Luego de la maratónica jornada del jueves, que se extendió hasta pasadas las 9:00 de la noche, el jurado del proceso contra María Milagros “Tata” Charbonier Laureano y su esposo Orlando Montes Rivera, acusados de varios cargos de corrupción por su participación en un esquema de comisiones ilegales, comenzará en la mañana del viernes con sus deliberaciones.

En horas de la tarde del jueves, el jurado recibió las instrucciones por parte de la jueza federal Silvia Carreño Coll, que preside el proceso, y posteriormente tuvieron lugar las argumentaciones finales, de ante una sala una sala llena, que incluyó la presencia de gran cantidad de miembros de la fiscalía federal en Puerto Rico, entre ellos su director Stephen Muldrow, así como del FBI en Puerto Rico, entre ellos su director Joseph González. De igual forma, había un grupo de familiares y otras personas en respaldo de Charbonier y Montes.

La exrepresentante Charbonier está acusada de conspiración, robo, soborno y recibir comisiones ilegales relacionadas a un programa que recibe fondos federales; fraude electrónico; lavado de dinero; y obstrucción a la justicia. Montes enfrenta los mismos cargos en la modalidad de cooperador, excepto el de obstrucción a la justicia.

Luego de 10 días de presentación de una quincena de testigos, el fiscal Jonathan E. Jacobson, que compone el equipo de la fiscalía federal junto a las fiscales María L. Montañez Concepción y Kathryn E. Fifield, repasó en su argumentación final que el gobierno presentó suficiente evidencia como para demostrar, más a allá de duda razonable, que la pareja había participado del esquema ilegal que se le imputa, en el que la exrepresentante infló el salario de Frances Acevedo, recepcionista y secretaria de su oficina legislativa, hasta convertirlo en uno de las más altos de la Cámara de Representantes, para que en cada cobro bisemanal la empleada sacara unos $1,500 de su salario para entregárselos a ella.

Jacobson repasó cada uno de los cargos que enfrentan Charbonier y Montes, contrastándolos con la evidencia y testimonios presentados, para reiterar que la exlegisladora, en conjunto con su esposo, violó por más de tres años el juramento que había hecho de respetar y defender las leyes de Puerto Rico, apropiándose de más de $100,000 que eran dinero del pueblo de Puerto Rico, a través del salario inflado de Acevedo.

“Ellos sabían que todo eso era ilegal. ¿Por qué otra razón creen ustedes que hacían que Frances Acevedo le entregar paquetes de dinero en efectivo? ¿Por qué otra razón creen que usaban a su propio hijo como intermediario para mover el dinero? Porque sabían que era un esquema ilegal y querían ocultarlo”, manifestó el fiscal mientras justificaba los cargos.

Jacobson le recordó al jurado que, en el caso de Montes, para hallarlo culpable no es necesario que conociese o participase de todos los aspectos y participantes del esquema para probar que era parte de la conspiración, sino bastaba con que participara de algunos elementos del esquema.

El abogado Francisco Rebello, defensor de Charbonier, tras agradecer al jurado por su labor y repasar la importancia de la labor que están haciendo, les invitó a ver cómo las piezas del rompecabezas del caso encajaban, y demostraban que Charbonier “no es culpable de lo que se le imputa, y por mucho”.

El abogado presentó una teoría alterna a la de la fiscalía, en la que la responsabilidad del desfalco recaía en Jonathan Alemán, un exdirector de la oficina legislativa de Charbonier que era amante de Acevedo y estaba colaborando con el FBI, y que fue quien hizo la alegación inicial que desató la investigación contra Charbonier.

Para sustentar su argumento presentó registros bancarios que muestran transferencias a la cuenta de Alemán por $1,500, la misma cifra que el gobierno alega Acevedo le entregaba a Charbonier como comisión ilegal. Calculó una serie de montos de retiros y transferencias por ATH Móvil que corresponderían al esquema de comisiones ilegales, según una tabla presentada por la fiscalía, para llegar a una suma de $68,435 y la comparó con un documento bancario en el que Alemán completa la cancelación de un hipoteca, con un pago de $68,454.

Rebollo cuestionó de una persona de apenas 38 años que trabaja para el gobierno podía conseguir tal cantidad de dinero, y aseguró que Alemán tenía mucho que aclarar.

“Todos lo esperaban aquí para que testificara, para que respondiera mis preguntas. ¿Si Alemán tiene algo que aclarar, por qué no me dejaron confrontarlo?”, cuestionó el abogado. “Porque no había otra explicación que no fuera la que les estoy mostrando”.

El abogado mencionó además que el gobierno había dejado fuera de su investigación el hecho de que Charbonier recibía dinero del Seguro Social de una tía que cuida, cuyo hijo se lo enviaba con regularidad desde Tampa, por cantidades cercanas a los $1,500. Sostuvo que no fue hasta que se enteraron, por los documentos de la defensa, que enviaron a una agente a corroborar ese asunto.

Rebollo le insistió reiteradamente al jurado que “a la defensa no le corresponde probar nada, el peso de la prueba le corresponde a la fiscalía. Y tiene que probarlo más allá de duda razonable”.

