El caso que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) le radicó hoy a la representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana; su madre Rita Molinelli Freytes y la corporación familiar Ocean Front Villas por alegada evasión contributiva quedó paralizado, sin que se comenzara a pasar la prueba.

La defensa pidió la inhibición de la jueza Iraida Rodríguez Castro, de la Sala de Investigaciones de San Juan, quien atendía la vista inicial (Regla 6), al reclamar que tuvo contacto previo con la prueba, pues el pasado 25 de febrero a solicitud de los fiscales del OPFEI expidió una orden de registro de allananamiento de las cuentas bancarias de la parte imputada.

“Es evidente que, inadvertidamente, el tribunal ha tenido contacto con la prueba”, argumentó el abogado José Andreu Fuentes, quien representa a Nogales Molinelli. Andreu Fuentes dijo que la defensa advino en conocimiento de la orden de allanamiento de la jueza, hoy ya iniciada la vista, una vez los fiscales les entregaron las declaraciones juradas que acompañaron como parte de la prueba en el caso.

“Se puede ver cuán podrido está este caso desde el principio. Por lo tanto es bien importante tener una Rama Judicial que sea totalmente imparcial, que la decisión que sea tomada, la gente tenga confianza en el resultado, no que hayan manchas finales en ese resultado y la juez había atenido este caso anteriormente”, sostuvo Andreu Fuentes, quien integra la defensa junto a Frank Torres Viada y Ricardo Prieto.

Torres Viada reclamó, que las planillas fueron obtenidas de forma ilegal, sin orden judicial y sin informarle al contribuyente imputado. “Esa orden tiene detalladas las planillas desde el año 2011 hasta el 2021 estableciendo los ingresos y usted tuvo ante sí, el resumen y contenido de esas plantillas. Aunque no las haya tenido como tal, pasó juicio sobre lo que dijo el testigo de que había causa probable para creer que se había cometido un delito de evasión contributiva”, sostuvo Torres Viada.

El fiscal Ramón Mendoza ripostó que la solicitud de inhibición es una estrategia para dilatar el caso. “Ningún revés (para el OPFEI). El caso ha comenzado, se ha alcanzado esta etapa y nosotros vamos a continuar batallando”, dijo Mendoza.

Sobre las planillas, indicó que obtuvieron “órdenes de registro de allanamiento de distintos jueces para toda esa evidencia” y agregó que “demuestran que se sometieron sin presentar los ingresos que realmente recibieron”.

Otro de los fiscales, Miguel Colón indicó que “hay una ley federal que dispone que si le justifica al juez que no se le debe notificar (al contribuyente) porque hay una investigación confidencial en curso, eso lo evalúa el juez y no lo hace ilegal”.

La jueza, aunque inicialmente dijo que no tenía que inhibirse, que no había tenido contacto con las planillas de ninguno de los imputados, después de consultar con la jueza administradora del Tribunal de San Juan, le concedió cinco días a la defensa para presentar por escrito la solicitud de inhibición y los fiscales tienen igual término para replicar. El término vence el miércoles próximo.

“Queda paralizada la vista”, dijo la jueza y luego le devolvió a los fiscales y a la defensa la evidencia documental que habían sometido como parte del caso. Solo se quedó con las 51 denuncias presentadas contra los imputados.

“Seguimos aquí trabajando junto a los abogados pendiente al proceso”, dijo la representante Nogales Molinelli a su salida del tribunal. En horas de la mañana, indicó que el caso “es una patraña”.

El OPFEI le imputa Nogales Molinelli y a su progenitora someter planillas “falsas y fraudulentas” por un período de cinco años. A la legisladora le imputan uno total de 24 cargos, a Molinelli Freytes 17 cargos y otros 10 fueron radicados contra la corporación Ocean Front Villas. Son un total de 51 denuncias.

El fiscal Mendoza radicó el caso junto con los también fiscales especiales, Miguel Colón, Zulma Fuster y Leticia Pabón.

“Estas personas declararon un ingreso mucho menor del que realmente recibieron en los años de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021″, dijo el fiscal Mendoza a periodistas.

“No puedo dar detalles acerca de la prueba. El Código de Rentas Internas es suficientemente claro sobre cuál es la obligación de un contribuyente individuo y de una corporación. Estamos alegando que hay violaciones al Código de Rentas Internas, al Código Penal y a la Ley de Corporaciones”, agregó Mendoza.

Al ser preguntado a cuánto ascienden las alegadas violaciones, el fiscal Colón dijo que “son millones de dólares”. El licenciado también indicó que la prueba es “sólida” y que el pueblo de Puerto Rico la conocerá.

“Esto es una patraña y una falsedad”, reclamó por su parte la representante Nogales Molinelli, quien salió de la sala judicial junto a su madre, quien expresó: “ahí no hay nada, van a ver que es un invento”.

La jueza comenzó la vista poco después de las 11.00 de la mañana y reabrió sala cerca de las 4:00 de la tarde.

