La jueza Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, no desestimará el caso judicial contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y los dos coacusados hasta tanta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no emita un indulto en que se especifique que aplica al cargo menos grave por el cual se declararon culpable el pasado mes de agosto.

La respuesta la emitió en un escrito que aparece solo en el expediente judicial de Mark Rossini, quien fue el primero que presentó ayer la notificación para aceptar el perdón presidencial y solicitó la desestimación del caso.

No obstante, la jueza expuso que su “‘Notificación de Aceptación del Indulto Presidencial’ pone la carreta delante del caballo”.

“La Notificación se basa en la suposición errónea de que el indulto emitido el 15 de enero de 2026 y notificado al Tribunal el 19 de enero de 2026” aplica al caso del delito menos grave por el cual se declaró culpable, que responde a una violación de leyes electorales. Especifica, que el indulto fue por la acusación inicial, correspondiente a corrupción gubernamental, en las que se le imputó conspiración, soborno en programas federales, fraude electrónico de servicios honestos.

La jueza explica que “el gobierno, (representado por la Fiscalía federal), explicó que ‘prevé que se concederán clemencia ejecutiva presidencial adicional (indultos)’ en relación, entre otros, con la causa en cuestión”.

“Al afirmar que ‘anticipa’ la presentación de indultos adicionales, específicamente relacionados con el caso en cuestión, el gobierno aclaró el alcance del indulto; este se limita a la conducta imputada en la Causa Penal 22-342, (que es por corrupción). No considera ni se extiende a dicho caso, (que es por una violación a leyes electorales). Por lo tanto, la conclusión del señor Rossini de que su ‘aceptación se aplica a todos los cargos derivados de los casos, malinterpreta el alcance del indulto y pasa por alto que no se ha notificado a este Tribunal un indulto que cubra el caso en cuestión. El Tribunal valora la correcta administración de justicia. En consecuencia, considera que la Notificación presentada en el Expediente núm. 27 es prematura, en la medida en que se materialicen las declaraciones del gobierno sobre futuros indultos y, por lo tanto, debe ser eliminada del expediente”, concluye la exposición de la jueza.

No hubo un pronunciamiento sobre si seguirá en pie la vista de sentencia, pautada para el próximo 29 de enero.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en verano de 2025. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Fue el pasado 15 de enero que el presidente Trump firmó los indultos a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini. Pero, se expone que son en relación al caso de corrupción pública.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. La Fiscalía federal presentó el lunes un recurso ante la corte para desestimarle el caso.

La Fiscalía federal explicó que su petición responde a que los “conspiradores más culpables han sido perdonados” y, como parte de la política del Departamento de Justicia, se debe recompensar la cooperación de Díaz y Blakeman y “evitar una situación en la que un testigo cooperador y menos culpable reciba una condena por un delito menos grave y enfrente la posibilidad de tener que cumplir tiempo de prisión”.

La jueza no se ha pronunciado todavía en torno a si desestimará el caso.