Dos hombres, residentes de Manatí, fueron arrestados este martes tras haber sido acusados por un gran jurado federal por conspirar para introducir un medicamento recetado al Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo.

El anuncio del arresto de Alejandro Sáenz Concepción, de 47 años, y Alejandro Sáenz Escobar, de 28, lo emitió el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). Se informó que ambos fueron acusados el pasado 12 de noviembre por conspirar para traficar suboxone, proporcionar y poseer contrabando en prisión.

Los expedientes judiciales de ambos hombres sólo dan cuenta del arresto y que intentaban traficar el medicamento suboxone, que combina la buprenorfina, que alivia los síntomas de abstinencia y el deseo de consumir opioides, y la naloxona, que bloquea los efectos de los opioides.

Según el FBI, los manatieños estaban en posesión, con la intención de distribuir, una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de suboxone desde septiembre de 2025. Sáenz Escobar enfrenta tres cargos de conspiración para traficar suboxone, proporcionar contrabando en prisión y poseer contrabando en prisión. Mientras, Sáenz Concepción enfrenta un cargo de conspiración para traficar suboxone.

“Los presos que trafican contrabando, incluyendo drogas, a prisión y sus cómplices serán responsables ante el Departamento de Justicia. Agradecemos a los funcionarios de la Oficina de Prisiones y al FBI por su arduo trabajo y dedicación en la investigación de este caso”, indicó W. Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico en comunicado de prensa.

Mientras, Joe Rodríguez, agente especial interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, comentó que “introducir contrabando en una prisión federal constituye una grave violación de la ley y el FBI hará todo lo posible para responsabilizar a quienes cometan este delito. Seguiremos trabajando con nuestros socios de la Oficina de Prisiones para identificar y procesar a estas personas. Animamos a quienes tengan información sobre este o cualquier otro delito federal a llamar al 1-800-CALL-FBI o a dejar una pista en línea a través de tips.fbi.gov; toda pista se manejará de forma confidencial”.

De ser declarados culpables, los acusados ​​se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión.

Los fiscales federales Lucille Marqués Pacheco y Alberto López Rocafort están a cargo de la acusación.