El juez superior David G. Calderón Cordero, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, declaró ha lugar la solicitud del Ministerio Público para que una joven de 17 años que denunció ser víctima de maltrato y restricción de libertad por su familia de 5 integrantes, preste su testimonio mediante Circuito Cerrado, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Calderón Cordero estableció que este “caso reúne los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico para que la menor preste su testimonio mediante Sistema Televisivo de Circuito Cerrado. En particular, concluimos que los indicadores psicológicos que resultaron de las pruebas impartidas por la Dra. Judith Mercado Colón ponen a la menor en un estado de vulnerabilidad emocional general que sería probablemente exacerbado por testificar en presencia física de las imputadas. En consecuencia, determinamos que el uso del Sistema Televisivo de Circuito Cerrado no solo aportaría a proteger el bienestar y la salud física de la menor, sino a promover que pueda comunicarse efectivamente”.

En su determinación el juez destacó que, en consecuencia, a la luz de la totalidad de la prueba presentada con el testimonio y el informe de la Dra. Mercado Colón y lo observado y contestado por la menor en el interrogatorio, “el Tribunal entiende que existe la probabilidad de que la menor sufra un disturbio emocional serio que le impida comunicarse efectivamente de tener que testificar frente a las imputadas, (caso) que se está viendo en conjunto con el imputado en este caso”.

El juez añadió que a pesar de los argumentos de la defensa que los sentimientos de miedo o nerviosismo manifestados por la menor no constituyen prueba suficiente para establecer la probabilidad de que sufra un disturbio emocional serio, del testimonio pericial de la Dra. Mercado Colón surge que” la menor presenta una sintomatología que la coloca en un estado de vulnerabilidad emocional que trasciende el mero nerviosismo asociado a la comparecencia en un tribunal.

El fiscal de distrito de Bayamón, Gabriel Redondo, se manifestó satisfecho con la determinación, la que dijo “representa un paso importante para garantizar que la víctima pueda ser escuchada por el Tribunal en condiciones que protejan su bienestar emocional. Para el Ministerio Público, salvaguardar la integridad de las víctimas mientras procuramos que se haga justicia es un principio esencial de nuestro sistema”.

El caso se remonta al 29 de enero, cuando trascendió que la Policía allanó la residencia de la menor en la urbanización Colinas de Toa Alta, luego que escapara de la vivienda y llegara hasta un centro comercial donde pidió ayuda. La menor alegó que la mantenían encerrada en un cuarto de la residencia bajo llave, que a veces pasaba días sin que la alimentaran y que incluso la obligaban a hacer sus necesidades en un valde.

De inmediato, las autoridades comenzaron a investigar los hechos y detuvieron a los miembros del núcleo familiar de la joven. El 30 de enero, la Fiscalía de Bayamón radicó cargos contra el padre biológico de la víctima, Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años; la madrastra Suhely Rivera Guzmán, de 49 años; y las hermanastras de la víctima, identificadas como Richeily M. Carmona Rivera, de 30 años, Sheilyann Carmona Rivera, de 27 años, y Roselyn Carmona Rivera, de 24 años.

por delitos de maltrato de menores y restricción de libertad. En total se radicaron 15 cargos, por los que un juez del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto.