Un ciudadano de origen dominicano, identificado como Domingo Acosta, fue sentenciado a 222 meses y 14 días de prisión (poco más de 18 años) y 5 años de libertad supervisada, tras declararse culpable por su participación en una red de narcotráfico con conexiones en Colombia, República Dominicana y Puerto Rico, informó el martes la Fiscalía Federal en San Juan.

La sentencia fue emitida el pasado 15 de julio por el juez federal Francisco A. Besosa, en relación con la importación de más de 850 kilogramos de cocaína en abril de 2022.

Acosta se declaró culpable como parte de un acuerdo con la Fiscalía por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos desde Colombia, República Dominicana y otros lugares, y posesión de armas de fuego para facilitar un delito de narcotráfico.

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El cargamento fue interceptado en una embarcación que encalló en la costa de Humacao, donde las autoridades encontraron 29 fardos con 873 kilos de droga, un GPS portátil, un teléfono satelital, y documentos personales del acusado, incluyendo su identificación dominicana y tarjetas de vacunación contra el COVID-19.

Al momento que fue incautado el cargamento, su valor aproximado en el bajo mundo se estimó en $13,175,000.

El cargamento valorado en más de $13 millones entró a la isla por la costa de Humacao en una embarcación de 30 pies de eslora.
El cargamento valorado en más de $13 millones entró a la isla por la costa de Humacao en una embarcación de 30 pies de eslora. (Suministrada)

Además del cargamento de abril de 2022, Acosta estuvo vinculado a dos intentos adicionales de tráfico de drogas en octubre de 2022 y abril de 2023.

También se le confiscó un arsenal durante un allanamiento realizado el 7 de octubre de 2022 en una propiedad que utilizaba como base. Entre lo ocupado por las autoridades se encontraban dos pistolas Glock (modelos G23 y 19), cargadores y municiones de calibres .40 y 9mm, dos dispositivos GPS Garmin y un radio portátil ICOM.

Acosta ya contaba con una condena previa por delitos migratorios.

La pesquisa fue dirigida por el Programa Marítimo del HIDTA Fajardo TFGII de la DEA, con apoyo de la Iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. El caso estuvo a cargo del fiscal federal Antonio J. López Rivera, de la Unidad de Recuperación de Activos, Lavado de Dinero y Crimen Organizado Transnacional.

El caso forma parte de la operación nacional “Take Back America”, cuyo objetivo es eliminar estructuras de crimen organizado violento y proteger a las comunidades de actividades criminales transnacionales.