Cerró sus argumentos cuestionando que el gobierno ha intentado hacer ver que la razón por la que María Charbonier hacía esto es porque tenía cientos de miles en deudas, pero la exrepresentante, tal como reflejan documentos de sus informes de ética, tenía un acuerdo de pago con el IRS que le permitía pagar $200 al mes “por el tiempo que fuera”, y otro acuerdo de pago con el Departamento de Educación federal por $147 al mes.

“La evidencia presentada por el gobierno no hace sentido. Las cantidades no cuadran”, insistió Rebollo, indicando que situaciones como esas son las que “hacen que gente inocente termine en la cárcel”.

Anita Hill, abogada de Montes, insistió en sus argumentos finales en que, aunque el gobierno intentaba hacer “un dos por uno” para que, si caía Charbonier, arrastrara con ella Montes, no se había presentado evidencia alguna que demostrara que su cliente tuviese conocimiento ni intención para cometer los delitos que le imputan.

Explicó al jurado, que, aunque con la mayoría de los testigos no se paró a hacer preguntas, “no es que no quisiera hacerlas, porque ese es mi trabajo, pero es que ni siquiera lo mencionaban (a Montes), así que no tenía nada que preguntar”.

Cuestionó que, de las cientos de grabaciones que había conseguido el gobierno interceptando teléfonos, no presentaron ni siquiera una en la que Montes hable del esquema ilegal, o en la que otras personas mencionen la participación de Montes en dicho esquema. Agregó que ninguno de los testigos presentados por la fiscalía contribuyó en nada a probar que Montes tuviera conocimiento e intención de cometer los delitos que le imputan.

La fiscal Montañez hizo un turno de refutación en el que llamó al jurado a estudiar la evidencia que se les ha presentado y no creer en los argumentos de la defensa que carecían de pruebas que los sustentaran.

“No se dejen confundir. Les hemos presentado toda la evidencia que prueba el esquema. Un esquema que lideraba María Charbonier, que era la jefa. Y Orlando Montes actuaba junto a ella. Era una familia cometiendo crímenes”, insistió la fiscal.

Más temprano, antes de comenzar la extensa jornada de la tarde, “Tata” Charbonier y su esposo se mostraron relativamente calmados.

Charbonier, a su llegada al tribunal, como ha sido su hábito durante el juicio, evitó hablar con la prensa y se limitó a expresar que se sentía tranquila. Poco después, mientras esperaba en el salón que da acceso a la sala donde se está viendo el caso la exrepresentante se veía serena y por momentos incluso sonriente mientras conversaba con parte del equipo de su defensa y con familiares que acudieron a respaldarla. Por momentos, su rostro también reflejaba algo de preocupación y tensión, como podría esperarse de cualquier persona a la espera de ser juzgada en un proceso como el que está encarando la pareja.

Charbonier lució en particular alegre cuando llegó su hijo Orlando Gabriel “Gaby” Montes Charbonier, a quien saludó con un caluroso abrazo. De igual manera, saludó sonriente y con evidente cariño a una señora que llegó al tribunal y fue directo a donde estaba sentada la exlegisladora.

De manera similar, Montes recibió con un cariñoso abrazo a su hijo, quien llegó acompañado de un primo, también joven como él.

El joven Montes Charbonier figuraba como coacusado en el pliego original del caso, pero se acogió a un programa de desvío en el que acepta un grado de responsabilidad en los hechos y deberá cumplir ciertos criterios que le impondrá el tribunal.

La otra persona coacusada en el caso, Frances Acevedo, se declaró culpable el pasado 7 de noviembre de soborno relacionado a un programa que recibe fondos federales.

De hecho, llamadas interceptadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en las que Acevedo menciona repetidamente el presunto esquema ilegal, fueron parte importante de la evidencia presentada por la fiscalía federal.

La fiscalía cerró su desfile de testigos con el testimonio de un agente federal que en gran parte se centró en fragmentos de una extensa llamada de Acevedo a Jonathan Alemán, el día siguiente de su entrevista con el FBI en julio de 2020, en la que, llorosa y evidentemente nerviosa y preocupada, se le escucha hablar del esquema de corrupción que mantenía con Charbonier y de personas que estaban involucradas en el mismo. Asimismo, le explica a su amante que mientras ocurría la entrevista con el FBI, en un momento se fue a otra habitación y, usando el teléfono de la amiga con la que compartía su casa, logró contactar a Charbonier a través del teléfono de su esposo, y que la exlegisladora le dio instrucciones sobre cómo responder a los agentes federales.

La pareja ha estado escuchando el proceso, que al ser en el tribunal federal se lleva a cabo en inglés, asistida por la interpretación al español de profesionales que hacen esa labor para el tribunal federal.

Por otro lado, cabe señalar que el jurado, conformado por nueve mujeres y tres hombres, así como otras dos mujeres y dos hombres como suplentes, en general se han mostrado muy atentos al proceso, a menudo tomando notas constantes durante los testimonios de los testigos.

Los testigos del caso fueron todos de la parte de la fiscalía, a excepción de una agente del FBI que llamó la defensa, y que ofreció un breve testimonio vía conexión digital.

Los 15 testigos que la fiscalía presentó durante 10 días de juicio, incluyeron empleados y funcionarios de la Legislatura, el secretario de Hacienda (Francisco Parés), un directivo de la Oficina de Ética Gubernamental, un oficial de Banco Popular y un empleado de First Bank, así como varios agentes del FBI y otras agencias federales, que tuvieron participación en la investigación.