigaciones comenzaron el año pasado por parte del FBI y, como parte de esto, tan pronto se le notificó a la agencia, la agencia colaboró con toda la información que el FBI pidió y yo creo que esto es una buena medida de saneamiento”, expresó a los medios de comunicación tras ofrecer una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones, en Miramar.

La primera ejecutiva coincidió con lo vertido por las autoridades de que esta investigación, como otras, continúa.

Adelantó que en cada pesquisa su administración continuará colaborando, pues “la corrupción no se puede permitir en ninguna de sus etapas, ni con funcionarios públicos, ni con funcionarios de carrera o empleados que están en divisiones que tienen acceso a información o que pueden ayudar a aprovecharse económicamente por el conocimiento de las funciones que realizan”.

“Yo me siento bien contenta de este ataque directo a este tipo de corrupción que, generalmente, no se ve, pero mucha gente sospecha como que hay algo raro ahí. Ellos tendrán su momento de defenderse, pero en el camino, el gobierno se limpia”, recalcó.