Las autoridades federales arrestaron hoy, martes, a una docena de personas, entre ellos a un empleado del servicio postal, contra quien pesan acusaciones emitidas por un Gran Jurado federal por defraudar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) bajo el programa federal por Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) por la suma de $419,580.

El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, informó que este es el primer grupo de arrestados en esa jurisdicción por participar en esquemas para defraudar al DTRH, quienes llenaron solicitudes fraudulentas para solicitar los beneficios del PUA, alteraron los números de seguro social e incluyeron información laboral falsa.

Los acusados recibieron beneficios del desempleo por correo en forma de cheques a sabiendas de que no estaban autorizados a recibirlos, añadió.

“Diez acusaciones imputan a nueve personas el robo de propiedad, dinero del gobierno y fraude postal, los acusados participaron en una conducta engañosa diseñada para obtener de manera fraudulenta varios cheques de desempleo del Departamento del Trabajo con el uso de números de seguro social falsos”, sostuvo Muldrow.

El pliego acusatorio incluye tres cargos contra el empleado del servicio postal de los Estados Unidos, José Daniel Le Hardy Figueroa y Christoffer Pérez Vélez por fraude postal, conspiración para cometer fraude y robo de dinero del gobierno federal, quien recibió caso $30,000.

Muldrow indicó que el fraude cometido por el cartero sobrepasó los $11,000 por medio de un esquema conspiración para enviar información falsa para obtener compensación del PUA, que consiste de fondos aprobados por el gobierno federal como respuesta a la emergencia de la pandemia bajo el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act).

“Los acusados se pusieron de acuerdo para fraudulentamente solicitar beneficios por desempleo del Departamento del Trabajo diciendo que José Daniel Le Hardy Figueroa era un barbero desempleado cuando en realidad es un cartero empleado por el servicio postal de los Estados Unidos y continuaba trabajando”, reveló Muldrow.

Por su parte, el secretario del DTRH, Carlos Rivera, advirtió que continúan laborando activamente en estas investigaciones en conjunto con las agencias federales y exhortó a la ciudadanía a que colabore con las autoridades.

Según las cifras que presentó durante la rueda de prensa para mostrar la efectividad de las medidas tomadas para desalentar que se cometiera el fraude, para el 27 de agosto del 2020, cuando no se había instalado el sistema electrónico y comenzaban a despuntar los casos irregulares habían recibido unas 250 a 300 mil solicitudes de beneficios del PUA y dos días después de establecida la nueva plataforma la cantidad disminuyó a unas 100,000.

Mientras, que el secretario del Departamento de Hacienda, José Parés, aseguró que continuará laborando para el diseño de sistemas de desembolso de fondos de estas ayudas federales de una manera más sencilla para el ciudadano, pero que al mismo tiempo reduzca la posibilidad de cometer fraude.

Los acusados enfrentan 20 años de prisión por fraude al servicio postal y conspiración para cometer fraude postal, 10 años por robo de dinero del gobierno y 5 años por uso indebido del número de seguro social, multas ascendentes a $250,000 y tres años en libertad supervisada, según las guías por las que están regidos. También tienen que devolver el dinero obtenido ilegalmente, agregó Muldrow.

La pesquisa fue el resultado de un referido a la inspectora general Ivellise Torres Rivera.

“A las personas que han incurrido en este esquema y no los hemos acusado todavía, comuníquense con las agencias de ley y orden y brinden su información. Mientras más pronto hablen, menores serán las consecuencias”, expresó Muldrow.

En la rueda de prensa también participaron representantes del Servicio Postal federal y del Departamento del Trabajo federal, así como agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), de la Administración del Seguro Social y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres; entre otros funcionarios.