El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) coincidió con el Departamento de Justicia en torno a que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, no debe ser investigada y procesada de manera criminal por perjurio.

La decisión se informó este viernes en un comunicado de prensa en que el se plantea que la prueba analizada contra la funcionaria, involucrada en una controversia por la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales mientras laboraba en el Departamento de Salud durante el pasado cuatrienio, apunta a que “no se configuró el perjurio”.

Fue el pasado 21 de mayo que Justicia remitió su recomendación al PFEI de no investigar a Roig Fuertes. Lo hizo a raíz de una querella presentada por el portavoz de la delegación popular del Senado, Luis Javier Hernández Ortiz.

En comunicado de prensa, el PFEI explicó que el senador “refirió a Roig Fuertes por la alegada comisión del delito de perjurio durante el proceso de consejo y consentimiento ante el Senado, relacionado con su designación al cargo, al considerar que mintió contestando en forma negativa ciertas preguntas contenidas en un formulario sobre el historial personal de los nominados”.

Se explicó que los exjueces que constituyen el PFEI “establecieron que el hecho de que una situación pudiera haber generado controversia publica o legislativa, no transforma automáticamente una respuesta en perjurio, ya que el ordenamiento vigente requiere prueba de falsedad material y, particularmente, del estado mental respecto a la intención exigida por el tipo penal”.

Roig Fuertes están en medio de una controversia tras alegaciones de que intervino en la otorgación de un contrato a cambio de favorecer a un allegado, mientras ejercía como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual, en el Departamento de Salud.

La información fue revelada por el exsecretario de Salud Carlos Mellado, quien sostuvo que Roig hizo gestiones relacionadas con un contrato que pagaba $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente, condicionado el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC fuera la encargada de ofrecer los servicios de cuido y seguridad.