La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó demandas para recuperar $1 billón de bonistas cuyos bonos fueron emitidos en exceso del límite constitucional. También se radicaron demandas contra las firmas asesoras que contribuyeron a emitir esos instrumentos de inversión, se informó hoy mediante comunicado de prensa.   

La JSF radicó una demanda contra 20 bancos, bufetes de abogados y otras entidades para recobrar comisiones que devengaron cuando ayudaron en las emisiones de $9 billones en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico. Al emitir estos bonos, las entidades demandadas contribuyeron a que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) violara su deber fiduciario para con los residentes de Puerto Rico y que se enriquecieron injustamente con cientos de millones de dólares.  

En Radio Isla, el portavoz de la JSF, Edward Zayas, precisó que las demandas se están presentando hoy y es porque se superó el límite constitucional. No hay funcionarios públicos involucrados. Los periodos de los bonos son bajo las administraciones de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla.

"Son emisiones de 2012 y 2014... la constitución establece unos límites para emitir dudas... estamos tomando acción", dijo Zayas en la radioemisora.

Aseguró que en estas acciones no se verán afectados "pequeños bonistas" y agregó que "esto va dirigido a grandes bonistas". Entre los bancos demandados hay entidades como UBS.

Asimismo, el comunicado indica que la Junta de Supervisión radicó cientos de demandas contra individuos y entidades para recobrar pagos percibidos por bonos emitidos ilegalmente. La Junta de Supervisión se apresta a proceder con el proceso judicial contra los bonistas de mayor tamaño que mantienen al menos $2.5 millones de los bonos que están siendo cuestionados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.    

“Los tenedores de bonos de menor cuantía no tendrán que devolver nada de principal ni intereses percibidos por sus inversiones producto de los bonos en cuestión”, dijo David Skeel, miembro del Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión.   

Las leyes de Puerto Rico limitan la autoridad que tiene el gobierno de emitir deuda por una razón clara y simple: evitar que los financieros conduzcan el Gobierno y a sus instrumentalidades, así como a los contribuyentes y acreedores legítimos, a un nivel de deuda que no se pueda repagar sin sacrificar los servicios necesarios como la salud, seguridad y bienestar social.  

“La Junta de Supervisión no asumió la determinación de proceder a recuperar estos fondos livianamente”, dijo Skeel. “No obstante, los contribuyentes de Puerto Rico no deben llevar sobre sus hombros los pagos que hizo el gobierno a los grandes inversionistas, que nunca debieron haberse efectuado”.      

La Junta no pretende proceder legalmente con la recuperación de estos fondos hasta que el Tribunal de Distrito determine que los bonos en cuestión sean, en efecto, inválidos.