El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó esta madrugada a “defendant 7″, el nuevo imputado en la acusación federal contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y la exadministradora de la Administraciónde Seguros de Salud (Ases), Ángela Dávila.

“Te puedo confirmar que hubo un arresto, se trata de ‘defendant 7′ y la persona se llama Aníbal Jover (Pagés)”, confirmó la agente Limary Cruz, portavoz del FBI.

Según información preliminar, Jover Pagés es contador público autorizado y se le imputa haber pagado al subcontratista gubernamental Alberto Velázquez Piñol para que le consiguiera contrataciones con ASES.

Jover Pagés fue miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico para el 2010 y entre 2013 a 2014 presidió el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA). También en el 2009, bajo el gobierno de Luis Fortuño, tuvo contratos con agencias como el Departamento de Justicia.

En 2019, se desempeñaba como miembro de la Junta de Contabilidad del Estado Libre Asociado, que regula la práctica de los CPA en la Isla, hasta que la gobernadora Wanda Vázquez le solicitó la renuncia. En ese momento, la gobernadora también ordenó cancelar todos los contratos que tenía su empresa Intelligent Grant Solutions (IGS) con ASES y el Departamento de la Vivienda.

El lunes trascendió que un gran jurado federal enmendó el pliego acusatorio para incluir a una séptima persona, que no había sido identificada ni arrestada, y anticipaba que “cuando el ‘Acusado 7’ sea arrestado, Estados Unidos requerirá a la corte que permita la radicación de una acusación sin omisiones”, dice parte de la moción de fiscalía.

Además de Keleher, Dávila y Jover, en este caso también están acusados desde el 10 de julio de 2019, los contratistas Alberto Velázquez Piñol y Fernando Scherrer Caillet y las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza, esto relacionado a fraudes de más de $15 millones contra el Departamento de Educación y la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Julia Keleher: “Soy inocente”

La exsecretaria de Educación enfrenta una segunda acusación criminal, no relacionada a este caso, cuando en enero pasado un gran jurado federal le imputó recibir beneficios financieros con relación a un arrendamiento y compra de un apartamento en el condominio Ciudadela, en Santurce, a cambio de que esta firmara una carta que pretendía entregar 1,034 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo a una empresa privada.

La exsecretaria de Educación se ha declarado no culpable en ambas acusaciones.