Exalcalde de Guaynabo sale de la prisión e insiste en su inocencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos
Ángel Pérez se encuentra en una casa media, donde se le permite salir durante el día.

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El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, ya no se encuentra en la cárcel federal de mínima seguridad FPC Montgomery, en Montgomery, Alabama, donde se le internó el 12 de febrero de 2024 para cumplir la pena de cinco años y tres meses de prisión que se le impuso tras haber sido encontrado culpable de los delitos de conspiración, soborno y extorsión.
Según el Negociado Federal de Prisiones, Pérez Otero se encuentra en una casa media, que es una institución en la que se le permite salir a realizar gestiones personales o trabajar, pero debe regresar a pernoctar en las noches.
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El expediente registra que está en la jurisdicción de Miami-Dade, que incluye las casas medias ubicadas en Puerto Rico.
En entrevista con Primera Hora, el abogado de Pérez Otero, José Olmo Rodríguez, alegó desconocer en dónde se encontraba su cliente. Sólo señaló que estaba “muy bien”.

La expresión la hizo cuando explicaba la razón por la que el pasado martes acudió ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a radicar un recurso de “certiorari” para que el más alto foro judicial revise “la sentencia y el dictamen” que se dictó en contra de su cliente por haber recibido dinero del empresario Oscar Santamaría a cambio de contratos en el ayuntamiento. Esto a pesar de que ya el exalcalde ya salió de la prisión federal y está por culminar su sentencia el 15 de septiembre de 2027.
Según explicó a Primera Hora el abogado, la insistencia de revertir el fallo que tomó un jurado en contra del también exrepresentante del Partido Nuevo Progresistas (PNP) es porque “él es inocente”.
Aceptó que las posibilidades de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida analizar el caso son de tan sólo el 1%. No obstante, argumentan la necesidad de revertir su convicción, debido a que no cometió los delitos achacados por la Fiscalía federal en Puerto Rico, que fueron conspiración, soborno y extorsión, como parte de un esquema de corrupción liderado por Santamaría.
“Es inocente. El único testigo fue Oscar Santamaría, y él dijo que le estaba dando chavos para pagar sus gastos de campaña. Y el mismo fiscal trajo los récords del comité de campaña, donde había entradas de ‘cash’ que concordaban con lo que estaba diciendo Santamaría. O sea, no es que Ángel Pérez cogió esos chavos para su bolsillo, esos chavos iban para pagar los gastos de campaña”, explicó el letrado.
Según argumentó durante el juicio contra Pérez Otero en la Isla, que se realizó en marzo de 2023, si algún delito pudo haber cometido el exalcalde, se trató de violaciones estatales al Código Electoral.
Además, señaló que la Fiscalía federal, que fue representada por los fiscales Myriam Fernández y Nichola Warren Cannon, para sostener un caso por conspiración, soborno y extorsión tenía que haber presentado “evidencia que no tenían”.
Alegó que la teoría de la Fiscalía federal, de que los pagos mensuales de $5,000 que hizo Santamaría entre finales de 2018 al 19 de agosto de 2021, eran a cambio de contratos en el municipio de Guaynabo. Explicó que el hecho de que se presentaran imágenes de Pérez Otero recibiendo pacas de dinero de parte de Santamaría fue lo que “nubló la visión” del jurado, que lo encontró culpable el 22 de marzo de 2023.

“La foto de la paquita de dinero, esa, esa foto, niebla la visión de todo los que atienden el caso, tú sabes. Pero la realidad es que aquí pasa esto todos los días. Te dan cash a las campañas y lo pones bajo cash de campaña o le pones nombres de otra gente y ese, lamentablemente, es el pan nuestro de cada día. Y eso fue lo que probó el fiscal. El fiscal probó violaciones a la ley de Puerto Rico electoral. El fiscal no probó una extorsión ni un soborno federal. Ese es todo el punto, sabes. Pero, como ven unos chavos un sobre, pues... Todos los chavos cash se dan en sobre. ¿Dónde tú los vas a meter? Y tú sabes ese patrón: ‘Dame 10 nombres y tomo aquí dos mil pesos por cada nombre y los pongo ahí. Pero los 20 mil pesos no son míos. Y yo te doy los nombres de mis perros, de mis sobrinos, de mis vecinos y tú los pones ahí en tu récord de campaña. Eso es lo que probó el fiscal. El fiscal no probó una extorsión ni un soborno”, expuso.
Olmo Rodríguez alegó que sólo fue teoría de la Fiscalía federal que el dinero era para que Santamaría pudiese mantener los contratos de su empresa de construcción Island Builders y de la empresa de recogido de basura, Waste Collection Corp. Pero, que eso nunca se probó en el juicio. Comentó que ni siquiera Santamaría testificó que existiera un pacto de dinero a cambio de mantener los contratos.
De paso, explicó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha determinado en varias ocasiones que conceder dinero para una campaña a cambio de contratos no es delito.
“El Supremo Federal decidió hace un tiempo atrás, en el caso de McCormick, que dar dinero a la campaña es de ‘American Way’, y que todo el mundo lo hace, y que tú no puedes acusar a alguien, porque dio un donativo de campaña y después le dieron un contrato. No, porque eso es el ‘American Way’. Ellos se compran ellos mismos, y eso para ellos es legal, para los americanos es legal comprar los candidatos literalmente, es lo que dijo el Supremo”, comentó el abogado.
Añadió que “el dinero es libertad de expresión, es lo que dijo el Supremo en otro caso. Pero, en general, el Supremo dijo: ‘Mira, esto es el pan de nosotros cada día. Nosotros recibimos donaciones y damos contrato a los que nos dan donaciones’. Eso no tiene nada de malo, por lo tanto, tú no puedes probar un caso solamente porque me diste una donación y yo te di un contrato, pues ya ahí hay un quid pro quo. Si tú me das una donación y yo te doy un contrato, si me quieren acusar a mí, tienen que probar que hubo un acuerdo específico que la donación era para ese contrato. Y eso, aquí no había evidencia de que había un acuerdo específico entre Santamaría y Ángel que la donación era cambio de contrato. Eso no lo había en ningún lado”.
En cuanto al aspecto legal para que el Supremo atienda el caso, Olmo Rodríguez indicó que se basan en dos argumentos que se dieron en el fallo en contra de Pérez Otero durante la revisión que hicieron los jueces del Primer Circuito de Apelaciones, en Boston.
Los argumentos que se presentan, en general, impugnan el escrito de acusación, las pruebas y las instrucciones al jurado sobre su intención, así como la respuesta del juez tras la destitución de dos miembros del jurado por no haber revelado su parcialidad.
Asimismo, el recurso judicial cuestiona si la jueza que vio el juicio, Aida Delgado Colón, debió haber interrogado a los miembros restantes del jurado después de que dos de ellos fueran apartados por no haber revelado su parcialidad en su contra.
También se hicieron señalamientos sobre la forma en que la Fiscalía federal calificó las contribuciones, las pruebas que sustentaron los cargos y la manera en que el tribunal trató al jurado.
Olmo Rodríguez explicó que el Supremo debe informar con prontitud si acoge o no el caso. Señaló que, si no lo acoge, este sería el último recurso que le quedaría a Pérez Otero para demostrar su alegada inocencia en los cargos que se le imputaron por corrupción pública.


