Ponce. Con los testimonios del exgobernador Rafael Hernández Colón y la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, se inició hoy, jueves, en esta ciudad la discusión de la Reforma de la Policía en la Región Sur, en una vista del Tribunal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico.

El juez Gustavo Gelpí preside los trabajos que se conducen en español por primera vez en 115 años, como una forma de involucrar mejor a las comunidades, según indicó como preámbulo a la vista, durante la única parte que se pronunció en inglés.

Gelpí fue enfático en que el proceso de reforma policiaca, producto de un acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico firmado en 2013, no es adversativo, sino que se trata de asegurar que el país alcance una transformación real de su cuerpo de seguridad en términos de respeto de los derechos de los ciudadanos.

“Estas vistas se hacen en un espíritu de colaboración en todos los niveles para obtener información que nos permita asistir en el proceso de alcanzar la reforma”, señaló Gelpí, al tiempo que solicitó a todos los deponentes que se sintieran en libertad de expresar sus preocupaciones y experiencias y que presentaran sus críticas de manera constructiva. 

El primero en deponer fue el exgobernador Rafael Hernández Colón, a quien Gelpí le preguntó sobre su relación con la Policía durante los tres cuatrienios en los que dirigió el país, de 1973 a 1977, y de 1985 a 1993.

El político respondió que desde que fue Secretario de Justicia, antes de asumir la gobernación, mantuvo una relación íntima con la Policía que continuó durante su primer término. Dijo, sin embargo, que al regresar al cargo en 1985, una época que llamó “post Cerro Maravilla”, notó la alta politización que se había apoderado del cuerpo policiaco. En esas condiciones, nombrar como superintendente a alguien del interior de la Policía era un problema para trabajar con ambas facciones (los favorecedores del Partido Nuevo Progresista y los del Partido Popular Democrático), por lo que los gobernantes optaban por nombrar a un civil, observó Hernández Colón.

“Yo aspiraría a que resultara de este proceso de reforma que el superintendente pueda ser un miembro de la Policía porque son los que más conocen el cuerpo”, subrayó el también expresidente del gubernamental Partido Popular Democrático.

Además, estuvo de acuerdo con Gelpí en que una legislación local para prohibir que los policías participen de eventos de recaudación de fondos para candidatos o de otras actividades de carácter político partidista podría hacer frente al problema.

En segundo lugar, habló la alcaldesa ponceña, quien hizo una descripción de las medidas que ha tomado su administración para la profesionalización de su Policía Municipal. 

Aunque los cuerpos de policías de los municipios no están contenidos en el acuerdo federal, Meléndez Altieri sugirió que se establezcan oficiales de enlace con la principal agencia de seguridad estatal “por medio de los cuales se pueda canalizar hacia los municipios información sobre los procesos de reforma de la Policía y así puedan ser implementados de forma paralela en el cuerpo policiaco municipal”.

En la tarde testificarían la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal; los profesores de la Pontificia Universidad Católica de Ponce Fernando Torres Ramírez y Octavio J. Capó; el comandante de área Ponce, el coronel Héctor Agosto Rodríguez, y la coronel Clementina Vega, a cargo de la unidad de la Reforma de la Policía.

Durante el proceso, están presentes el secretario de Justicia, César Miranda; el superintendente de la Policía, José Caldero, y la representante del gobernador Maritere Rivera Corujo, así como el asesor técnico de cumplimiento (TCA, por sus siglas en inglés), Arnaldo Claudio, principal funcionario a cargo de encaminar la iniciativa reformista.

Una investigación federal que culminó en 2011 reflejó el uso de la fuerza excesiva por parte de los agentes de la Policía de Puerto Rico. La indagación iniciada en 2008 documentó también el uso de fuerza irrazonable y conducta impropia de agentes estatales para suprimir el ejercicio de la libertad de expresión y la realización de registros y allanamientos irrazonables. 

Los hallazgos demostraron la necesidad de reformar la agencia y un acuerdo a esos fines fue firmado el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y por el entonces fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder.

Gelpí anticipó que otras audiencias se realizarán en otras regiones policiacas de la Isla para permitir una mayor participación de ciudadanos que quizás no podrían llegar a San Juan.