El superintendente de la Policía, Joseph González, ordenó este martes eliminar las escoltas de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, tras una solicitud de la gobernadora Jenniffer González, respaldada por una opinión legal del Departamento de Justicia que avala la autoridad del Ejecutivo y la discreción del jefe de la Uniformada en este caso.

Se explicó que este asunto implicó un análisis legal y constitucional, con interpretaciones distintas basadas en el caso Hernández Colón y Romero Barceló vs. Policía de Puerto Rico, 177 D.P.R. 121 (2009), en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que los exgobernadores tenían un derecho adquirido a recibir escoltas, así como en la definición de exgobernador establecida en la Ley 2 de 26 de marzo de 1965.

Esa ley, en su sección 24, establece que para ser considerado exgobernador, la persona debe cumplir con criterios como haber sido electa por el voto popular y haber ocupado el cargo por un término no menor de cuatro años, entre otros.

Vázquez Garced, al no haber sido electa por el pueblo ni haber ocupado la posición de gobernador por cuatro años, no cumple con esta definición, se indicó.

La controversia comenzó cuando Vázquez Garced fue acusada de corrupción pública en 2022. En agosto de 2025 se declaró culpable, pero el caso fue desestimado el 27 de enero por la jueza federal Silvia Carreño, luego de que la exgobernadora recibiera el perdón presidencial de Donald Trump.

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“Desde que Wanda Vázquez fue acusada por actos de corrupción por el gobierno federal, el pueblo de Puerto Rico ha cuestionado la necesidad y la legalidad de que reciba servicios de escoltas. Ese cuestionamiento se convirtió en reclamo de que se les eliminaran las escoltas, inmediatamente trascendió que la licenciada había aceptado declararse culpable”, manifestó el superintendente en declaraciones escritas.

“Como superintendente, pero sobre todo como ciudadano, yo también me expresé en oposición a que continuara teniendo escoltas. Así lo expresé en un sinnúmero de ocasiones, incluso, haciendo una excepción a mi regla autoimpuesta de no emitir opiniones, pues reconozco que esto también me indignaba”, aseguró.

Sobre el análisis jurídico previo, en el que se interpretó que Vázquez Garced tenía derecho a escolta, el superintendente de la Policía comentó que no estaba “satisfecho”.

“Como persona de ley y orden, solicité el análisis legal correspondiente para que esta decisión se sostuviera en derecho. Sin embargo, la interpretación de nuestra división legal sobre las leyes, reglamentos y disposiciones constitucionales aplicables fue que, como exgobernadora, la licenciada Wanda Vázquez tenía un derecho adquirido que no se podría revocar. Obviamente, respeté esa interpretación, pero no quedé satisfecho, como tampoco quedó satisfecha la gobernadora Jenniffer González, quien le solicitó una opinión al Departamento de Justicia, que es, en última instancia, el representante legal del pueblo”, afirmó González.

“Ante las conclusiones del Departamento de Justicia de que no hay un impedimento legal ni constitucional para eliminar las escoltas a Wanda Vázquez, la gobernadora ha emitido una directriz para que procedamos con dicha eliminación inmediatamente”, indicó el superintendente.

Además, el superintendente señaló que existe la Orden General 110 del 25 de enero de 2019, emitida por el entonces Negociado de la Policía de Puerto Rico bajo la Oficina de Seguridad y Protección, que otorgaba al comisionado poder discrecional para asignar escoltas a funcionarios y exfuncionarios.

“Desde el primer día informé que el análisis legal sobre este asunto se estaba haciendo en equipo. Tanto la gobernadora como yo insistimos en la necesidad de que las decisiones que procedieran con relación a las escoltas de Wanda Vázquez estuvieran respaldadas por las interpretaciones correctas de las leyes, reglamentos y disposiciones constitucionales aplicables. Por tanto, con la opinión legal del Departamento de Justicia, el respaldo de la gobernadora Jenniffer González y con las facultades que la Ley 83 de 2025 nos ha consolidado, revocamos hoy el servicio de escoltas a la licenciada Wanda Vázquez Garced”, sostuvo el superintendente.

Actualmente, solo los exgobernadores Luis Fortuño (2009-2013), Alejandro García Padilla (2013-2017) y Pedro Pierluisi (2021-2025) cuentan con escoltas.

¿Qué cambió?

La orden de retirar las escoltas a menos de 24 horas de que el Tribunal Supremo desaforara a la exgobernadora, ocurre seis meses luego de que el propio superintendente informara que, tras realizar el análisis legal, la ley no contenía ninguna disposición que permitiera retirarle el privilegio a Vázquez Garced.

En septiembre de 2025, González Falcón informó que “según el marco jurídico vigente, la escolta de los exgobernadores de Puerto Rico es un derecho adquirido, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso Hernández Colón”.

“La legislación actual no establece disposición alguna que contemple la pérdida de dicho derecho por una convicción en el foro federal ni estatal. La única manera de retirar este beneficio sería mediante la aprobación de una ley expresa que así lo disponga, aplicable únicamente de forma prospectiva”, leyó el jefe de la Uniformada durante un encuentro con la prensa.

“En consecuencia, aun cuando la exgobernadora Wanda Vázquez se declaró culpable en el tribunal federal, la Policía de Puerto Rico no puede, bajo la normativa vigente, eliminarle la escolta, salvo que exista una legislación nueva que expresamente contemple esa limitación o que ella renuncie a dicho beneficio. Por tanto, se debe mantener la escolta conforme a lo dispuesto en la Ley 83 2025 y la jurisprudencia aplicable, hasta tanto la Asamblea Legislativa disponga lo contrario mediante una enmienda legal expresa y prospectiva”, continuó citando la opinión legal.

A preguntas de la prensa, sobre si esa determinación significaba que la escolta de la exgobernadora no se podía siquiera alterar, González aclaró que las escoltas a exgobernadores en general estaban bajo evaluación para determinar que su tamaño y tiempo sean “lo necesario para hacer el trabajo”.

González agregó que había comunicado la decisión legal sobre las escoltas a la gobernadora y al equipo de La Fortaleza.