Los fiscales sometieron una cantidad voluminosa de documentos que dividieron en tres índices: prueba documental, documentos jurisdiccionales y cinco declaraciones juradas, tres de las cuales fueron tomadas la semana pasada.

Anunciaron también dos testigos: Jossiam Serrano Dávila, del Departamento de Hacienda y a Héctor Blaudell, quien declararía informes financieros y los informes de solvencia de candidatos de 2022 y 2023, que la representante Nogales Molinelli radicó ante la Oficina de Ética Gubernamental. Entre los documentos sometidos, figuran copia de 15 planillas, cinco de Nogales Molinelli, cinco de Molinelli Freytes y cinco de la corporación.

Según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, Nogales Molinelli incorporó la corporación Ocean Front Villas el 10 de noviembre de 2004. Molinelli Freytes es la presidenta, secretaria y tesorera de la entidad.

Más temprano

A su llegada al tribunal esta mañana, la representante Nogales Molinelli afirmó que está lista para encarar las denuncias. Nogales Molinelli llegó por la entrada que ubica en la avenida Luis Muñoz Rivera y fue recibida por un pequeño grupo de manifestantes con pancartas en su apoyo. “Tranquila Mariana, el pueblo está contigo”, expresaban los manifestantes. La representante les reciprocó: “Les agradezco inmensamente”.

“Siempre vamos a estar con ustedes en el lugar que sea porque la lucha es una y no es Mariana, somos todas y todos”, agregó la representante.

El geomorfólogo José Molinelli Freytes, tío de la legisladora, también se dio cita al tribunal. Acusó al gobierno de radicar un caso a su familia y la emprendió contra el senador Thomas Rivera Schatz, uno de los querellantes.

“Tengo que estar aquí para mostrar mi indignidad profunda de cómo un partido político se ha apoderado de un gobierno y su Departamento de Justicia para usarlo contra sus oponentes políticos. La verdad nos acompaña y la luz de la justicia es más poderosa que la mentira de todo un gobierno”, reclamó el geomorfólogo.

La resolución aprobada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) para dar paso a la investigación contra Nogales Molinelli estipula que el proceso criminal contra la legisladora se realizó por dejar “de incluir información relevante y sustancial sobre sus propiedades, (así como) participaciones, nombramientos o cargos, tanto en corporaciones privadas como en puestos gubernamentales” de su informe financiero radicado ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en el 2020.

“La información que allí se ofrece se presenta bajo pena de perjurio. Por consiguiente, el omitir información podría conllevar serias repercusiones legales”, dice la resolución del PFEI.

Tracto del caso

Según el tracto del caso, la pesquisa contra Nogales Molinelli inició a raíz de que el Departamento de Justicia recibiera tres querellas por parte de los senadores Rivera Schatz y Gregorio Matías, así como del director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, para finales del 2021.

El punto de mayor de la controversia está relacionado a la entidad Ocean Front Villas Corporation, la cual posee varias propiedades en alquiler en Palmas del Mar, Humacao, y el rol de la legisladora en la corporación.

La resolución alude a que “del informe de investigación preliminar, entre otras cosas, como ya dijimos, surge que la representante Nogales Molinelli es dueña de varias propiedades en Palmas del Mar y ostentaba posiciones, tales como, tesorera y presidenta de Ocean Front Villas, Corporation, la cual es una corporación con fines de lucro dedicada al alquiler de villas y apartamentos. Además, era la agente residente de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte”.

En la investigación que realizó la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia, se determinó que la representante habría cometido perjurio, según tipificado en el artículo 269 del Código Penal, al omitir en un informe financiero que presentó ante la OEG que ocupaba puestos en estas corporaciones, según consta del referido que hizo al OPFEI en marzo del 2022.

Además, se alegó Nogales Molinelli habría infringido las disposiciones del artículo 20 de la Ley 272-2003, según enmendada, al dejar de cumplir con su obligación de remitir a la Compañía de Turismo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación del inmueble de su propiedad, que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo.

La resolución también alude a “ciertas irregularidades” en la información que dio la legisladora sobre sus propiedades ante el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

También ha trascendido que la querella presentada por el director de la OEG alega que la legisladora presuntamente alteró el informe financiero presentado sin la autorización de dicha oficina y sin utilizar la plataforma electrónica reservada para estos fines.

Nogales Molinelli reconoció el 15 de septiembre de 2021 que en el informe financiero presentado por el año 2020 omitió incluir sus puestos en diversas corporaciones con y sin fines de lucro, y anunció que renunciaba a todas las posiciones. Reclamó, además, que no devengaba remuneración en la organización sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria ni en las organizaciones Greater Caribbean For Life y en la Coalición en Contra de la Pena Muerte, y que tampoco generaba ingresos de la corporación Ocean Front Villas, que incorporó en 2004 y que era dirigida por su madre.

La propia legisladora pidió al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, que refiriera el caso a la Comisión de Ética. Tras una investigación, la comisión legislativa determinó el 23 de febrero de 2022 que no existía base para imponer sanciones disciplinarias contra Nogales Molinelli, le impuso una reprimenda pública y una multa de $2 mil, que la legisladora pagó.