Por supuestamente descargar restos de animales, sangre y heces hacia un arroyo que desemboca hacia una playa en Naguabo, cuatro personas y una empresa procesadora de carne, identificada como Ganaderos Borges Inc., fueron acusados por un gran jurado por violación a la Ley Federal de Agua Limpia (Clean Water Act).

Los detenidos en medio del operativo realizado este miércoles para procesar las violaciones imputadas fueron identificados como César P. Borges Arroyo, Neftalí Borges Gómez, Erison Delgado Santos, Héctor Fulgencio Cabrera, precisó la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.

Primera Hora intentó comunicarse a la empresa Ganaderos Borges, pero nadie respondió el cuadro telefónico.

Según la información provista por los federales, Ganaderos Borges opera un matadero y una planta procesadora de carnes en Naguabo. Como parte de su operación, supuestamente emitían las descargas de contaminantes hacia las aguas.

Dichas descargas de desperdicios supuestamente ocurrieron entre agosto de 2018 y, al menos, hasta septiembre de 2025. Afectaron a la playa Tropical Beach, en Naguabo.

Se explicó en el comunicado que las operaciones de la empresa “incluyen recibir y mantener animales vivos para sacrificio, sacrificar animales (desangrado), procesarlos inicialmente y producir productos cárnicos listos para el consumidor. Según la acusación, los imputados conspiraron en beneficio de Ganaderos Borges para descargar deliberadamente un contaminante -específicamente, aguas residuales provenientes de la laguna de retención de desperdicios de la planta procesadora de carne— en aguas de Estados Unidos sin haber obtenido un permiso conforme a la Ley de Agua Limpia”.

Adam Gustafson, principal fiscal general adjunto de la División de Energía y Recursos Naturales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue el que detalló que en la acusación se alega que “esta planta procesadora de carne y, al menos, cuatro de sus empleados conspiraron para bombear restos de animales, sangre y heces hacia un arroyo que desemboca en el océano y en una playa pública. La conducta aquí alegada sacrifica la salud pública para obtener ganancias económicas, y constituye un delito. El Departamento de Justicia responsabilizará a los infractores”.

También se le señaló por emitir descargas de aguas residuales, grasa y productos desinfectantes hacia la playa.

“Los acusados ignoraron deliberadamente la prohibición absoluta de realizar descargas establecida por la Ley de Agua Limpia y enviaron conscientemente un lodo repugnante compuesto de sangre y desperdicios de animales, además de productos de limpieza, al mar Caribe, a solo millas de reservas naturales, playas y una instalación militar. Descargas ilegales como estas causan daños graves y ponen en riesgo la seguridad y la salud del agua, la vida silvestre y la salud humana”, explicó el administrador adjunto de la Oficina de Cumplimiento y Garantía de la Aplicación de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

Se alega que la investigación de las autoridades federales, realizadas entre la EPA y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), detectó que los acusados presuntamente escondían la bomba y la manguera, así como proporcionaban información falsa o engañosa a las autoridades para lograr realizar las descargas sin ser detectados.

Además, la acusación apunta a que los hechos fueron cometidos para no pagar millones de dólares en costos anuales de eliminación de desperdicios.

“Ganaderos Borges violó reiterada e intencionalmente la Ley de Agua Limpia al descargar residuos sin tratar en el mar Caribe, en Tropical Beach, en Naguabo”, sentenció el fiscal federal interino a cargo del Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó.

“Esta acusación envía el mensaje de que quienes deliberadamente socaven las leyes ambientales federales y pongan en peligro el medioambiente y las comunidades de Puerto Rico enfrentarán un proceso penal por delitos graves debido a su conducta ilegal”, añadió el fiscal.

Específicamente, a los acusados se les imputaron cuatro violaciones de la Ley de Agua Limpia, así como por conspiración. De ser hallados culpables, se exponen a una sentencia de hasta cinco años de prisión y $250,000 en multas. La multa para la empresa puede ser de $500,000 por cada cargo.